Jueces de paz, facultados para ordenar allanamientos

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La iniciativa para crear los jueces de paz surgió de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia en 2006 y no es hasta ahora que se logra aprobar la ley. La iniciativa para crear los jueces de paz surgió de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia en 2006 y no es hasta ahora que se logra aprobar la ley.
La iniciativa para crear los jueces de paz surgió de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia en 2006 y no es hasta ahora que se logra aprobar la ley. Jorge Fernández

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Los jueces de paz podrán ordenar allanamientos, luego de que durante el segundo debate al proyecto de ley 205, que crea la justicia comunitaria, la Asamblea Nacional introdujera a última hora una modificación, denunció la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Según Magaly Castillo, miembro de la Alianza Ciudadana, los diputados les “dieron garra” a los jueces de paz. El proyecto de ley, aprobado ayer en tercer debate, pasó al Ejecutivo para su sanción.

Alianza: desvirtuaron ley de jueces de paz

Una modificación introducida a último momento durante el segundo debate al proyecto de ley 205, que crea la justicia comunitaria, permitirá a los jueces de paz ordenar allanamientos.

La inclusión de la reforma al artículo 34 de este proyecto, iniciativa que surgió hace nueve años producto del Pacto de Estado por la Justicia, fue cuestionada por Magaly Castillo, directora ejecutiva de la Alianza Ciudadana Pro Justicia.

Castillo asegura que con este cambio los diputados “han desvirtuado la figura, porque el juez de paz no debe tener esa facultad; eso lo debe tener un juez de garantías de acuerdo al sistema acusatorio, con un debido proceso. No es cualquiera el que puede ordenar un allanamiento”, indicó.

Con la modificación propuesta por los diputados Javier Ortega y Crispiano Adames, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y Agustín Sellhorn, de Cambio Democrático (CD), entre otros, se establece que los jueces de paz -figura que reemplazaría a los actuales corregidores y jueces nocturnos- podrán ordenar allanamientos para ejecutar únicamente órdenes de autoridades jurisdiccionales competentes o para ejecutar decisiones adoptadas por la autoridad municipal.

El artículo 34 original del proyecto establecía que: “los jueces de paz, en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, podrán ordenar, acompañar, ni realizar allanamientos”.

Castillo señaló que esta modificación se presentó“a último minuto”, a fin de “darle garra” a los jueces. “La facultad de ordenar allanamientos corresponde a un juez de garantías, conforme al sistema penal acusatorio”, afirmó.

El diputado Ortega, uno de los proponentes de este artículo, defendió lo aprobado.

Ortega explicó que en el proyecto original no indicaba quién ejercería esta función de allanamientos. “¿Para qué es el juez de paz? Para no tratar estos temas. Si se meten en una propiedad de alguien o en una casa, ¿quién lo saca y cómo lo sacan?”, se preguntó Ortega.

“Estas modificaciones son necesarias, porque habían puntos que no quedaban claros”, señaló el diputado.

Frente a las críticas de Alianza Ciudadana Pro Justicia, Ortega respondió: “Tampoco es que hay que aprobar lo que ellos dicen, nosotros estamos aquí para legislar y no para hacerle caso a todo el mundo”.

Proceso de selección

Alianza Ciudadana Pro Justicia también asegura que se desvirtuó el espíritu de la ley al establecerse un nuevo esquema en la selección de los jueces de paz.

En el proyecto original se fijaba un mecanismo de selección de los jueces de paz, en el cual participaba la sociedad civil dentro de una Comisión Técnica Distrital en cada corregimiento que escogía una terna de aspirantes al cargo para que, finalmente, el alcalde del lugar hiciera la selección.

Sin embargo, durante la discusión en segundo debate del proyecto, el pasado lunes, se modificó el artículo 29, a razón de una propuesta de los diputados Pedro Miguel González, Carlos Afú y Agustín Sellhorn.

Con la modificación aprobada, la Comisión ya no escogería la terna, como se planteaba originalmente, sino que esta remitiría al alcalde el informe de evaluación de los aspirantes y será el alcalde el que escoge la terna, y la remitirá al Consejo Municipal [representantes de corregimientos] para que este proceda a la selección y nombramiento del juez de paz respectivo.

En tal sentido, la Alianza lamentó la decisión de los diputados de la República “de dejar totalmente en manos de los alcaldes y de los consejos provinciales la elección de los jueces de paz, sin que exista ninguna garantía de respeto a las opiniones de la comunidad, donde se desenvolverá el juez de paz y que era el objetivo central de esta Ley”.

El proyecto fue aprobado ayer por el pleno en tercer debate, a pesar de los cuestionamientos. Ahora solo espera la sanción por parte del Órgano Ejecutivo.

Para la diputada independiente Ana Matilde Gómez lo importante es que se ha avanzado en la legislación de este tema. “Lo que sea que se haya aprobado es mejor de lo que tenemos. Ya está bueno de juzgados nocturnos y de corregidores que estén al vaivén político”, sostuvo.

Afirmó que todo lo que está en el proyecto es perfectible y se puede mejorar, incluso en la reglamentación puede incluirse que el alcalde debe escoger para la terna a los aspirantes con mayor puntaje.

Esta ley, de ser sancionada, empezará a regir 12 meses después de su promulgación en el Primer Distrito Judicial y a los 24 meses en el resto del territorio nacional.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Milton Henríquez, quien presentó el proyecto original ante la Asamblea, manifestó que aunque estaba más cómodo con el proyecto original, la Asamblea Nacional es el Órgano que hace las leyes.

“Si en la práctica una vez que se implemente esta ley se demuestra que tiene que ser mejorada, habrá oportunidad de mejorarla con otra iniciativa legislativa”, afirmó.

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