INFORME DE PROTESTAS INDÍGENAS DE AGOSTO DE 2015

HRW denuncia abuso de fuerza policial en Ecuador

En agosto, Rafael Correa atribuyó las protestas a ‘sectores de la extrema derecha’ molestos por su pérdida de control sobre el Gobierno.

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Indígenas organizados iniciaron el 2 de agosto de 2015 una marcha que llegó a Quito 11 días después, para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno. Indígenas organizados iniciaron el 2 de agosto de 2015 una marcha que llegó a Quito 11 días después, para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno.
Indígenas organizados iniciaron el 2 de agosto de 2015 una marcha que llegó a Quito 11 días después, para expresar su rechazo a las políticas del Gobierno. José Jácome/Archivo

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, vivió en agosto pasado las manifestaciones más fuertes que los pueblos indígenas y representantes del sector sindical han realizado en ese país para rechazar políticas del gobierno y su propuesta de reformar la Constitución, a fin de permitir la reelección indefinida.

Una movilización cifrada por los pueblos indígenas en 50 mil personas llegó a la capital el 13 de agosto, coincidiendo con la convocatoria a un paro nacional.

La jornada terminó en altercados cerca de la sede de la Presidencia, represión por parte de las fuerzas de seguridad y detenciones. De ambos lados hubo acusaciones sobre quién inició la violencia.

Lo cierto es que según un balance de la Fiscalía General al 19 de agosto, una semana después de que se iniciaran las protestas en el país, con epicentro en Quito, 111 personas habían sido arrestadas, de las cuales 95 seguían en prisión.

Para la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), que en ese momento denunciaba la criminalización de la protesta por parte del Estado, la cifra de detenidos era de 120.

Ayer, Human Rights Watch (HRW) denunció en un informe que la policía se excedió en el uso de la fuerza, que no ha habido un esfuerzo genuino por investigar los casos de abuso, que existe evidencia del inicio de procesos judiciales contra personas no violentas que participaron de las protestas e incluso contra transeúntes.

HRW “encontró evidencias creíbles de que en al menos 50 casos, policías o militares emplearon la fuerza de manera innecesaria e ilegal en contra de personas que no estaban armadas. Miembros de las fuerzas de seguridad golpearon y detuvieron arbitrariamente a decenas de personas, e ingresaron ilegalmente a las viviendas de personas que no estaban participando en las protestas”, señala el reporte.

Según la organización, “decenas de testigos reportaron que las manifestaciones fueron mayormente pacíficas, excepto por algunos enfrentamientos aislados entre miembros de las fuerzas de seguridad y algunos manifestantes que arrojaron piedras y cocteles molotov”.

“Todos los ataques contra policías y militares deben ser investigados”, dijo Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de HRW. “No obstante, los ataques de manifestantes o provocadores no pueden ser una excusa para justificar que las fuerzas de seguridad empleen un uso excesivo de la fuerza en contra de manifestantes pacíficos y transeúntes”, acotó.

Del otro lado, El Ciudadano, órgano de divulgación del Gobierno ecuatoriano, informó en su sitio web el 20 de agosto que, de acuerdo con el Ministerio del Interior, 114 policías fueron heridos en las protestas, la mayoría con golpes y lesiones en sus extremidades. Según la versión oficial, en uno de esos casos un grupo de indígenas secuestró a un policía en Saraguro, provincia de Loja. “Golpearon a más no poder su cuerpo, le pusieron agua con ají en los ojos, y hasta quisieron castrarlo”, asegura la nota.

Otro episodio usado por el Gobierno como ejemplo de la violencia tuvo lugar al margen de las marchas –el 19 de agosto– y fue divulgado por diarios locales. Se produjo en Macas, capital de la provincia de Morona Santiago, donde un grupo de indígenas trató de tomarse la Dirección Distrital de Educación y las instalaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado, donde estaba un grupo de agentes antidisturbios que fue atacado con palos y lanzas con punta.

Según la versión oficial, recogida en el informe de HRW, 126 personas fueron detenidas por presuntamente cometer delitos como sabotaje, paralización de servicios públicos y ataques o resistencia a la autoridad.

Entre los casos de abuso y detención que reporta HRW está el de “Paul Renato Carrasco Procel, un estudiante de 26 años, que aproximadamente a las 7:00 p.m. se sumó a los otros manifestantes que intentaban detener a un hombre que golpeaba al caballo de un policía. Un policía lo tomó por detrás, lo arrojó al suelo y le propinó varios puntapiés, le señaló Carrasco a la Fiscalía. Otro policía lo golpeó con un tolete y lo arrastró detrás de una barrera policial, donde fue retenido”.

HRW también relata que “Wilson Rodrigo Loachamin Fernández, un agricultor de 44 años, fue detenido por policías mientras estaba sentado en la Plaza Santo Domingo, en el casco histórico. Loachamin había participado en la manifestación ese mismo día, y estaba esperando que esta se dispersara para poder regresar a su casa, según le indicó a la Fiscalía. Cuando vio a policías en motocicleta que circulaban en torno al monumento, Loachamin decidió irse del lugar, pero se tropezó y cayó al piso. Los policías le dieron golpes y patadas mientras yacía en el suelo. Lo subieron a una motocicleta, sentado entre dos policías, que continuaron golpeándolo... Los informes médicos oficiales, de fecha 14 de agosto, indican que los tres hombres presentaban lesiones ‘recientes”.

Un informe preliminar sobre las estrategias estatales de control social y represión durante el paro, elaborado por el Colectivo de Investigación y Acción Psicosocial Ecuador –al que tuvo acceso este medio– registró 229 casos de agresiones, detenciones, intentos de detención y allanamientos donde hubo movilizaciones entre el 13 y el 23 de agosto pasado. De ese total, 77 son agresiones sin detención y 142, detenciones.

El estudio concluye que el aparato estatal produjo una estrategia represiva, cuya primera fase es “la demostración del potencial de fuerza que no implica contacto físico o agresión directa al ciudadano”.

La segunda fase incluyó el empleo de toletes, escudos, gas lacrimógeno y agresiones físicas, seguido de la detención de ciudadanos. “Esta estrategia es fundamental para mostrar de modo ejemplarizante las consecuencias de la protesta social”.

La última fase fue la imputación de cargos a las personas detenidas.

El informe también afirma que el Gobierno “militarizó” zonas donde el movimiento indígena tiene relevancia y fortaleza, como en Shuar y Achuar de Morona Santiago o Kichwas del Pueblo Saraguro.

También denunció que, amparadas en un estado de excepción decretado el 15 de agosto por el aumento de la actividad del volcán Cotopaxi, las Fuerzas Armadas practicaron allanamientos sin orden judicial.

Sobre el estado de excepción, el director para las Américas de HRW dice en el informe que “el Gobierno utilizó la amenaza de una erupción volcánica para otorgarse amplias facultades para desplegar las Fuerzas Armadas a lo largo del país y suspender derechos fundamentales” y tras ello “reprimió una protesta mayormente pacífica”.

El pasado 10 de septiembre, el Colectivo publicó en su sitio web una nota en la que aseguró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó en cuenta su informe para hacerle una petición formal de información al Gobierno.

Luego de que el pasado 13 de octubre HRW le pidiera a la Fiscalía General información sobre los ataques, la entidad proporcionó un cuadro con descripciones breves sobre 130 causas abiertas. “En la gran mayoría se acusaba a los manifestantes de agredir a la policía con palos y piedras, supuestamente sobre la base de informes policiales, imágenes de video que registraron enfrentamientos violentos con policías e informes médicos de las lesiones sufridas por los agentes”, dijo la oenegé, y agregó que no les dieron copias de las pruebas que afirman tener.

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