ENFOQUE

¿Imputación o acusación?

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OPINIÓN. El sistema penal acusatorio consta de tres partes. La fase de investigación, que empieza cuando el fiscal conoce de oficio, por denuncia o por querella, que se ha cometido un ilícito. Esta termina cuando el fiscal solicita al juez de garantías, una “audiencia de imputación” en la cual se vincula formalmente a la persona o personas investigadas al proceso.

La segunda, conocida como fase intermedia, empieza con la imputación y para la cual el fiscal tiene seis meses para concluirla. Puede terminar con una audiencia para declarar el sobreseimiento de la persona imputada o por medio de una “audiencia de acusación”. De darse este último supuesto la persona se transforma en acusada. En la última fase, la plenaria, es donde se determinará la culpabilidad o inocencia del acusado. Concluye, si hay culpabilidad, con una audiencia de fijación de pena. Esta última audiencia es innecesaria si se determina la inocencia del acusado.

¿Qué sucede en el caso de los diputados? Gracias a las modificaciones introducidas por la Ley 55 de 2012, se redujo el tiempo de investigación disponible para las causas penales que involucran a los diputados a dos meses calendarios. Existe la posibilidad de adicionar un mes, en caso de que el fiscal lo solicite y este último apruebe tal solicitud.

En la práctica, la situación producida por la “ley blindaje” es la eliminación de una parte de la primera fase del sistema penal acusatorio. Es decir, que si en un caso normal, el fiscal hace una investigación con la cual recoge suficientes evidencias para pedir la imputación de una persona, a partir de ese momento se le conceden seis meses para que termine su trabajo investigativo y pida la acusación. En el caso de los diputados, al fijarse el plazo especial, se obligó por los artículos 491A y 492, a que el magistrado fiscal remitiera la investigación para su calificación por parte del juez de garantías. Esa calificación solo puede ser de sobreseimiento o de acusación del diputado. Este es el resultado de la reforma que sufrió el Código Procesal Penal, y corresponde a la lógica de la intención de abreviar los plazos y los trámites con respecto a los diputados. Como este es un privilegio exclusivo de los diputados, los casos de los magistrados Alejandro Moncada y Víctor Benavides no son comparables.

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