acción judicial

Herrera apela condena

El pasado 10 de octubre, el Juzgado Primero Municipal condenó a Balbina Herrera a tres años de prisión.

La defensa de la excandidata presidencial Balbina Herrera presentó ayer un recurso de apelación contra el fallo del Juzgado Primero Municipal que la condenó a tres años de prisión por divulgar correos electrónicos del presidente, Ricardo Martinelli, y Valter Lavítola, investigado por corrupción en Italia.

Rodolfo Pinzón, abogado de Herrera, sostiene que la jueza primera municipal, Yorleni Fruto Moncada, se equivocó al valorar las pruebas, ya que los correos difundidos por su cliente eran copias simples que ante la ley no tienen valor probatorio.

Además de ello sostiene que, pese a la orden de la Fiscalía Séptima de Circuito, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses nunca hizo una inspección judicial a las computadoras del mandatario, a fin de establecer el origen y certeza de los correos.

Por lo tanto, ni el Ministerio Público ni el querellante lograron certificar que los citados correos salieron del computador de Martinelli, y así probar el supuesto hecho delictivo.

Así mismo plantea que el propio presidente, Ricardo Martinelli, en un cuestionario que le envió la fiscalía no explicó el perjuicio o daño causado con la divulgación de los correos ni los reconoció como propios.

Según Pinzón, otro error en la investigación fue que no se cumplieron las formalidades legales en la asistencia judicial en la que se tomó testimonio a Valter Lavítola, ya que los traductores de esta no fueron juramentados ante la fiscalía ni ante el juez, por lo que se desconoce su idoneidad.

Planteó que la jueza Fruto Moncada ordenó la ampliación de las sumarias seguidas a Herrera, a pesar de que en el expediente no se acreditaron nuevos elementos de prueba y que, previo a ello, en dos ocasiones el Ministerio Público había emitido dos vistas fiscales en las que recomendó sobreseimiento en favor de su cliente. Además, en el fallo no se hace referencia a la medida de país por cárcel que tiene su clienta, violando el principio de congruencia judicial.

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