Fuego postergado

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Las incautaciones de armas de fuego por parte de las autoridades sacan de circulación armas que generalmente los delincuentes adquieren en el mercado negro. La veda, según los comerciantes de armas, refuerza el mercado ilegal. Las incautaciones de armas de fuego por parte de las autoridades sacan de circulación armas que generalmente los delincuentes adquieren en el mercado negro. La veda, según los comerciantes de armas, refuerza el mercado ilegal.
Las incautaciones de armas de fuego por parte de las autoridades sacan de circulación armas que generalmente los delincuentes adquieren en el mercado negro. La veda, según los comerciantes de armas, refuerza el mercado ilegal. Archivo

A comienzos de septiembre de 2010, el Órgano Ejecutivo presentó a la consideración de la Asamblea Nacional, dos proyectos de ley sobre armas de fuego.

Uno de ellos, tenía que ver con la importación, exportación, comercialización tenencia, y porte de estos elementos y pertrechos.

El otro más bien buscaba regular el aspecto legal de su manejo en las agencias de seguridad privadas.

Fue el entonces ministro encargado de Seguridad Pública, Alejandro Garuz, al que le correspondió sustentar ante los diputados los dos proyectos.

Las iniciativas legislativas habían sido fruto de, entre otros, las sugerencias de la Cruzada por la Paz, una organización de la sociedad civil preocupada por el tema de la delincuencia y la seguridad.

Un mes más tarde, el titular de la cartera de Seguridad, José Raúl Mulino, decidió ordenar la suspensión de la importación de armas de fuego, mientras se debatía y decidía la nueva legislación.

“Es una decisión de Estado, por seguridad de Estado, y se trata, por ahora, de una medida indefinida. Vamos a caerle al mercado negro también, porque muchas de las armas que entran legales al país se ilegalizan”, dijo Mulino en declaraciones a medios locales.

El 27 de mayo de 2011, se promulgó la Ley 57 sobre armas de fuego, municiones y materiales relacionados. El 30 de mayo se publicó en Gaceta Oficial.

La nueva ley generó malestar en algunos sectores ciudadanos que la interpretaron como muy restrictiva para el ciudadano honrado, al que se le limitaba su capacidad de defenderse ante la delincuencia, que se armaba en el mercado negro.

De acuerdo con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), en 2011, el 55% de las armas incautadas no estaba registrada y, aunque el 45% restante sí, procedía de robos, hurtos o había sido extraviada y no reportada por sus dueños.

Pese a la existencia de la nueva legislación, la veda a la importación de armas se mantuvo.

En julio de 2012, se aprobó la Ley 40 en la que se definió y endureció las sanciones para el porte, tenencia o uso ilegal de armas de fuego.

Dos años más tarde, la situación no había cambiado mucho.

En septiembre de 2014, miembros de la Asociación de Distribuidores de Armas de Fuego (ADAF) dijeron que acudirían a la Dirección Institucional en Asuntos de Seguridad Pública (Diasp) en Balboa para proponer la eliminación de la veda de armas, debido al perjuicio económico para su actividad

También denunciaron que por esta situación, muchos ciudadanos habían acudido al mercado negro para adquirir armas.

En noviembre, el ministro de Seguridad Pública del estrenado gobierno de Juan Carlos Varela, Rodolfo Aguilera, extendió por seis meses más la veda de armas de fuego y aseguró que estudiaría la presentación de un nuevo proyecto de ley para reformar la Ley de Armas de 2011. El reglamento que el ministro proponía buscaba aplicar nuevas medidas como la restricción de calibres y proveedores, definición de exámenes psicológicos para los usuarios y adecuaciones al proceso de revocación de permisos.

Pero en mayo de 2015 se extendió la veda por 30 días, en principio. Luego se amplió la prohibición hasta agosto.

Posteriormente, las autoridades decidieron que continuaría hasta diciembre.

Y, una vez más, la queja de los comerciantes de armas no se hizo esperar.

El pasado 27 de diciembre de 2012, Aguilera afirmó que la restricción había dado como resultado la reducción de los delitos con armas, según el análisis del Consejo de Seguridad. Y volvió a prorrogar la medida por otros seis meses.

También las agencias de seguridad se han visto afectadas en sus inventarios de armas, que, dicen, no han podido renovar.

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