Gobierno blinda a sus servidores públicos

El Gabinete aprueba proyecto que busca indemnizar a los funcionarios, permanentes o eventuales, que sean despedidos de sus cargos sin justificación.

A solo 15 meses de que culmine la administración del presidente, Ricardo Martinelli, el Consejo de Gabinete avaló un proyecto de carácter laboral que de acuerdo con conocedores del tema busca “proteger a los funcionarios oficialistas”.

La iniciativa, que fue presentada por la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Alma Cortés, establece que cualquier funcionario que trabaje en el Órgano Ejecutivo, en entidades autónomas o semiautónomas, y en caso de que sea despedido sin justificación, debe recibir una compensación por parte del Estado.

Según lo aprobado anoche por el consejo de ministros, la indemnización le corresponderá a cualquier servidor que haya sido nombrado de manera permanentemente o eventual.

Estas prestaciones serán calculadas según el último salario devengado, por cada año laborado al servicio del Estado. De no haber terminado el año laboral, el funcionario tendrá derecho a la parte proporcional correspondiente. Para llevar adelante ese cálculo se tomará en cuenta el último salario que cobró el afectado, explicó Cortés en el Gabinete, según detalla un comunicado de la Secretaría de Comunicación del Estado.

Los pagos reconocidos, explica el comunicado, se deberán cumplir en un período no mayor a tres meses de haberse ejecutoriado la sentencia. Si en ese plazo no se ha hecho efectivo el pago, el afectado podrá acudir a la Corte Suprema de Justicia para que ordene la cancelación de la indemnización en un plazo que no excederá más de un mes.

No podrán acogerse a esta ley, dice el boletín, los servidores públicos escogidos por elección popular, los ministros y viceministros, los directores y subdirectores de entidades autónomas y semiautónomas. Así como los administradores y subadministradores de entidades del Estado, entre otros.

´Ley a conveniencia´

Alfredo Berrocal, secretario general de la Federación Nacional de Servidores Públicos (Fenasep), manifestó que iniciativas de este tipo deben ser presentadas en “momentos adecuados”.

“Que presenten este proyecto al final de la administración solo refleja que está hecho a la medida de Cambio Democrático”, expresó Berrocal.

Añadió que se trata de una medida “extemporánea” hecha para proteger a los funcionarios oficialistas.

EN LA ASAMBLEA

Un proyecto similar fue presentado ante la Asamblea Nacional por el presidente de este órgano, Sergio Chello Gálvez, y su colega de CD José Muñoz el 6 de agosto de 2012.

Dicha iniciativa, que aún no ha sido discutida, establece que en caso de que un funcionario sea cesado de sus labores, este deberá recibir como pago todos los términos que se establecen en el acápite C del artículo 225 del Código de Trabajo.

Este artículo hace referencia a la indemnización que deberá pagar el empleador en caso de poner fin a un contrato de tiempo indefinido, por despido injustificado.

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