acusan a diputados de institucionalizar impunidad

´Gol´ legislativo reduce prescripción de delitos

Sigilosamente, diputados oficialistas metieron una reforma al Código Procesal Penal en una ley sobre extradición de extranjeros.
Sesión. El proyecto 523 sobre extradición de extranjeros será discutido hoy en tercer debate. Sesión. El proyecto 523 sobre extradición de extranjeros será discutido hoy en tercer debate.
Sesión. El proyecto 523 sobre extradición de extranjeros será discutido hoy en tercer debate.

De manera sorpresiva, sigilosa y sin discusión, diputados de las bancadas oficialistas de Cambio Democrático (CD) y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) aprobaron una modificación al Código Procesal Penal para reducir los plazos de prescripción de los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública.

La modificación del numeral 3 del artículo 116 del Código Procesal Penal fue introducida ayer durante la discusión, en segundo debate, del proyecto de ley 523, que establece el procedimiento aplicable para la extradición de extranjeros solicitados por la justicia en otros países.

LOS AUTORES

Los diputados Abraham Martínez, Sergio Gálvez y Carlos Afú, de CD; y Francisco Alemán, del Molirena, avalaron con su firma el nuevo artículo, sin sustentarlo en el pleno.

La propuesta tampoco fue entregada a los diputados de la oposición, sino hasta después de que el proyecto fue aprobado en segundo debate.

Plazos se reducirán

De aprobarse hoy en tercer debate esta propuesta legislativa y de convertirse en ley de la República, la prescripción de la acción penal se dará en un plazo igual al máximo de la pena de prisión previsto en la ley para estos delitos.

Es decir, que los plazos de caducidad para los delitos señalados se reducirían prácticamente a la mitad.

Por ejemplo, en el caso del delito de peculado, que actualmente tiene penas máximas de 10 a 15 años (peculado agravado) cuando la cuantía de lo apropiado supera la suma de 100 mil dólares, el plazo de vencimiento de la acción penal no sería el doble (20 o 30 años), sino igual al máximo de la pena actual, es decir 10 o 15 años.

La norma vigente indica que la prescripción de la acción penal se da: “al vencimiento del plazo igual al doble del máximo previsto en la ley para los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública”.

En el caso de los delitos de enriquecimiento injustificado, cuyo plazo de prescripción es de 12 años, según Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana pro Justicia, el plazo se reducirá a 6 años.

Buscan protección

Para el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal esta decisión lo que busca es “institucionalizar la impunidad” para aquellos integrantes del gobierno que pudiesen encontrarse culpables de delitos como el peculado, enriquecimiento injustificado y delitos patrimoniales.

“Esta norma favorece a la corriente delictiva que ha tomado cuerpo en un sinnúmero de funcionarios de los órganos del Estado”.

En tanto, el exsecretario general del Ministerio Público Rigoberto González cuestionó que se hayan reducido los plazos para que prescriba la acción penal en delitos contra la administración pública, en un proyecto donde se discutía el tema de la extradición. “No existe una justificación del porqué se hace esta reforma”.

Bajo la lupa

Este medio publicó, recientemente, que el diputado Abraham Martínez, uno de los que propuso esta reforma al Código Procesal Penal, compró cuatro apartamentos del proyecto Condado Country Club, S.A., valorados en 712 mil 250 dólares, en uno de los cuales canceló su abono mediante un cheque de 138 mil dólares (equivalente a unas 20 veces su salario al mes).

Otros diputados oficialistas han sido denunciados por supuestos manejos irregulares de partidas circuitales que le fueron asignadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Uno de ellos es el presidente de la Asamblea, Sergio Gálvez, que fue denunciado ante la Corte Suprema de Justicia por el uso de fondos públicos para la compra de 30 mil jamones por un valor de 675 mil dólares y que fueron distribuidos entre los residentes de su circuito electoral [8-7]. La Corte rechazó la querella por no llenar los requisitos de admisibilidad.

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