‘Informe de la UAF no es prueba idónea’: Corte

En 2011, Pedro Miguel González fue acusado de blanqueo de capitales al obtener dinero de empresas de familiares que recibieron contratos en el gobierno.

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Pedro M. González, diputado de la Asamblea. Pedro M. González, diputado de la Asamblea.
Pedro M. González, diputado de la Asamblea.

El informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) no constituye prueba idónea que vincule al diputado del Partido Revolucionario Democrático, Pedro Miguel González, con el delito de blanqueo de capitales.

Así lo concluyó el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un fallo del 31 de marzo pasado, en el que se decidió no admitir la investigación contra González y se ordenó el archivo del expediente.

El proceso se inició el 7 de junio de 2011, basado en un informe de la UAF que determinó que González recibió dinero de empresas de familiares que obtuvieron contratos directos en entidades en el gobierno de Martín Torrijos (2004–2009). Este expediente estuvo a cargo de la Fiscalía Segunda Anticorrupción.

Pero el 11 de febrero de 2014, el Segundo Tribunal anuló el expediente desde que comenzó, debido a que la fiscalía llevó a cabo la investigación sin solicitar el levantamiento del fuero de González.

Una vez González fue electo diputado en la provincia de Veraguas, la fiscalía envió [26 de mayo pasado] el expediente a la CSJ, la competente para investigarlo.

La resolución del 31 de marzo de 2015, con la ponencia del magistrado Abel Zamorano, explica que, debido a que el Segundo Tribunal decretó la nulidad del expediente, lo que correspondía era decidir la admisión del proceso en base al informe de la UAF, fechado el 20 de mayo de 2011 y que es el único documento con validez.

De acuerdo con Zamorano, el solo hecho de que se mencione a un diputado en un informe no implica que se deba enviar el expediente de inmediato a la Corte sin antes corroborar con pruebas su vinculación.

“La lectura del informe en mención nos permite ponderar la carencia de argumentos suficientes para iniciar el curso de una investigación penal”, detalla el fallo al que este medio tuvo acceso.

Argumentó que el informe no es un elemento idóneo para iniciar una investigación penal, ya que se trata de un documento informativo.

“Ellos demandaban de parte del Ministerio Público la labor de adelantar la investigación hasta el momento en que surgieran elementos de vinculación contra el diputado”, señaló.

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