TERRENO CEDIDO GRATUITAMENTE EN PAITILLA

Gobierno reconoce que hubo ´irregularidad´

El excontralor Alvin Weeden pidió la derogación de la ley que creó la Anati, porque eliminó la fiscalización de la Contraloría.
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Una semana después de conocerse que la hoy directora de Titulación de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati), Anabelle Villamonte, cedió gratuitamente a la sociedad Segura Ventures, Inc. un lote de poco más de una hectárea frente a la bahía de Panamá, el tono y los argumentos de algunos funcionarios empezó a variar.

Por ejemplo, el administrador de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Salomón Shamah –quien solo el día anterior defendió en RCM la “legalidad” de la actuación de Villamonte, asegurando que los cuestionamientos a la cesión se debían a que se trataba “de un humilde vendedor de flores”–, cambió ayer su discurso.

Shamah acudió nuevamente a RCM ayer y relató que había aparecido “un nuevo elemento que corrobora que el terreno estaba sobre un relleno, por lo tanto era un área inadjudicable”.

El administrador de la ATP, sin embargo, insistió en que los funcionarios involucrados “actuaron de buena fe”, y que “no se trataba de una transacción ilegal porque no hubo dolo, pero que el terreno no debió ser titulado por sentido común”.

Por su parte, el ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, habló de “irregularidad” durante su participación ayer en el noticiero matutino de TVN.

“Hemos corregido una irregularidad que el tiempo dirá si fue dolosa o no, pero el Gobierno ha demostrado una posición enérgica para corregirla”, agregó Henríquez.

Por su parte, el titular de Economía y Finanzas (MEF), Alberto Vallarino, señaló en Telemetro que las investigaciones del Ministerio Público son las que determinarán si se actuó bien o mal.

“Evidentemente, en el expediente que tiene a su disposición la directora de Titulación [Anabelle Villamonte] no aparecen documentos que fueron publicados por La Prensa, que evidencian que, dentro del marco de la Ley 80, Catastro tituló el terreno como si fuera costeño”, explicó el ministro Vallarino.

Ahora, tras la decisión del Consejo de Gabinete del pasado miércoles, el titular del MEF realizará las gestiones para recuperar el bien de la nación, mediante el procedimiento de “bien oculto” que desarrolla el Código Fiscal en sus artículos 80 y 81 ( ver facsímil).

Vallarino explicó que “bien oculto se refiere solo al tema de la propiedad, y no a la actuación del funcionario que se presume de buena fe”.

Al respecto, el administrador de la Anati, Alejandro Castillero, dijo categóricamente el pasado lunes que “el expediente [de César Segura] es uno de los más documentados, con pruebas, certificaciones de administraciones municipales”.

En ese momento Castillero fue rotundo en señalar que el exvendedor de flores tenía años reclamando el lote de Paitilla.

Sin embargo, en el Consejo de Gabinete Extraordinario convocado el pasado miércoles para tratar el tema, se concluyó que el terreno no podría ser titulado a terceros porque su origen fue un relleno de fondo de mar.

El artículo 258 de la Constitución Nacional señala que pertenecen al Estado y son de uso público y, por consiguiente, no pueden ser objeto de apropiación privada: “el mar territorial y las aguas lacustres y fluviales, las playas y riberas de las mismas y de los ríos navegables, y los puertos ...”.

LEY CUESTIONADA

Tras lo sucedido, el excontralor Alvin Weeden abogó por la derogación de la Ley 59 de 2010 que creó la Anati, pues exceptúa del requisito del refrendo previo de la Contraloría General cuando se adjudican títulos de propiedad con derechos posesorios en cualquier parte del territorio nacional.

Weeden agregó que “esa ley no le puede negar ese derecho que tiene constitucionalmente la Contraloría”.

“El Presidente [Ricardo Martinelli] ahora se queja porque se le cuestiona que él es uno de los responsables de lo que está pasando. Sabemos que él estaba detrás de esa iniciativa legislativa que provocó choques en el Gabinete”, comentó Weeden.

Cuando esta ley llegó a la Asamblea Nacional en septiembre de 2010, contó con el aguerrido impulso del diputado de Cambio Democrático Sergio Gálvez, y provocó de inmediato no poca polémica.

En aquel momento Gálvez defendió la iniciativa alegando que “acabaría con aquellos mercaderes de las tierras”. Sin embargo, varios diputados, incluso de la alianza de gobierno, advertían de futuros problemas, como consta en las actas legislativas.

Así, en acta que recoge la sesión del 4 de octubre de 2010, el diputado por el Molirena Jorge Alberto Rosas advertía sobre la importancia de contar con un control previo de la Contraloría General, que fue finalmente eliminado en el artículo 32 de la citada ley.

“Creemos que debe existir el control previo en estas adjudicaciones porque mediante este proyecto de ley se le está adscribiendo a una sola persona la facultad de determinar si existe o no derecho posesorio, el avalúo de ese terreno y otorgar ese título sobre la base de ese derecho”, señalaba Rosas durante el debate legislativo.

Además, alertaba que la eliminación del citado control previo de la Contraloría, “abriría la puerta para que el administrador de la Anati pueda señalar el valor de una tierra valiosa del Estado, hasta por 300 mil dólares, y ese valor no podrá ser revisado por la Contraloría General hasta que se adjudique el título por el control posterior”.

Por ello, y ante lo sucedido con el terreno de Paitilla, el excontralor Weeden insiste en que “esta ley debe ser derogada, pues se hizo con la intención de regalar el patrimonio público”.

“Castillero responde directamente al presidente Martinelli”, subrayó Weeden, al tiempo que emplazó a la contralora, Gioconda Torres de Bianchini, a manifestarse en este escándalo.

LEY DE TRANSPARENCIA

En medio de esta coyuntura, La Prensa presentó ayer una solicitud de información ante el administrador de la Anati, Alejandro Castillero, para conocer el detalle de todos los títulos de propiedad otorgados mediante la aplicación de la Ley 80, que reconoce derechos posesorios y regula la titulación en las zonas costeras y el territorio insular.

Con esta acción se busca conocer los nombres de los beneficiarios, áreas de los terrenos adjudicados, ubicación física de las fincas, ya sea en costas, tierra firme, áreas rurales y urbanas ( ver nota).

¿RECOMPENSA?

En tanto, los abogados Víctor Martínez y Rogelio Cruz, quienes presentaron la tarde del martes pasado una denuncia por bien oculto ante el MEF, aseguran que no desistirán de su acción, a pesar de que el Gobierno autorizó al MEF a realizar la misma acción para recuperar el bien nacional.

El abogado Martínez recalcó que ellos presentaron la denuncia primero y que “por el momento no están considerando la compensación”.

Sin embargo, dejó claro que “no van a pagar los gastos” que implica este proceso. “Los gastos deben salir de alguna parte”, agregó el abogado.

El Código Fiscal establece que el denunciante de un bien oculto recibirá el 30% del total del dinero que se recupere a favor del Estado.

Martínez sostuvo que “funcionarios del MEF están dilatando el trámite de su denuncia”.

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