CASO FINANCIAL PACIFIC

Juez pide expediente de caso de blanqueo

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El exvicepresidente Felipe ‘Pipo’ Virzi está detenido desde el 17 de agosto pasado. El exvicepresidente Felipe ‘Pipo’ Virzi está detenido desde el 17 de agosto pasado.
El exvicepresidente Felipe ‘Pipo’ Virzi está detenido desde el 17 de agosto pasado. Archivo

El juez séptimo de lo Penal, Felipe Fuentes, solicitó a la Fiscalía Séptima Anticorrupción remitir el expediente de la investigación relacionada con el presunto desvío de $7 millones del préstamo que la Caja de Ahorros (CA) otorgó al consorcio HPC-Contratas-P&V a la antigua casa de valores Financial Pacific (FP).

El juez pidió el expediente, con el propósito de resolver dos solicitudes de fianza, dos incidentes de controversia y un incidente de nulidad presentados entre el 18 y 21 de agosto pasado por los abogados de varios de los imputados en este proceso.

JUEZ DEBE RESOLVER CINCO RECURSOS LEGALES

Por lo menos cinco recursos debe resolver el Juzgado Séptimo Penal en relación con el proceso que sigue la Fiscalía Séptima Anticorrupción por el presunto desvío de fondos destinados por el Estado para la construcción del centro de convenciones de Amador, en 2012, hacia la entonces operativa casa de valores Financial Pacific (FP).

Con el fin de resolver estos recursos, el juzgado pidió a la fiscalía el expediente del caso, en el que figuran como imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales el exvicepresidente Felipe Pipo Virzi, así como uno de los accionistas de FP, Carlos Javier Osorio, entre otros.

Virzi, quien está detenido provisionalmente por este caso desde el pasado jueves, fue trasladado ayer de la Dirección de Investigación Judicial al centro penitenciario El Renacer.

La solicitud para el envío de las sumarias consta en el oficio 1778 del pasado 21 de agosto, firmado por el juez séptimo penal, Felipe Fuentes López (ver perfil), al que tuvo acceso este medio.

De acuerdo con fuentes del Órgano Judicial, el juez tiene en su despacho varios incidentes de controversia y solicitudes de fianza de excarcelación promovidas por varios de los imputados.

Según las fuentes, el juez pidió el expediente para resolver estos recursos y, además, determinar de qué trata la investigación y establecer si su despacho es competente para conocer el proceso o si, por el contrario, debe enviarlo a otro juzgado.

LOS RECURSOS

El primero de los recursos que debe resolver Fuentes es un incidente de nulidad presentado el 18 de agosto pasado por el abogado Joaquín Roger Pérez a favor de Osorio, quien también está detenido provisionalmente por el caso.

Mientras, el abogado Ernesto Mora presentó una solicitud de fianza de excarcelación a favor de Virzi.

En tanto, el pasado 21 de agosto Hermes Quintero interpuso un incidente de controversia a favor de Josué Absalón Chávez, también accionista de la casa de valores. En esa misma fecha, Joaquín Roger Pérez presentó una solicitud de fianza a favor de Teresa Sánchez, quien fungió como empleada de FP.

En tanto, la abogada Marcela Araúz presentó un incidente de controversia a favor de la sociedad Jal Offshore, cliente de FP.

Fuentes del Ministerio Público (MP) confirmaron a este medio que, en efecto, la fiscalía recibió la petición del juzgado, aunque hasta la tarde de ayer no le había enviado el expediente.

Según las fuentes consultadas, este proceso debería ser ventilado en el Juzgado Decimoctavo Penal –antes Juzgado Especial Adjunto al Juzgado Decimoséptimo Penal–, creado especialmente para tramitar casos relacionados con blanqueo de capitales.

VINCULADOS

Como parte del proceso, la fiscal séptima anticorrupción, Leyda Sáez de Pittí, también imputó cargos a José Virzi, hermano del exvicepresidente y quien fungió como representante legal del extinto Banco Universal, vinculado a la familia de ambos.

Además, la fiscalía vinculó a los exempleados de FP Mariel Rodríguez, Ori Zebedes y Baleysi Pineda, y a los exdirectivos de esa casa de valores Iván Clare y West Valdés.

Presuntamente, Clare está fuera del país, mientras que Valdés se encuentra detenido en El Renacer, imputado en el proceso relacionado con el préstamo que otorgó la Caja de Ahorros (CA) al consorcio HPC-Contratas- P&V para la construcción del centro de convenciones en Amador, que nunca se concretó.

De este último caso, precisamente, se deriva la investigación actual por presunto blanqueo de capitales.

LA INVESTIGACIÓN

En este nuevo caso, la fiscalía sigue la pista al dinero que salió del préstamo de la CA y, al parecer, fue a parar a la casa de valores.

Al rendir indagatoria en su residencia como parte de la investigación del préstamo de la CA –el 28 de octubre de 2016–, Virzi dijo que le prestó $7 millones al expresidente Ricardo Martinelli para que se los destinara a Valdés y Clare, entonces directivos de FP, debido a que esta enfrentaba “problemas económicos”.

Virzi dijo que Martinelli y el empresario Cristóbal Salerno lo visitaron en su apartamento en Punta Pacífica para pedirle el dinero.

Según las pesquisas del Ministerio Público, desde la sociedad Summer Venture, que tenía una cuenta en el clausurado Banco Universal, vinculada a Virzi, se habría efectuado el desvío de los $7 millones a FP.

Las sorpresas en el Órgano Judicial

ANÁLISIS. Al conocer la solicitud de la fiscalía para extender el plazo de investigación del caso Odebrecht, el juez duodécimo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, Óscar E. Carrasquilla R., decidió el 13 de julio de 2017, que el Ministerio Público podía continuar con la investigación de este caso complejo por el término necesario, salvo que ordenara la detención preventiva de algún imputado.

De darse esta situación, el MP debía remitir el expediente al juez, en un término no mayor de dos meses. Esta última condición carece de fundamento jurídico en la legislación procesal panameña, ya que hasta el Código Procesal Penal establece para las causas “simples” un periodo de detención provisional de hasta seis meses.

Como si lo anterior no fuese suficiente, ahora otro juez, el Séptimo del Ramo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, Felipe Fuentes López, en lo que parece a todas luces una acción dilatoria, ordenó el 21 de agosto de este año, a la Fiscal Séptima Anticorrupción del Ministerio Público, que le remita el expediente con número de entrada 111-16, seguido contra Carlos Javier Osorio, Felipe Virzi López y otros. Con esta acción, el juez le quita el expediente a la fiscalía, y todos los trámites quedan paralizados, mientras que el tiempo de prescripción corre. Estos dos ejemplos provocan incredulidad acerca del compromiso de los jueces con la justicia.

*El autor es abogado

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