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Hoy será la audiencia por el caso de dietilenglicol

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Familiares de víctimas y afectados por ingerir el jarabe con dietilenglicol volverán hoy a exigir justicia. Familiares de víctimas y afectados por ingerir el jarabe con dietilenglicol volverán hoy a exigir justicia.
Familiares de víctimas y afectados por ingerir el jarabe con dietilenglicol volverán hoy a exigir justicia. Archivo

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Después de 10 años de que se conocieran las muertes por el jarabe contaminado con dietilenglicol, medicamento suministrado por la Caja de Seguro Social, se intentará celebrar la audiencia por este caso a Ángel De La Cruz, quien importó la sustancia, Teófilo Gateno, quien financió la compra, y a otras nueve personas. La audiencia está programada para las 9:00 a.m. en el Segundo Tribunal Superior Penal.

Reclaman justicia por envenenamiento

Que el caso no se dilate más y que se dicte justicia, es lo que esperan hoy las víctimas y familiares de los afectados en la audiencia por el envenenamiento masivo con el jarabe de la Caja de Seguro Social (CSS) contaminado con dietilenglicol.

Los afectados, que han esperado por 10 años para que se lleve a cabo este proceso judicial, señalan que no soportarán más que la misma se vuelva a aplazar, como ocurrió el pasado 14 de marzo.

Ese día el juez Luis Mario Carrasco suspendió la audiencia, luego de que el abogado Valentín Jaén, defensor de Josefa De La Cruz De Sedas, una de las imputadas, presentó un certificado médico de incapacidad.

La audiencia fue reprogramada para hoy a las 9:00 a.m., en el Segundo Tribunal Superior Penal de la Corte Suprema de Justicia. Hay 11 acusados, entre ellos, Ángel De La Cruz y Teófilo Gateno, directivos del Grupo Comercial Medicom, S.A., el exdirector de la Caja de Seguro Social (CSS) René Luciani, y la exjefa del Laboratorio de Producción de Medicamentos de la CSS, Linda Thomas.

De La Cruz fue el que importó la sustancia y Gateno financió la compra.

A ellos se les acusa de la supuesta comisión de delitos contra la salud pública, la fe pública y contra la vida e integridad personal.

Al menos 170 personas han fallecido y otras 8 mil han resultado afectadas desde 2006, cuando se dio a conocer públicamente que el jarabe, que había sido suministrado por la CSS, contenía dietilenglicol.

No obstante, forman parte del proceso 146 víctimas representadas por 84 abogados querellantes y otros 11 juristas que representan a los acusados.

JUSTICIA

Gabriel Pascual, presidente del Comité de Familiares y Pacientes por el Derecho a la Salud y a la Vida, dijo ayer que tiene muchas expectativas, pues espera una “justicia real”.

“Las pruebas demuestran que hay culpables... guardamos la esperanza de que todas las personas participen (… ) las partes deben entender y comprender que este es un proceso importante y especial, y que hay personas con secuelas de todas las edades, por lo que los delitos deben corroborarse y enfrentar la justicia”.

Agregó que ya no hay tiempo para que los culpables anden escondiéndose, y pidió a los abogados que dejen de dilatar el caso.

El abogado Antonio Vargas, que representa a cinco afectados en el proceso, indicó que muchas personas enfermas han viajado desde el interior del país para seguir de cerca la audiencia.

Por su parte, Pedro Montañez pidió al Órgano Judicial que no los revictimicen. “Queremos un juicio y eso es parte de la justicia que exigimos”.

Los primeros casos por el envenenamiento masivo con dietilenglicol se conocieron en 2006, bajo la administración del presidente Martín Torrijos.

Fue en 2003 cuando la Caja de Seguro Social (CSS) compró una sustancia reportada como glicerina pura, con la que elaboró el jarabe guayacolato y pastas para la piel, pero que finalmente se comprobó que no era glicerina, sino una sustancia venenosa llamada dietilenglicol, que es utilizada como refrigerante industrial no apta para el consumo humano.

LOS ACUSADOS, nadie detenido

En tanto, Carlos Carrillo, abogado del exdirector de la CSS René Luciani, dijo que espera que la decisión final sea congruente con lo ya resuelto por la Corte Suprema de Justicia, al declarar ilegal la detención que se había ordenado contra su cliente en mayo de 2007.

Fue el 31 de mayo de 2007, que el entonces fiscal superior Dimas Guevara ordenó la detención preventiva e indagatoria de los exdirectores de la CSS Juan Jované, Rolando Villalaz y René Luciani, quien además fue suspendido del cargo.

La fiscalía argumentó que las condiciones del laboratorio de medicamentos de la CSS ameritaban la intervención oportuna de cada director de turno de la entidad de seguridad social, y que ellos eran responsables por no hacer nada para evitar la contaminación del jarabe.

No obstante, en resolución del 29 de junio de 2007, el pleno de la Corte, bajo la ponencia del entonces magistrado Adán Arnulfo Arjona, resolvió declarar ilegal la detención de Luciani y ordenó su restitución inmediata como jefe de la CSS.

Posteriormente, quedaron sin efecto legal las medidas cautelares dictadas contra Jované y Villalaz.

En noviembre de 2012, la Corte cambió la medida de detención preventiva contra Ángel De La Cruz, quien era a esa fecha el único detenido en este caso.

La Corte le otorgó la medida cautelar de impedimento de salida del país y notificarse cada 15 días ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

De la Cruz estaba detenido desde febrero de 2007 en la cárcel de Tinajitas, por la supuesta comisión del delito de homicidio culposo tras la importación del tóxico dietilenglicol.

Mientras que Teófilo Gateno tiene medida de impedimento de salida del país y notificarse cada 15 días ante el Segundo Tribunal de Justicia.

El 10 de enero de 2012, el Tercer Tribunal Superior confirma el llamamiento a juicio de Luciani y otros, pero sobresee provisionalmente a los exdirectores de la CSS Jované y Villalaz.

ADVERTENCIA

Sin embargo, el magistrado Luis Mario Carrasco dejó claro la semana pasada, que si faltara alguno de los abogados de la defensa será sustituido por un defensor del Instituto de la Defensa Pública para asegurar que la audiencia se celebre.

A la audiencia solo se permitirá el ingreso de los magistrados, y los abogados defensores y querellantes.

Familiares de las víctimas y afectados volverán hoy a la Corte con pancartas y consignas a exigir justicia.

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