compras en época electoral

Injustificado gasto en equipos antidisturbios

Semanas antes de las elecciones, el gobierno de Ricardo Martinelli adquirió 91 mil bombas lacrimógenas con sus lanzadores, 576 mil proyectiles plásticos de gas pimienta, 53 mil cartuchos de impacto, calibre 12, y gas irritante, por un valor de $24 millones para proveer al SPI y a la Fuerza Pública.
A mediados de 2010 se produjeron violentas protestas en Bocas del Toro contra la Ley 30, bautizada como ‘ley chorizo’. El hoy exministro Roberto Henríquez reveló que enfrentaron esa crisis con bombas que les prestaron Honduras y Colombia. LA PRENSA/Archivo. A mediados de 2010 se produjeron violentas protestas en Bocas del Toro contra la Ley 30, bautizada como ‘ley chorizo’. El hoy exministro Roberto Henríquez reveló que enfrentaron esa crisis con bombas que les prestaron Honduras y Colombia. LA PRENSA/Archivo.
A mediados de 2010 se produjeron violentas protestas en Bocas del Toro contra la Ley 30, bautizada como ‘ley chorizo’. El hoy exministro Roberto Henríquez reveló que enfrentaron esa crisis con bombas que les prestaron Honduras y Colombia. LA PRENSA/Archivo.

La armería del Servicio de Protección Institucional (SPI) –grupo que protege al Presidente de la República, y quien, además, le asigna funciones– tuvo un día agitado el 13 de marzo de este año. Faltaban pocas semanas para las elecciones del 4 de mayo, que por entonces nadie en el Gobierno anticipaba como violentas.

Ese día empezaron a ingresar al depósito de la institución centenares de armas y equipos antidisturbios, compras estas inusuales, entre otras cosas, porque su volumen era extravagante.

Por ejemplo, allí se almacenaron 65 mil granadas lacrimógenas y sus lanzadores; 324 mil proyectiles para armas que usan municiones “pepperball” (de pimienta, que producen, además de un doloroso impacto, ardor e irritación); mil luces de bengala; 900 máscaras antigás con filtro; 5 mil granadas de humo de colores; mil 150 cascos de control de multitudes y más de mil chalecos tácticos, solo por mencionar algunos ( ver infografía).

Todos los pertrechos fueron comprados para uso del SPI, pese a que rara vez sus unidades han tenido que enfrentar disturbios o manifestaciones violentas. En consecuencia, la armería del SPI parece ahora un gigantesco supermercado de armas y municiones.

¿Qué funcionario ordenó semejante compra?

Al menos en papel, la adquisición fue hecha por uno de los conspicuos líderes de la hoy desaparecida Cruzada Civilista: Roberto Henríquez, quien en tiempos de la dictadura militar conoció muy bien los efectos del gas lacrimógeno y pimienta, y vio las heridas que producen en las víctimas las escopetas de perdigones.

Pero en su rol de ministro de la Presidencia del gobierno de Ricardo Martinelli –una de cuyas dependencias es justamente el SPI– firmó, al menos cinco contratos por la suma de casi 15 millones de dólares, en un lapso de seis meses, para comprar esta cantidad de armas y municiones que, según conocedores del tema, no hay precedentes, ni siquiera en aquella aciaga época, abundante en manifestaciones y disturbios.

COMPRA FRACCIONADA

Esta pudo haber sido una sola compra, pero fue fraccionada en cinco contratos que Henríquez empezó a firmar a mediados del año pasado ( ver facsímiles).

El beneficiario fue un grupo empresarial que lidera Félix Fallabella, uno de los principales proveedores de pertrechos de los estamentos de seguridad del Estado, así como del conocido Programa de Ayuda Nacional (PAN).

Y mientras Henríquez se gastaba 15 millones de dólares en equipos y municiones, el Ministerio de Seguridad Pública –bajo el mando de José Raúl Mulino– destinaba otros 9 millones de dólares con los mismos propósitos.

Mulino compró 31 mil granadas lacrimógenas; 276 mil proyectiles de polvo de pimienta; 18 mil 500 cartuchos de impacto, calibre 12; mil 550 cascos de control de multitudes e igual cantidad de equipos antimotines completos. La lista de pertrechos, como es de suponer, es mucho más larga.

Y a pesar de que fue una compra menor a la del Ministerio de la Presidencia, armas y municiones debieron ser repartidas entres los otros tres estamentos de seguridad: Policía Nacional, Servicio Nacional Aeronaval y Servicio Nacional de Fronteras.

En suma, –en menos de un año, en la víspera del término del mandato presidencial de Martinelli y de unas elecciones que el Gobierno anticipaba pacíficas– la administración pasada se gastó 24 millones de dólares en equipos de control de multitudes, el equivalente –nada menos– a lo que costaba el frustrado proyecto de construir el hospital pediátrico de Veraguas, que le prometió a Martinelli su amigo, el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi.

¿Por qué comprar tanto y en tan poco tiempo?

“El orden público en un sistema democrático es fundamental, si no, hay anarquía”, fue la justificación que hizo el entonces ministro Mulino al millonario contrato que firmó con una de las compañías de Fallabella ( ver La Prensa del 10 de agosto de 2013).

Esta compra del Ministerio de Seguridad Pública encendió muchas alarmas. El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato), por ejemplo, advirtió que el gobierno de Martinelli tenía en su agenda “violar” las leyes electorales, de lo contrario, no se estaría preparando para reprimir a las clases populares.

¿Tenía el gobierno de Martinelli algún informe de inteligencia sobre posibles desórdenes en el torneo electoral que ameritaba esta compra?

Roberto Henríquez ni lo afirma ni lo niega. Dijo que estos pertrechos se compraron un año antes de las elecciones y los justificó arguyendo que los inventarios de control de multitudes estaban muy bajos y hasta agotados.

“Es bastante obvio y reconocido que nuestro gobierno [Cambio Democrático] estaba optimista en poder repetir en las elecciones de 2014. Siempre confiamos en que nuestro pueblo es de gente pacífica y que ejercería su voto de manera cívica. Los pertrechos se adquirieron en aras de contar con los recursos para ejercer las labores de seguridad propias del SPI”, expresó Henríquez.

AYUDA INTERNACIONAL

También explicó que por entonces no había bombas lacrimógenas en el país y que Panamá tenía una deuda de este producto con Colombia y Honduras. Ambos países abastecieron a la Policía a mediados de 2010 (tres años antes de la citada compra) para enfrentar las protestas de los obreros en rechazo a la Ley 30, conocida como “ley chorizo”.

Dichas manifestaciones dejaron dos muertos, 700 heridos –40 de estos policías– y 67 personas por perdigones en los ojos, 2 con pérdida total de visión.

Pero la alegada deuda de bombas lacrimógenas con Colombia y Honduras no consta en los archivos del SPI, reveló un directivo de esta institución.

HENRÍQUEZ JUSTIFICA

Cada contrato –de poco menos de 3 millones de dólares– contó con el beneplácito de la contralora, Gioconda Torres de Bianchini, monto máximo que podía autorizar Henríquez.

El primero en alertar sobre esta compra, que calificó de “innecesaria”, fue el presidente Juan Carlos Varela, cuando el pasado 7 de agosto reprochó el refrendo de estos contratos, haciendo hincapié en la compra de 60 mil granadas lacrimógenas y mil uniformes para la “guardia presidencial”.

Ese mismo día, el director de la Policía Nacional, Omar Pinzón, dijo que “esos recursos pudieron utilizarse para habilitar muchas estaciones de Policía que requieren mejorarse”, resaltando que Panamá no requiere de tantas bombas lacrimógenas.

Henríquez aclaró que son seis –y no cinco– los contratos repartidos entre tres compañías del mismo grupo empresarial, y que contienen 46 productos distintos por valor de casi 15 millones de dólares, de los cuales, 3 millones de dólares corresponden a bombas lacrimógenas.

“Las declaraciones de algunos voceros del nuevo Gobierno, en el sentido de que nuestro gobierno compró 15 millones en bombas lacrimógenas, están totalmente equivocadas”, comentó Henríquez.

BURLAN NORMATIVA

La Ley 22 de Contrataciones Públicas establece en su artículo 22 que: “No se podrá dividir la materia de contratación en partes o grupos, con el fin de que la cuantía no llegue a la precisa para la celebración del acto público que corresponda. En caso de existir división de materia, la adjudicación será nula, y al servidor público infractor se le impondrán las sanciones legales correspondientes”.

Pero esta norma, según la contralora, no se puede aplicar a los contratos suscritos por Henríquez con las compañías de Fallabella. Es “seguridad nacional”, se apuró en justificar la funcionaria.

Frente a cada caso sospechoso, la frase aflora. Así, además de ocultar las especificaciones técnicas, se esconde el precio de los equipos. Si se divulga –alegan– “se puede comprometer la seguridad nacional”.

Así ocurrió, por ejemplo, en la compra de los radares de Finmeccanica, cuyas especificaciones no sirven para los propósitos contratados.

“El concepto de seguridad nacional limita a la Contraloría, porque no podemos decir nada porque es seguridad nacional y eso se ve en el Consejo de Gabinete”, dijo la jefa de fiscalización de las finanzas públicas el pasado 19 de agosto en su comparecencia ante la Asamblea Nacional.

Pero lo que en realidad no es aplicable a los contratos firmados por Henríquez es justamente este argumento.

La contralora olvidó que ninguno de esos contratos fue a Gabinete. Fueron compras fraccionadas que no superaron los 3 millones de dólares en ningún caso. El artículo 44 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas señala que: “Si el valor real es superior a los 3 millones de dólares se requerirá autorización del Consejo de Gabinete”. De ahí que no fueron consideradas por los ministros, pues no superaron ese monto, y Henríquez pudo firmar los contratos.

FALACIAS

Por estas inconsistencias, la diputada independiente Ana Matilde Gómez cuestionó a la contralora ante el pleno de la Asamblea Nacional. ¿El SPI es seguridad nacional?, le preguntó.

Tras consultar a su equipo de asesores, la funcionaria respondió: “Así lo declaró el Consejo de Gabinete. Estas compras se hicieron por el Consejo de Gabinete”.

“Haga la investigación, de tal manera que usted, señora contralora, no quede enredada en una compra que tal vez también abusaron de su buena fe”, le aconsejó la diputada.

OTRO NEGOCIO RENTABLE

Los contratos –adjudicados a las compañías Ultratech International Enterprises, S.A. e Inmunex, S.A.– establecen un pago anticipado al proveedor del 40% del monto del contrato una vez sean refrendados por la Contraloría. Es decir, cuando Torres de Bianchini dio su beneplácito a cada contrato, el proveedor debió cobrar 1.2 millón de dólares sin haber hecho un solo aporte de la compra.

El 60% restante debió ser cobrado tras la firma del acta de aceptación final de los productos, previa presentación de facturas, mediante el formulario de gestión de cobro al Tesoro Nacional.

El primer contrato fue refrendado por la contralora el 2 de abril de 2013 a Ultratech International Enterprises, S.A., cuyo representante legal es Abel Villarreta González. El monto del contrato fue de 1.5 millón de dólares, y en el documento quedó pactado que el Ministerio de la Presidencia podía ordenar pruebas a los productos adquiridos.

Dos meses después –el 19 de junio de 2013– Henríquez volvió a otorgar un contrato directo similar a la misma compañía por 2.9 millones de dólares. Este contrato también fue refrendado por la contralora, que no hizo ninguna observación, pese a que el Ministerio de la Presidencia estaba adquiriendo equipos semejantes al mismo proveedor.

En septiembre de 2013, Henríquez volvió a firmar otro contrato para adquirir 35 mil bombas lacrimógenas. En esta ocasión, la compañía beneficiada –por casi 3 millones de dólares– fue International Munitions & Explosives, S.A. (Inmunex), representada por María Napolitano. Esta compañía pertenece al grupo empresarial de Fallabella.

Las contrataciones siguieron el 23 de octubre de 2013, cuando el Ministerio de la Presidencia adjudicó otro contrato directo a la compañía Inmunex –por la suma de 2.9 millones de dólares– para comprar equipos de represión y seguridad para el SPI.

Seis días después, Henríquez volvió a otorgar otro contrato al mismo grupo empresarial con el mismo fin: adquirir equipos de represión por casi 3 millones de dólares.

De hecho, los contratos tienen una sintaxis muy parecida o igual, como en este caso, que en su cláusula primera, todos dicen: “El contratista se compromete a suministrar, transportar y entregar al Ministerio de la Presidencia productos e implementos de equipos de seguridad para uso del SPI...”.

Dos semanas después de estas compras, Panamá recibió la visita del vicepresidente de Estados Unidos, John Biden, quien reafirmó el interés de Washington de que las elecciones del 4 de mayo pasado se realizaran con la “normalidad y la transparencia democráticas” para evitar que una alteración electoral impacte en el desarrollo económico del país.

Las palabras del Vicepresidente estadounidense parecen haber sido una señal al Gobierno de Panamá, agitada antes y entonces por temores y denuncias públicas de amagos reeleccionistas. Señal o no, las compras del Ministerio de la Presidencia, a partir de ese momento, cesaron.

CRITERIO TÉCNICO

Henríquez reveló que fueron los directivos y especialistas del SPI los que determinaron el criterio técnico de las compras de pertrechos antidisturbios, con base a las necesidades de la institución.

“El SPI es autónomo e independiente del Ministerio de Seguridad. Es una institución subordinada al Ministerio de la Presidencia y su presupuesto y compras son independientes”, sostuvo, al tiempo que agregó que las compras se hicieron por partidas extraordinarias en la medida que el Ministerio de Economía y Finanzas dotaba de fondos al SPI.

“No es costumbre que el SPI canalice sus compras a través del Ministerio de Seguridad. Lo que sí puede ocurrir es que una institución preste a otra productos en caso de necesidad coyuntural de lo que tenga en inventario”, puntualizó.

La Prensa hizo ingentes esfuerzos para entrevistar a Fallabella sobre estas ventas millonarias y conocer si el Gobierno le pagó, pero no respondió.

COMPRA FRACCIONADA. . En un lapso de seis meses, el exministro de la Presidencia Roberto Henríquez firmó al menos cinco contratos directos con compañías vinculadas con Félix Fallabella para proveer al SPI de productos de control de multitudes. A la fecha, no se ha cancelado la totalidad de los casi 15 millones de dólares.

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