DONACIONES DEL ÓRGANO LEGISLATIVO

Indignación ciudadana por anomalías en la Asamblea

Sugieren que en 2019, los ciudadanos sepan bien a quiénes la van a dar el voto, y reiteran que dar donaciones no es tarea de los diputados.

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Son 70 diputados del Partido Revolucionario Democrático, Partido Panameñista, Cambio Democrático, Molirena y Partido Popular y una independiente. Son 70 diputados del Partido Revolucionario Democrático, Partido Panameñista, Cambio Democrático, Molirena y Partido Popular y una independiente.
Son 70 diputados del Partido Revolucionario Democrático, Partido Panameñista, Cambio Democrático, Molirena y Partido Popular y una independiente. Archivo

Representantes de la sociedad civil cuestionaron la actuación de diputados de la Asamblea Nacional, luego de que saliera a la luz pública que el Legislativo aprobó, con múltiples irregularidades, $14 millones en unas 4 mil gestiones de cobro de donaciones y $68 millones en unos 17 mil contratos.

Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, dijo que el tema denunciado por La Prensa “era un secreto a voces”, y consideró que los diputados se han apartado del rol para el que fueron elegidos. Por eso, acotó que en las elecciones de 2019 hay que preocuparse por conocer mejor al candidato.

“En las reformas electorales, nosotros introducimos el tema del voto informado. Cuando te informas de quién es la persona, cuáles son sus ideas, proyectos y planes, te vas vas a encontrar que el tema de regalar dinero y el hacer obras benéficas en favor de... no es el rol del diputado (...)”, indicó.

El excontralor Carlos Vallarino, por su lado, afirmó que los diputados tienen derecho a revisar el tema con la comisión creada para investigar las anomalías reveladas –integrada por los diputados Leandro Ávila, Yanibel Ábrego y Juan Carlos Arango–, pero si la Contraloría General de la República detecta que hay diputados involucrados, tiene que pedirle a la Corte Suprema de Justicia que investigue. Esto, luego de que se diera a conocer que el contralor Federico Humbert auditará las donaciones y contratos por servicios profesionales efectuados entre julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2016.

Contó que las donaciones estuvieron paralizadas “por mucho tiempo”. “En el tiempo mío (2007-2009), nosotros paralizamos toda partida que existía. No firmamos ninguna donación”, afirmó.

Añadió que esas partidas las asigna el Ministerio de Economía y Finanzas –a cargo de Dulcidio De la Guardia–, las aprueba el Gabinete –cuyo jefe máximo es el presidente Juan Carlos Varela– y después van a la Asamblea Nacional –Rubén De León es el presidente–, donde las convierten en ley. “O sea, que esto tiene su origen no solamente en la Asamblea, sino también en el Órgano Ejecutivo”, explicó.

El exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado tiene poca confianza en una probable investigación por parte de la Corte hacia los diputados.

“Tenemos un problema muy serio. Pareciera que las instituciones se estuvieran descomponiendo y desnaturalizando, con el agravante de que a la Constitución, concretamente en 2004, se le introdujeron normas que ponen a la Corte a investigar a los miembros de la Asamblea que cometan delitos y viceversa (...)”.

Recordó que cuando se advirtió que estaban creando una fórmula que lo que iba a hacer era paralizar las investigaciones, no les pusieron “ninguna atención”.

Otro que hizo referencia al papel de la Corte es el exmagistrado de ese tribunal Edgardo Molino Mola. El jurista dijo que le corresponde a la Corte investigar y juzgar a los diputados, pero que no lo puede hacer de oficio, sino a través de una denuncia.

“Lo que sí puede hacer el contralor es fijarse si en verdad [los documentos que mande la Asamblea] cumplen con los requisitos que establece la ley, y si él puede aprobar o no la operación administrativa que está haciendo la Asamblea. Pero, si tiene un aspecto criminal, él no se puede meter en eso. Le corresponde a la Corte investigar a los diputados, pero no puede investigar de oficio, tiene que haber una denuncia”, sustentó.

LAS PREGUNTAS

Mientras, el abogado Javier Yap Endara consideró que los ciudadanos se deben preguntar lo siguiente: ¿por qué un candidato se gastaría medio millón de dólares en campaña si no pretende recuperarlos en salario?, y ¿cómo les alcanza el salario para hacer todas las donaciones que hacen?

“Ahora empieza a salir a la luz la respuesta a esas preguntas, y como sociedad debemos decidir si esto es aceptable o si vamos a cambiar el sistema”, expresó.

“El Legislativo tiene secuestrado el Estado panameño. Secuestra la justicia cuando ellos mismos pueden constitucionalmente enjuiciar a los únicos que lo pueden enjuiciar a ellos, la Corte. Secuestran al Ejecutivo y a la Contraloría cuando condicionan su deber de legislar a cambio de hacerse la vista gorda en estos contratos y donaciones. El balance de poder se ha convertido en el abuso de poder”, añadió el nieto del expresidente de la República Guillermo Endara (1989-1994).

Quien también se pronunció sobre el asunto fue la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), entidad a cargo de Angélica Maytín Justiniani. En un comunicado, la Antai considera que las donaciones que hacen los diputados con fondos de la Asamblea se deben eliminar. También solicitó a la Corte que inicie procesos de investigación “a todo aquel que haya realizado donaciones de forma fraudulenta y sancione a quien haya cometido una irregularidad con los activos del Estado”.

EL DEFENSOR

El defensor del Pueblo, Alfredo Castillero Hoyos, también se pronunció. Luego de explicar que por el ámbito de su competencia no puede dar recomendaciones al Legislativo, al Judicial y al Ministerio Público, manifestó que, de modo general, “la tutela efectiva de los derechos humanos se contrapone a la corrupción”.

Citó un informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, según el cual la corrupción afecta el cumplimiento pleno de los derechos humanos desde el ámbito civil, político, económico, social o cultural.

Dijo que compete realizar las auditorías pertinentes para que luego las autoridades competentes adelanten las investigaciones “ágiles, eficaces y transparentes, para identificar y sancionar a los responsables de actos de corrupción, y así recuperar los fondos pertenecientes al Estado, si fuera el caso”.

Aparte de las irregularidades detectadas en las donaciones y contratos por servicios profesionales, este medio también documentó que diputados no solo transfieren fondos a juntas comunales y municipios, tal como se denunció en el gobierno pasado, sino que también lo hacen a favor de agrupaciones deportivas y organizaciones no gubernamentales, a través de donaciones que también llegan incompletas a su destinatario. De hecho, unos $400 mil en donativos fueron refrendados para oenegés y agrupaciones deportivas lideradas por diputados en los últimos 20 meses.

COLABORARÁN

En tanto, la Dirección de Comunicación de la Asamblea informó a través de un comunicado que las diferentes bancadas que conforman el Legislativo se reunieron ayer sábado para debatir las medidas que tomarán para afrontar el asunto.

La nota indica que los diputados están dispuestos a colaborar para que los auditores de la Contraloría puedan realizar su trabajo. “Se decidió que el lunes 13 de marzo, a partir de las 8:00 de la mañana, la Asamblea esperará la llegada de los auditores”, dice el comunicado.

Agrega, además, que la propia Dirección de Comunicación del Legislativo informará a través de los medios y redes sociales “todo lo relativo a esta investigación que se tiene que desarrollar en un ambiente de plena transparencia”.

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