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Juez rechaza nulidad de proceso a Martinelli

Jerónimo Mejía, juez de garantías en el proceso que sigue la Corte Suprema de Justicia al expresidente Ricardo Martinelli por la compra de comida deshidratada, decretó“improcedente” la solicitud de la defensa del exgobernante de declarar nulo el proceso, alegando que se hicieron diligencias judiciales sin autorización previa.

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El magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías en el caso, a su salida de la audiencia de control. El magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías en el caso, a su salida de la audiencia de control.
El magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías en el caso, a su salida de la audiencia de control. Jorge Fernández

Jerónimo Mejía, juez de garantías en el proceso que sigue la Corte Suprema de Justicia al expresidente Ricardo Martinelli por la compra de comida deshidratada, decretó“improcedente” la solicitud de la defensa del exgobernante de declarar nulo el proceso, alegando que se hicieron diligencias judiciales sin autorización previa.

El juez determinó que las diligencias que efectuó el fiscal de la causa, de pedir cuentas bancarias del expresidente, no eran de índole judicial. Tras esta decisión, el fiscal en este proceso, el magistrado Oydén Ortega, tiene vía libre para seguir investigando al exgobernante por esta causa.

Mejía: fiscal no violó proceso

Improcedente, declaró ayer el magistrado Jerónimo Mejía –juez de garantías en el proceso que se sigue en la Corte Suprema de Justicia al expresidente Ricardo Martinelli por supuestas irregularidades en la compra de comida deshidratada a través del extinto Programa de Ayuda Nacional– el incidente interpuesto por la defensa del exgobernante con la pretensión de que se anulara las diligencias bancarias efectuadas por el fiscal de la causa, Oydén Ortega.

“Es improcedente, porque las diligencias cuestionadas no tienen naturaleza de diligencia judicial”, concluyó Mejía al término de una audiencia de control efectuada ayer en el Palacio de Justicia, en presencia de los abogados de Martinelli y del fiscal Ortega.

Antes de decidir, Mejía oyó los argumentos de la defensa y la fiscalía. Esta audiencia fue la continuación de la que se llevó a cabo el pasado miércoles 2 de marzo y en la cual, el abogado Sidney Sittón, de la defensa de Martinelli, pidió la nulidad de las referidas diligencias bancarias realizadas por el magistrado fiscal.

En el acto de ayer, que se inició a las 2:00 p.m., Sittón reiteró que Ortega requirió información a bancos de la localidad sin la autorización previa del juez de garantías, lo cual –según él– viola el Código Procesal Penal.

En concreto, afirmó que las acciones del fiscal violaron el artículo 199 del Código Procesal Penal, que señala: “Es nula la actuación o diligencia judicial cuando el vicio haya impedido al interviniente el pleno ejercicio de las garantías y de los derechos reconocidos en la ley, la Constitución y los tratados y convenios internacionales ratificados por la República de Panamá”.

EL FISCAL

En tanto, el fiscal Ortega explicó que todos los bancos contactados suministraron a su despacho la información requerida oportunamente.

No se realizaron diligencias de inspección, incautaciones o secuestros, “en cuyo caso sí se requeriría el control previo del juez de garantías”, dijo.

Agregó que la información bancaria solicitada no está relacionada con Martinelli o sus empresas, sino con las cuentas de la sociedad Lerkshore International Limited, proveedora de los alimentos deshidratados que adquirió al PAN, a un costo de $44.5 millones.

“No se ha practicado secuestro de cuentas ni aprehensión de documentos, ya que lo que se realizó es un acto de investigación, como lo prevé el artículo 267 del Código Procesal Penal”, explicó el fiscal.

“El único propósito era conocer el destino final de las transacciones”, agregó.

También, indicó que la defensa no ha mencionado los presuntos perjuicios causados a Martinelli con motivo de las notas apeladas.

Ante lo expresado por el fiscal, el abogado Sittón pidió la palabra y señaló unas supuestas cartas que Ortega dirigió a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y Banistmo, requiriendo información de cuentas de Importadora Ricamar, propiedad de la familia Martinelli.

“Esto sí ha causado un perjuicio, porque a mi cliente se le han cerrado cuentas en Citibank y Banco General”, alegó el abogado.

Mejía interrumpió a Sittón para advertir que tales señalamientos no constarían en el acta de la audiencia, ya que debió referirse a este tema en la audiencia anterior.

“O actuamos con lealtad procesal, o no. Yo dije y fui muy claro, que si usted se iba a referir a lo que dijo el magistrado Ortega y me dijo que no. Le pregunté si se iba a referir a los temas planteados inicialmente por su persona y me dijo que no. Ahora se está refiriendo a temas que ya planteó. Esa parte se va a suprimir”, manifestó el magistrado juez en la sala.

Luego, Mejía decretó un breve receso. Al regreso, Sittón no retornó a la sala de audiencias. La representación de la defensa quedó a cargo de Carlos Carrillo, Dimas Guevara y Fernando Kam.

DICTAMEN DEL JUEZ

Posteriormente, el juez de garantías retomó el tema de la supuesta afectación alegada por Sittón.

“Ese perjuicio tiene que haber sido demostrado. La persona antes de plantear algo tiene que saber que ha sufrido un perjuicio y debe señalar y hasta acreditar en qué consiste”, indicó.

Después, Mejía entró al fondo de la audiencia y rechazó el incidente de nulidad de la defensa por considerar que el fiscal puede conducir determinadas diligencias sin el control previo del juez.

“Las diligencias cuestionadas no son diligencias judiciales, que es lo que dice el artículo 199 [del Código Procesal Penal], utilizado por la defensa para hacer la apelación”, puntualizó el juez.

Reiteró que “el fiscal de la causa no es autoridad judicial y por ende no son susceptibles para la acción penal”. En todo caso, acotó, el fiscal es un agente de investigación.

CONCEDEN PEDIDO A DEFENSA

Por otra parte, el magistrado Mejía concedió una segunda solicitud a la defensa del expresidente, según la cual la Superintendencia de Bancos de Panamá tiene la obligación de recibir una solicitud de información que hicieron los abogados, y debe responder como bien crea. No se precisó qué tipo de información requirió la defensa.

Lo que sí dejó claro Mejía es que la entidad bancaria tiene la obligación de recibir la nota y responder como considere pertinente.

DEFENSA REACCIONA

Después del pronunciamiento del juez Mejía, el abogado Carlos Carrillo indicó que este los obligará a buscar otros mecanismos de defensa que serán extraordinarios y a nivel internacional para que quede constancia de las situaciones que se están dando en este proceso.

Mientras tanto, tras conocer la decisión del juez, el exmandatario Martinelli escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente: “La Corte Suprema de Justicia comprobó hoy que todos mis casos son políticos y las decisiones q tomaran seran politicas (SIC)”.

EN LA ESFERA ORDINARIA

Por este mismo contrato, el Juzgado Decimoquinto Penal fijó para el 30 de mayo próximo el juicio al exjefe y al exdirector de Nutrición del extinto Programa de Ayuda Nacional Giacomo Tamburrelli y Ángel Famiglietti, respectivamente; al ex secretario privado de Martinelli Adolfo Chichi De Obarrio; a la excontralora de la República Gioconda Torres de Bianchini; y al empresario Rubén De Ycaza, dueño de la empresa Lerkshore International Limited.

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