ADVIERTEN DE PELIGROS EN ELECCIONES

Institucionalidad, en peligro

Apede solicitó la renuncia de los magistrados de la Corte que firmaron el fallo que anuló una decisión del Tribunal Electoral.

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La decisión de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de suspender un fallo del Tribunal Electoral (TE), además de violar la Constitución, refleja la crisis institucional que existe en Panamá, según afirmaron varios juristas del Colegio Nacional de Abogados (CNA).

“En cualquier país del mundo que se fundamente sobre las bases de un Estado de derecho, este hecho produce una crisis institucional. No es posible que una sala que integra la CSJ, que es la guardiana de la Constitución, esté violando la propia Constitución. Es un contrasentido”, afirmó Ítalo Antinori, presidente de la comisión de derecho constitucional de este gremio.

De acuerdo con Antinori, el manejo que ha tenido la CSJ amerita una revaluación de la estructuración de este órgano, al igual que la forma cómo se designan a sus magistrados. “La CSJ ni ninguna de sus salas puede ser instrumento para favorecer a determinado grupo ni para perseguir a una persona por desavenencias políticas. Falta una transformación de Estado”, dijo.

Así mismo opinó César Ruiloba, expresidente del CNA, quien señaló que en Panamá hay un claro abuso de poder. “Necesitamos compromisos de cuidar las instituciones”, sostuvo.

PRECEDENTE NEFASTO

“La actuación de la Sala Tercera (...) constituye una peligrosa y descarada intervención en el sistema electoral panameño, que nos revela el riesgo que enfrenta el país en cuanto a que el próximo proceso electoral pudiera resultar [en] unos comicios electorales sesgados y manipulados para favorecer a determinados intereses, lejos de ser un proceso imparcial, justo y democrático”. Así calificó la decisión de la Sala Tercera el CNA en un comunicado firmado por su presidente, José Alberto Álvarez.

Además, el documento advirtió que este precedente “abre las puertas para posteriores interpretaciones que pudiera hacer la Sala Tercera por encima de las decisiones del TE”.

Carlos Herrera Morán, secretario general del CNA, expresó que hay una injerencia del magistrado Alejandro Moncada Luna (ponente en el fallo) “que le hace el favor al jefe del Órgano Ejecutivo [Ricardo Martinelli] de arrebatarle al país la tranquilidad de unas elecciones transparentes”.

“No vamos a descansar hasta que estos magistrados que se prestan a corruptelas salgan de la CSJ”, añadió Herrera Morán, quien advirtió que la próxima semana harán llamados a distintos gremios a movilizarse.

DOCUMENTO POLÉMICO

El pasado domingo 31 de octubre, la Sala Tercera de la CSJ anuló la decisión del TE de suspender una cuña televisiva del movimiento Panamá Avanza contra el candidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático, Juan Carlos Navarro, por considerar que violaba el derecho de libertad de expresión. Alejandro Moncada Luna, presidente de esa corporación, fue el ponente del caso.

“En ningún lugar se le violan derechos humanos a una asociación”, dijo Antinori, quien también cuestionó las firmas que aparecen en el fallo. Además de la rúbrica del presidente de la CSJ, Alejandro Moncada Luna, como magistrado ponente, en el fallo aparecen las de los magistrados suplentes Gabriel Fernández y Efrén Tello, quienes firmaron porque la gran mayoría de sus colegas se encontraba de licencia por viajes al extranjero, vacaciones o por incapacidad médica, según informaron fuentes del Palacio de Justicia Gil Ponce.

Explicaron las fuentes que Fernández, quien es el suplente oficial de Ayú Prado y que pertenece a la Sala Penal, participó también de este pleno debido a que fue designado para reemplazar a Víctor Benavides, miembro de la Sala Tercera y quien se encontraba en un Congreso en Perú; su suplente oficial, Nelly Cedeño de Paredes, estaba incapacitada.

PIDEN RENUNCIA

En el marco de esta polémica, ayer la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) pidió la renuncia de los magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la CSJ.

A través de un pronunciamiento público, el vicepresidente de este gremio, Héctor Costes, calificó la acción de la Corte como una injerencia. “En vista de que se han atribuido funciones exclusivas del Tribunal Electoral, poniendo en duda la institucionalidad, consideramos oportuno que presenten sus renuncias a los cargos que ostentan”, fustigó.

Costes también consideró que la acción tomada por la Sala Tercera es una muestra de la crisis de institucionalidad que vive el país.

Por esta situación, a nombre de Apede, Costes solicitó a la Asamblea Nacional procesar las denuncias ciudadanas que se presenten en esta instancia para “tomar acciones en contra de los responsables de cualquier trasgresión a la Constitución y las leyes”.

“Ni a la Corte ni a sus salas les es dable admitir amparos ni tampoco lo atinente al recurso contencioso administrativo de protección de los derechos humanos, que traten sobre materia electoral”, afirmó.

CLAMOR INTERNACIONAL

Además de las críticas de gremios y políticos panameños, la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) cuestiona el fallo de la Sala Tercera de la Corte y le pidió a la Organización de los Estados Americanos (OEA) tomar en consideración este hecho.

“Esta decisión de la CSJ, hoy controlada por el Gobierno panameño, sienta un precedente peligroso para la estabilidad y seguridad jurídica de las elecciones generales del 4 de mayo de 2014, ya que por esta vía se podría revisar, intervenir o modificar cualquier decisión vigente en materia electoral, entre ellas la eventual reelección inmediata del actual presidente [Ricardo] Martinelli, concluyó la organización.

SITUACIÓN CRÍTICA

En tanto, el exdirigente de la antigua Cruzada Civilista Aurelio Barría advirtió que la población debe estar lista y alerta para salir a las calles a defender la democracia como lo hizo en contra de la dictadura militar.

“Esta es una clara intromisión de la CSJ, que está controlada por el Ejecutivo y que a través de ese vehículo pretende inmiscuirse en temas electorales que no son de su competencia para poder dirimir en un futuro cualquier situación”, sostuvo.

Jonathan Farrar, embajador de Estados Unidos en Panamá, manifestó que el TE tiene una trayectoria internacional bien reconocida. Al ser cuestionado sobre la intervención de la Corte en temas electorales señaló que más que tener un edificio hermoso, lo importante es la institución.

Sobre la institucionalidad del país, Farrar dijo que siempre hay que defender y fortalecer las instituciones democráticas y expresó que con lo que vio la noche del miércoles en el acto de inauguración del nuevo edifico del TE, “se está por un buen camino en materia de defensa de la institucionalidad”.

La Comisión Nacional Pro Valores Cívicos y Morales, que aglutina a los clubes cívicos del país, aseguró que la Sala Tercera rebasó su competencia. También mostraron preocupación por que se pueda “deteriorar el proceso eleccionario”.

Mientras que el presidente del opositor Partido Popular (PP), Milton Henríquez, interpuso ayer en la Asamblea Nacional una denuncia penal por extralimitación de funciones en contra de los firmantes en el fallo del 31 de octubre.

(Con información de Luis Burón-Barahona, Ángel López Guía, Gustavo A. Aparicio O. y José Otero).

TE pide anular fallo de la Sala Tercera

El Tribunal Electoral (TE) presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un incidente de nulidad, con el fin de suspender los efectos del fallo dictado por esta sala el pasado 31 de octubre contra una resolución de esta entidad, que impide la difusión de una cuña televisiva contra el candidato del Partido Revolucionario Democrático, Juan Carlos Navarro, promovida por el movimiento pro oficialista Panamá Avanza.

El pasado miércoles 6 de noviembre los tres magistrados del TE, Erasmo Pinilla, Eduardo Valdés Escoffery y Heriberto Araúz, otorgaron poder al abogado Olmedo Sanjur, para que represente a la entidad en este polémico caso que llegó a la Corte a través de una demanda de protección de los derechos humanos interpuesta por el grupo que dirige Alfredo Prieto, exsecretario de Comunicación del Estado, luego de que el TE ordenará la suspensión de la cuña el pasado 8 de octubre.

El recurso al que acudió el organismo electoral cita el artículo 143 de la Constitución, que sostiene que las decisiones del TE solo son recurribles ante esta misma entidad y una vez culminado el proceso, serán definitivas, irrevocables y obligatorias. Contra estas decisiones solo podrá ser admitido el recurso de inconstitucionalidad ante la CSJ. Sanjur, además, sustentó el artículo 733 numeral 2 del Código Judicial, donde se establece como causa de nulidad absoluta para todos los procesos “la falta de competencia y jurisdicción del tribunal que actúa”.

En cuanto a la competencia que tiene el movimiento Panamá Avanza de presentar el recurso de protección de los derechos humanos, el abogado explicó en su escrito que los procesos de esta índole “solo pueden ser presentados por personas naturales y no por personas jurídicas.

Por lo que solicita que se declare la nulidad de todos lo actuado por la Sala Tercera de la CSJ, cuya ponente fue el magistrado presidente de esta corporación, Alejandro Moncada Luna.

Eduardo Mendoza

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