Hotel de Coronado apela expulsión

Los abogados de Desarrollo Golf Coronado, S.A. (DGC) sostienen que la directora de Desarrollo e Inversiontes Turísticas, Teodolinda Quintero, se extralimitó en sus funciones, dado que no tenía competencia para expulsar a la empresa del Registro Nacional de Turismo.

El pasado 7 de diciembre, Quintero firmó una resolución en la que ordenó cancelar la inscripción de DGC del Registro, lo que conlleva el retiro de los incentivos fiscales que le corresponden por ley.

Ayer, José Javier Rivera, en representación de DGC, presentó un recurso de reconsideración en el que señala que se cometió un “flagrante abuso de autoridad” contra su cliente, ya que Quintero decidió la expulsión del Registro, pese a que estas decisiones competen a instancias superiores. En ese sentido, recordó que fue la junta directiva del Instituto Panameño de Turismo (hoy reconvertido en Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) la que autorizó el ingreso de DGC en el Registro, en el año 2007, decisión que fue ratificada en 2009 por el administrador de la ATP, Salomón Shamah.

Quintero apoyó su decisión en que la empresa hotelera acreditó como suyas 3 de las 44 fincas sobre las que opera el hotel de 115 habitaciones Coronado Golf & Beach Club, en el distrito de Chame. No obstante, desde julio pasado, DGC advirtió a la ATP de este error y pidió su corrección a Shamah.

En aquel entonces se entregaron documentos que prueban que el error en las fincas se cometió en el Registro Público, que expidió las certificaciones con información equivocada. Entre los errores está, por ejemplo, que DGC aparece como propietaria de dos fincas, cuando en realidad es arrendataria.

El administrador nunca dio respuesta. “Mantuvo el expediente de manera silenciosa y no comunicó a nuestra representada ninguna decisión, a pesar de que la petición de corrección es muy clara y bien sustentada”, indicó Rivera.

Agregó que, en la resolución del 7 de diciembre, Quintero aplicó a su cliente la Ley 8 de 1994, pese a que esta dejó de existir hace más de un mes: fue derogada y reemplazada por la Ley 80 del 8 de noviembre de 2012.

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