Herramienta virtual para trámite público

Aunque fue un tema del que se empezó a hablar hacia finales de la década de 1990, no sería sino hasta el segundo semestre del año 2001 cuando el Gobierno panameño empezó a dar pasos firmes en el uso institucionalizado de las herramientas digitales de comunicación e información, a instancias de la entonces presidenta Mireya Moscoso.

En 2002, atendiendo las recomendaciones de una comisión ad hoc, Moscoso firmó el Decreto Ejecutivo No. 72, que estableció la comisión permanente para la modernización del Estado panameño, en función de nuevas tecnologías de la información y comunicación, conocida por el nombre de “Comisión e-Panamá”.

Entre 2002 y 2003, y dentro del plan e-Panamá, se creó el portal oficial del gobierno electrónico y varios proyectos se empiezan a adelantar, para consolidar este esquema de gobierno electrónico. Entre estos están la Gaceta Oficial Digital, proyecto Sígueme, Denuncia Ciudadana y Ventanilla Virtual.

En agosto de 2004 se creó la Secretaría de la Presidencia para la Innovación Gubernamental, dependiente de la Presidencia y el Consejo de Gabinete, y se traspasaron a este órgano las funciones, el personal, los bienes y recursos utilizados por la Comisión e-Panamá.

La secretaría fue el primer órgano del Estado panameño que se responsabilizaría por gestionar la estrategia para el uso e implementación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el Gobierno.

También fueron creados un consejo consultivo para la innovación gubernamental, encabezado por el Presidente de la República, y un comité técnico integrado por cuatro directores de informática de entidades del Gobierno.

A través del Decreto Ejecutivo No. 98 del 02/09/ 2005, se creó el sistema electrónico de contrataciones públicas, que luego recibió el respaldo de la Ley No. 22 del 27/07/2006, así como su Decreto Reglamentario No. 366 del 28/12/ 2006. Son las bases jurídicas de una de las herramientas virtuales más conocidas del Gobierno: PanamáCompra. Esta es la aplicación informática administrada por el Estado “que automatiza las operaciones y los procesos que intervienen en la contratación pública, y que vincula a las unidades de compras, a los proveedores y a los contratistas en un sistema informático centralizado al que se accede a través de internet”, según un informe oficial.

En diciembre de 2005 se creó la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación como “un organismo autónomo, con personería jurídica y patrimonio propio, sujeto a la orientación y política general del Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de la Presidencia”, según reza la norma por la cual se creó.

Sin embargo, pese a los avances, para 2008 las cosas no iban tan bien. El país había caído 19 puestos en el ranking mundial de gobierno electrónico (e-Government) de las Naciones Unidas. En 2005, ocupaba la posición 64. En tres años había descendido hasta la 83 y era aventajado por 12 países de América Latina.

Consultores de la firma Goethals dijeron entonces a medios internacionales que las plataformas Panamá Emprende, PanamáCompra o el E-Tax (que permiten abrir empresas por internet), el publicitar compras estatales o hacer declaraciones de renta digitales, son avances tecnológicos positivos pero insuficientes para el tipo de sociedad actual y las nuevas tendencias de comunicación e interacción que la ciudadanía demanda.

En ese panorama se despedía el gobierno de Martín Torrijos.

Mediante la ley 65 del 30 de octubre de 2009, la Secretaría de la Presidencia para la Innovación Gubernamental se convirtió en la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental.

“Es la entidad competente del Estado panameño para planificar, coordinar, emitir directrices, supervisar, colaborar, apoyar y promover el uso óptimo de las tecnologías de la información y comunicaciones en el sector gubernamental para la modernización de la gestión pública, así como recomendar la adopción de políticas, planes y acciones estratégicas nacionales relativas a esta materia”, señala el sitio web de la institución.

Entre tanto, la Alcaldía de Panamá lanzó el 27 de mayo de 2011 un nuevo sistema de gobierno electrónico, para hacer más accesibles y mejores sus servicios de consulta y pagos en línea de los impuestos municipales.

En marzo de 2012 Panamá había escalado 13 posiciones en el ranking mundial de gobierno electrónico, recuperándose de la caída sufrida en 2008. En 2010 había logrado llegar a la posición (79) y en 2012 ascendió hasta la posición 66, casi la misma que ostentaba en 2005, cuando empezó a descender.

Jonas Rabinovitch, consejero senior en Gobierno Electrónico de la División de Administración Pública y Gestión del Desarrollo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, se pronunciará el próximo 25 de junio de 2013 para evaluar los avances de Panamá en esta materia.

¿El fin del papeleo o solo el fin del papel?

La pesadilla de la burocracia está hecha de papeles. Montañas y montañas de carpetas con cientos de miles de papeles: contratos, minutas, formularios de diverso grado de complejidad, autorizaciones, copias, facturas, firmas, etc. Las oficinas públicas por tradición han parecido depósitos de papeles, laberintos de papel hechos para nunca encontrar nada. Bueno, eso podría terminar del todo en la medida que avancen programas como Panamá sin papel, un ambicioso proyecto que lleva a cabo la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG). “Este proyecto busca renovar la forma en que el ciudadano tramita con el Estado, para que todos los procedimientos se hagan de manera ágil y transparente, dice el sitio oficial de la AIG. “Esta iniciativa busca optimizar el desempeño de las funciones gubernamentales para mejorar la prestación del servicio al ciudadano, permitiendo una mayor transparencia y calidad de servicios a todos los panameños, eximiéndolos de presentar documentación sobre información que resida en bases de datos digitales del Estado, trayendo consigo más comodidad y una importante reducción en gastos administrativos”, añade. El proyecto está amparado bajo el Decreto Ejecutivo No. 928 del 21 de septiembre de 2010, y la Ley No. 83 del 9 de noviembre de 2012.

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