FISCALÍA DE DESCARGA DE HERRERA SE TRASLADA A TIERRAS EN BOQUERÓN

Inspeccionan fincas en litigio

Se trata del proceso que se sigue al pastor de la iglesia evangélica Hossana Cleotaldo Edwin Álvarez, por la supuesta apropiación de terrenos.

A las 10:12 a.m. de ayer jueves 29 de agosto, personal de la Fiscalía de Descarga de Herrera practicó junto con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) una diligencia judicial que tenía por objeto determinar quién ocupa las fincas 33252 y 33253, en la provincia de Chiriquí.

Las fincas, situadas al borde de la carretera Interamericana, en la intersección que conduce hacia Boquerón y Alanje, fueron tituladas en 1993 por Alberto Sittón Ríos, y se encuentran en medio de un litigio legal por la supuesta inscripción fraudulenta –10 años después de la muerte del propietario original– de al menos siete traspasos e hipotecas en el Registro Público, los cuales llevaron la propiedad de las fincas de manos de personas naturales a sociedades anónimas vinculadas con el pastor de la Iglesia evangélica Hossana, Cleotaldo Edwin Álvarez, su esposa y su hija, en el año 2010.

LA INSPECCIÓN

A la diligencia, fijada para las 9:00 a.m., acudieron cuatro funcionarios del MEF y dos representantes de la fiscalía de Herrera.

En el lugar también estaba el topógrafo Alcibiades Romero, exdirector de Catastro de Chiriquí y Bocas del Toro, que fue llevado por la familia Sittón para corroborar los linderos.

José María Lezcano, abogado de la familia Sittón, explicó que la diligencia se hizo, porque quienes representan a Álvarez alegaron la posesión material, algo que es totalmente falso, porque las dos fincas en litigio forman parte de un globo de terreno de unas 200 hectáreas en las que existe una explotación agropecuaria desde hace varias décadas y muchas de las cuales son propiedad de la familia desde principios del siglo XX.

La afirmación de Lezcano es consistente con las declaraciones que ofreció Otto Cubilla, quien dijo tener 10 años de trabajar como capataz de las dos fincas. El trabajador aseguró que nunca ha visto allí a más nadie que a Ricardo Sittón.

A la diligencia, que terminó pasadas las 4:00 p.m. y que fue encabezada por Marta Rubiela De León, en representación de la fiscalía de Herrera, también llegó Ricardo Sittón.

´VAMOS A LUCHAR´

El ganadero Ricardo Sittón dijo que la situación es embarazosa, que no conoce al pastor ni a ninguna de las personas involucradas en el despojo de sus fincas; y agregó que luchará para que este litigio se deslinde.

En un lenguaje propio de su actividad, Sittón dijo que en ganadería es ladrón tanto el que roba como el que compra la res, y lamentó que Álvarez no hubiera tenido la capacidad de acercarse a arreglar el problema.

“Se habló mucho de que el pastor tiene y tiene. Nosotros no tenemos ese poder económico, pero mi papá donó parte de las tierras del materno infantil [José Domingo De Obaldía], las del hospital regional [Rafael Hernández] y donde está la universidad [Autónoma de Chiriquí], como una contribución a la Nación, y eso tampoco significa que podamos hacer lo que queramos. Les tocará a las autoridades decirnos qué está pasando en el país”, recalcó Sittón.

El traspaso fraudulento de las propiedades fue descubierto a principios de 2011 por el abogado de la familia, e inmediatamente se interpusieron las primeras acciones legales.

Por un tema de jurisdicción –lugar donde se cometió el delito primario–, el Ministerio Público consideró que la investigación debía comenzar en Herrera, donde se habría cometido el primer fraude, ya que es en la regional de Herrera del Registro Público donde se inscribieron, en febrero de 2010, las supuestas ventas de las fincas por parte del Alberto Sittón Ríos, muerto el 27 de abril de 2000, según consta en el certificado de defunción.

PELIGRO

El abogado José María Lezcano fue contundente al referirse a los riesgos que se ciernen sobre el país si no se esclarece la situación que existe con las fincas de la familia Sittón y se actúa conforme a la ley.

El primero de ellos tiene relación con haber enviado de vacaciones a la fiscal de descarga que estaba atendiendo la investigación y que había ordenado las indagatorias y las medidas cautelares sobre los imputados, lo que lesiona el principio de independencia judicial que tiene por objeto que los juzgadores no sean presionados en el ejercicio de sus funciones.

Lo segundo, destacó Lezcano, es que utilizando el criterio de buena fe [que alega el pastor Álvarez que imperó en la compra que hizo de las tierras] venga la anarquía. ¿Por qué? “Porque aquí cualquiera entonces va al Registro Público, hace un fraude, y empieza a traspasar las fincas una y otra vez, y el que últimamente las recibe va a alegar buena fe. Entonces, aquí no va a haber respeto a la propiedad. Estamos en una situación sumamente peligrosa para la economía del país y para el principio de propiedad privada”, apuntó.

Lezcano recalcó que en estos traspasos no se hizo ningún documento, que sencillamente en el Registro Público el funcionario operó el sistema e hizo el traspaso. Es más, aseguró que el caso de los Sittón no es el único que se ejecutó con este modus operandi; que un informe de los departamentos de seguridad indica que hay 20 casos iguales en el país.

Los documentos a los que se refiere el abogado son las tres escrituras públicas [1732 del 31 de marzo de 1998, y la 759 y 760, ambas del 26 de enero de 1998] contentivas de los supuestos contratos de compra venta que amparan el cambio de propietario de las fincas [de Alberto Sittón Ríos a Alvaro Villanueva Vengoechea y, posteriormente a Alvaro Philides Denham].

Precisó que estas escrituras, aunque están hechas en papel notarial, tienen el sello de la Notaría Cuarta de Circuito de Panamá y la firma de Enrique Bernabé Pérez dando fe de que conoce a las personas y estaban presentes durante la transacción, no aparecen en el libro de registro, tal como lo señaló el 24 de junio de 2010 el notario Jaime Eduardo Guillén Anguizola.

En cuanto al papel que jugó el Registro Público ante la situación que se presentó con estas fincas, Lezcano manifestó que tan pronto se percataron del fraude pidieron al registrador que pusiera una medida cautelar administrativa para que parara la utilización de las fincas, y el registrador la negó.

“Le dijimos al registrador en ese momento que no había documentos que legalizaran el traspaso; el Registro Público nunca lo hizo y eso dio base a que se hicieran los otros traspasos que hizo el pastor a las otras sociedades”, indicó.

Los traspasos a los que hace alusión involucran a la Asociación Cristiana de Comunicación, Nextel Comunicaciones, S.A., Ocean Cermeño, S.A. y Sociedad Iberia Film Panamá Corporation. En las sociedades hay nombres de directivos que se repiten, y en el caso de Cleotaldo Edwin Álvarez aparece como presidente director de Asociación Cristiana de Comunicación y en 2004 fue presidente director de Iberia Film Panamá Corporation, en donde hasta este mes tiene poder general, según consta en los registros oficiales.

Ante todos estos señalamientos, el pastor ha insistido en que actuó de buena fe y que está dispuesto a devolver las fincas en litigio.

Productores también acusan

Willo Pittí es uno de los pequeños productores de hortalizas que junto con otras 28 familias que trabajan y habitan en Las Nubes, fueron desalojados hace dos años, porque la fundación Cielos Abiertos, Hodah Holding y Oros de Ofir (de las que el pastor Cleotaldo Edwin Álvarez forma parte) adquirió las tierras que por tantos años ocuparon.

Pittí señaló que la orden de lanzamiento fue archivada en la Alcaldía de Bugaba, porque cuando se hicieron los peritajes, los abogados que representaron a esas fundaciones no pudieron ubicar las fincas que compraron, lo que denotó que nunca acudieron al área para efectuar la compra-venta y se trata de una “finca fantasma”, la 2096. “La compra de buena fe aquí es que nos tienen en un limbo jurídico”, expresó.

En 2011 acudieron funcionarios de la Defensoría del Pueblo y Fabio Franceschi, funcionario sustanciador de la Autoridad Nacional de Tierras de Chiriquí (Anati), quien en ese momento expresó que el problema se basaba en que unas 33 personas, que poseen tierras en Las Nubes, fueron sorprendidas meses atrás por una persona que alegaba tener títulos de propiedad sobre la posesión que ellos ya tenían.

En ese instante, la abogada Sandra Loteau, representante de la Fundación Cielos Abiertos, dijo que habían sido timados cuando compraron los terrenos, pues observaron que había una buena oferta de compra de las tierras, pero desconocían que dentro de la misma había todo “un pueblo”.

Por esa razón, los abogados de Hodah Holding y Cielos Abiertos suscribieron un acta de conciliación frente al alcalde de Bugaba, Joaquín Castillo, con la que desistieron de los procesos de lanzamiento contra los productores, aunque están a la espera de una indemnización por parte del vendedor.

Pese a que a algunos de los productores afectados se les devolverá el lote de tierra, a Diógenes Castillo, Leovigildo Atencio y otros, que no tuvieron el dinero necesario para pagar un abogado que interpusiera un recurso de prescripción adquisitiva de dominio, la abogada Loteau les dijo por teléfono que no se les podrá arreglar el estatus legal de su lote.

“Cuando llegamos aquí esto era rastrojo y montaña. Ahora que producimos lechuga, repollo y otras hortalizas a baja escala, estamos en un limbo jurídico”, se quejaron.

Flor Bocharel Q.

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