Este año 500 personas han quedado sin hogar en la ciudad capital

Hoteles para los damnificados

De acuerdo con una directriz oficial, quienes queden sin hogar por una emergencia deberán ser trasladados a pensiones en lugar de albergues.

El terremoto en Guatemala, que a mediados de esta semana produjo 42 muertos y dejó cientos de personas sin hogar, trajo de nuevo a la palestra la interrogante ¿Panamá está preparado para atender tragedias de gran magnitud?

De acuerdo con información suministrada por el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el país es vulnerable a inundaciones en las provincias de Bocas del Toro, Darién y Chiriquí, siendo esta última también susceptible a sismos.

Además, dentro de la provincia de Panamá las áreas de Juan Díaz, La Chorrera, Cañitas y Chepo son también propensas a quedar bajo el agua.

Pero, cuando la emergencia llega, ¿cuáles son las autoridades responsables de brindar refugio a quienes pierden su hogar?

Juan De Arco, jefe de investigación de incendios del Cuerpo de Bomberos de Panamá, explica que según las las leyes vigentes, esa institución solo debe encargarse del rescate y traslado de las víctimas, por lo que esta facultad está en manos del Sinaproc y del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot).

Solo en la ciudad capital, en lo que va de año, ambas instituciones han atendido a 500 personas que han quedado sin hogar debido a diversas emergencias, la mayoría de ellas por incendios de caserones de madera en sectores populares como El Chorrillo, Pueblo Nuevo y Río Abajo.

En lugar de ser trasladadas a albergues, las autoridades han optado por llegar a acuerdos con residenciales, pensiones y hoteles populares, ubicados en la avenida Justo Arosemena, hospedajes que en promedio cuestan entre $20 y $25 diarios.

“En los gobiernos anteriores las personas eran llevadas a gimnasios y se despertaban con calor y el trauma de haberlo perdido todo. Eso se convertía en albergue permanente por cuatro años, para luego ir a un proyecto ejecutado por el Miviot”, justifica Warren Beitía, director de Desarrollo Social de este ministerio.

En promedio, según el funcionario, estas personas tardan entre 10 y 15 días en recibir una respuesta definitiva por parte del Miviot.

“Cualquier recurso que se invierta en este sentido está invertido en una buena razón, porque estas personas lo han perdido todo”, agrega.

“Este es un mandato directo del señor presidente, Ricardo Martinelli”, señalaba el propio ministro de esta cartera, José Domingo Arias, mientras realizaba una inspección de cuatro caserones calcinados en calle 14 de El Chorrillo, a finales del mes de octubre.

“Ya estamos curtidos en este tipo de casos”, agregaba Arias, quien en poco más de un año en el cargo ha visto casos como las 16 familias que perdieron todo en calle 21 de El Chorrillo, cuando solo quedaron cenizas del caserón que ocupaban.

Cuarenta días más tarde, en un terreno baldío frente al lugar del siniestro, el Miviot construyó un albergue “temporal” fabricado con contenedores. Ahora seis meses, después las personas siguen ocupando estas viviendas debido a que no han querido abandonar el área, y ya hasta antenas de televisión por cable tienen en los techos de su provisional hogar.

LAS OPCIONES

Para quienes sí aceptaron irse, y para las futuras personas que queden sin hogar, el Miviot tiene tres programas para darles una solución definitiva.

El primero de ellos es la entrega de materiales de construcción en caso de que las familias tengan un terreno. En estos casos el ministerio les entrega los insumos necesarios para construir una casa de 36 metros cuadros.

Otro plan para damnificados es el de Renta Social, en el cual se les entrega un subsidio de 150 dólares mensuales por un período no mayor de seis meses para que las familias encuentren un nuevo alquiler.

En tanto, el tercer programa es el llamado Bono Solidario, mediante el cual se le otorga 5 mil dólares como abono inicial de un nueva vivienda, siempre y cuando cumplan con los criterios de elegibilidad de la banca privada para un crédito.

Solo en la provincia de Panamá, según Beitía, existen al menos 100 proyectos urbanísticos en los cuales los afectados pueden aplicar.

El funcionario agrega que por la escasa cultura de mantenimiento existente en el país, a su juicio es preferible invertir recursos en la construcción de viviendas que en albergues.

Mientras tanto, Cesar Lange, asesor técnico de la dirección general del Sinaproc, señala que en caso de una tragedia de mayor magnitud la institución albergará en escuelas y gimnasios a los damnificados.

Lange agrega que para estas situaciones, el Sinaproc también cuenta con carpas gigantes capaces de brindar refugio.

Paralelamente, para limitar el número de víctimas, la institución mantiene activa una Oficina de Organización Comunitaria, a través de la cual capacitan a líderes vecinales para que identifiquen las zonas de riesgo de sus comunidades.

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