TITULACIÓN GRATUITA DE 54 HECTÁREAS EN jUAN hOMBRÓN

Incertidumbre sobre tierras

Además de la larga lista de recursos aún pendientes, el director de la Anati dijo que no hay garantías de que se produzca la devolución.

No existe garantía alguna de que las 54 hectáreas en la costa coclesana de Juan Hombrón que la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) Anabelle Villamonte tituló gratuitamente, vuelvan a manos de la Nación.

Así lo informó ayer el administrador de la Anati, Franklin Oduber, en conferencia de prensa originalmente pactada en la playa de Juan Hombrón, pero que se celebró en su despacho debido al mal tiempo.

“No se puede pretender” que el Estado anule las 14 titulaciones, “ya que deben comprobar, al igual que otros, que su caso es el más fuerte” declaró Oduber, en referencia a otras reclamaciones legales de esta tierra.

El funcionario agregó que se trata de procesos judiciales, “que para nada se controlan”.

El pasado 9 de noviembre, el presidente, Ricardo Martinelli, declaró durante una sorpresiva intervención en el noticiero “La Última Hora” de TVN, que las 54 hectáreas regresarían a la Nación.

Once días después, el 23 de noviembre de 2011, el mandatario descalificó los terrenos en conflicto, asegurando que “no servían para nada... tienen un río detrás y hasta manglares”.

Ese mismo día, prometió que si tenía que enviar una ley a la Asamblea para que las tierras de Juan Hombrón no se le puedan adjudicar a nadie, lo haría.

Ahora, sin embargo, Oduber –que acompañó al mandatario en aquella aparición televisiva– insistió en que “los afectados tienen derecho a apelar”.

“Hay que ser respetuoso de la separación de poderes y nosotros no podemos pretender influenciar más allá”, añadió.

Retraso

Actualmente el proceso de recuperación de tierras se encuentra en etapa de resolución de los recursos de reconsideración e incidentes de nulidad (ver nota relacionada).

Oduber explicó ayer que, una vez concluya el proceso administrativo, los abogados de la Anati presentarán las pruebas para revocar las titulaciones, utilizando como sustento legal el artículo 62 de la Ley 38 de 2009.

Para ello, añadió, el Órgano Ejecutivo va a “instruir” al Procurador General para promover las acciones civiles que buscan cancelar las inscripciones de las fincas en el Registro Público.

Oduber dijo no saber si utilizarán un informe de la Autoridad Nacional del Ambiente citado por la fiscal Ruth Morcillo en su vista, y que determinó que las tierras eran inadjudicables por ser una zona de manglar.

Este documento, así como testimonios, peritajes, etc., fueron el sustento para que la fiscal pidiera el llamamiento a juicio de Villamonte que, sin embargo, fue absuelta por el juez Adolfo Mejía el 14 de junio pasado.

En su fallo, el juez Mejía ignoró completamente cuatro informes de los auditores de la Contraloría General que también determinaron que los terrenos eran inadjudicables, según lo establece el artículo 10 de la Ley 80.

Al respecto, Oduber comentó que el fallo del juez Mejía no tiene injerencia en el proceso administrativo que adelanta la Anati.

Agotadas todas las instancias, y una vez que los terrenos pasen al Estado, dijo el funcionario, los pescadores podrán seguir con sus actividades porque no habrá restricción de uso.

LETRERO en la playa

Mientras algunos pescadores que aseguran que vendieron legítimamente sus derechos posesorios pidieron al Gobierno que no anule las titulaciones, la Anati colocó en el sitio un gran letrero en el que anuncia las acciones que realiza la institución para recuperar las 14 fincas.

El anuncio que contiene el mismo mensaje de un comunicado de la Anati dado a conocer este martes 26 de junio en los medios impresos, se ubicó estratégicamente en los terrenos en disputa que se encuentran cubiertos de manglar (ver foto).

Oduber aseguró no saber que las tierras de Juan Hombrón estén en manos de sociedades anónimas pertenecientes a la familia del ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu.

El funcionario aseguró no haberse reunido con el ministro para hablar de los recursos interpuestos.

En diciembre pasado, Papadimitriu aceptó que estas tierras fueron adquiridas por sus padres a través de varias sociedades anónimas. Las sociedades fueron representadas en un inicio por Villamonte, que luego las tituló gratuitamente siendo directora de Catastro.

Controles

Un informe de enero pasado de la Contraloría determinó que lo sucedido con las tierras de Juan Hombrón, podría haber causado un perjuicio económico de $1.9 millón.

Oduber aseguró que tras lo sucedido y en vista de las observaciones hechas por la Contraloría, se están adoptando controles en los procesos de titulación.

Al ser cuestionado sobre los hallazgos encontrados en las auditorías internas a su llegada al cargo, dijo que “lo que buscamos es que las cosas se hagan bien y de acuerdo con la ley”.

Para ello, agregó, están contratando personal que les permita “estar seguros” de que las tierras se están titulando de manera correcta.

“Puedo garantizar que hoy día la Anati opera totalmente dentro del marco de la ley, con exactitud y honestidad”, recalcó.

Sin embargo, el funcionario no aclaró lo sucedido con el terreno que Villamonte tituló, por los mismos procedimientos, en Punta de Farallón.

Tampoco mencionó el terreno en Juan Hombrón titulado a nombre de Villamonte y cuyo expediente había desaparecido.

La disputa legal por las 54 hectáreas de tierra en Juan Hombrón

Hasta el momento, son 10 los recursos interpuestos ante tribunales de justicia y despachos gubernamentales contra las resoluciones que concedieron gratuitamente 54 hectáreas de tierra en Juan Hombrón, así como contra las resoluciones que las anularon.

De todas ellas, solo la denuncia de bien oculto presentada el 24 de noviembre de 2011 por la firma Weeden & Asociados, en representación de Sonia Álvarez, una de las reclamantes de estos terrenos, ha sido fallada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Mediante Resolución del 23 de mayo de 2012, el MEF rechazó esta pretensión sustentando que “No existen elementos suficientes para proceder con la apertura del proceso, ya que no se trata de bienes del Estado que estén en poder de particulares ante su adquisición en forma ilegítima..., sino cuya titulación fue otorgada bajo el amparo de la Ley 80 de 2009”, sostuvo el MEF.

Esta resolución destaca la relación de abogado y cliente entre Alvin Weeden, socio de la firma de abogados y Álvarez, lo que “permite presumir la utilización del procedimiento de la denuncia para satisfacer pretensiones ajenas al presente proceso...”. Sin embargo, aún está pendiente un recurso de reconsideración.

Previamente, en el año 2011, Álvarez presentó una queja ante el Juzgado Quinto Penal, al considerar un acto de ilegalidad la adjudicación hecha en 2007 de 35 de las 54 hectáreas que supuestamente le pertenecían a su familia. Este proceso se mantiene sin avance alguno.

También están pendientes de resolver tres demandas contenciosas de plena jurisdicción, presentadas en la Sala Tercera de la Corte Suprema en febrero de este año por el abogado Manuel Bernal, en representación de Ricardo Solís, que alega tener los derechos posesorios de 12 de las 54 hectáreas cedidas gratuitamente por la exfuncionaria Anabelle Villamonte.

Solís pidió el pronunciamiento de la Corte frente al “silencio administrativo” del director de Anati, Franklin Oduber, con relación a su petición de que se revoquen las resoluciones de adjudicación, y que las citadas 12 hectáreas sean traspasadas a su nombre.

Solís asegura que hace más de 20 años heredó de su padre –que fuera alcalde de la zona– los derechos posesorios de esas tierras. Por ello, solicitó que se revoquen las resoluciones con las que estas tierras fueron adjudicadas a las sociedades Brisas del Mar Pacífico, Corban Investment Corporation y Complete Properties.

Únicamente la demanda contra la sociedad Brisas del Mar Pacífico ha sido admitida, según confirmaron fuentes del Palacio de Justicia Gil Ponce.

Estas sociedades, por su parte, acudieron a la Corte para oponerse a la pretensión de Solís.

De igual forma, los abogados de las sociedades Hedecor Group. y Trapp Real Estate, actuales propietarias de las tierras en litigio, pidieron intervenir como terceros.

Otros recursos que aún no han sido fallados son las cuatro demandas ordinarias de oposición interpuestas entre julio y agosto de 2008 por los apoderados legales de la sociedad Hacienda Santa Mónica contra las adjudicaciones de terrenos ubicados en Antón, Coclé, y que fueron solicitados por un grupo de particulares, entre ellos Sonia Álvarez y las sociedades Inversiones Terracan S.A. y Bosco Emprendimiento S.A., que señalan haber comprado los derechos posesorios a 30 residentes del lugar.

Estas demandas todavía se encuentran en la fase de pruebas y la admisión de la intervención de terceros litigantes, indicaron fuentes judiciales.

Igualmente, como informó la Anati esta semana en un comunicado, las resoluciones que expidiera revocando las titulaciones fueron notificadas el 21 de noviembre de 2011 a quienes interpusieron recursos de reconsideración e incidentes de nulidad, aún por resolver. El comunicado de Anati añade que tras esos recursos puede presentarse una apelación y, agotados los recursos administrativos, el Ejecutivo deberá instruir al Procurador para que presente las acciones civiles para la cancelación de las inscripciones en el Registro Público.

JOSÉ OTERO

Comentarios

Los comentarios son responsabilidad de cada autor que expresa libremente su opinión y no de Editorial por la Democracia, S.A.

Por si te lo perdiste

Última hora

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Directorio de Comercios

Loteria nacional

16 Ago 2017

Primer premio

7 8 9 4

DBDC

Serie: 14 Folio: 7

2o premio

6122

3er premio

5195

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código

Caricaturas

Pon este widget en tu web

Configura tu widget

Copia el código