GRABACIÓN DEL CASO CEMIS

Jueza analiza si llama a juicio a Pérez B.

El expresidente es acusado por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.
El exlegislador Manuel De la Hoz (en la foto junto a su hija, Ritzel), afirma que no consintió la grabación ni la divulgación de esta. LA PRENSA/Roberto Cisneros. El exlegislador Manuel De la Hoz (en la foto junto a su hija, Ritzel), afirma que no consintió la grabación ni la divulgación de esta. LA PRENSA/Roberto Cisneros.
El exlegislador Manuel De la Hoz (en la foto junto a su hija, Ritzel), afirma que no consintió la grabación ni la divulgación de esta. LA PRENSA/Roberto Cisneros.

La jueza cuarta municipal, Clelia De La Rosa Mendoza, se acogió ayer al plazo legal de 24 horas para decidir si llama a juicio o no al expresidente Ernesto Pérez Balladares.

El exmandatario es acusado por divulgar la grabación de una conversación que sostuvo en 2006 con el exlegislador Manuel De la Hoz sobre el supuesto pago de sobornos en 2001 para la aprobación del contrato del Centro Multimodal, Industrial y de Servicios (Cemis).

Mendoza invocó el artículo 2202 del Código Judicial, tras concluir ayer la audiencia preliminar del proceso en el que Pérez Balladares –que no asistió al acto– es acusado por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.

En la audiencia, que empezó a las 8:40 a.m., la jueza rechazó un incidente presentado por Luis Carlos Cabezas, abogado del expresidente, para que se declarara prescrita la acción penal.

Al resolver este recurso, la jueza alegó que el 3 de julio de 2012 el Tribunal de Apelaciones y Consultas negó un incidente similar, con el argumento de que De la Hoz –que sí asistió a la audiencia– tuvo conocimiento del delito en 2009, cuando se hizo pública la grabación.

En sus alegatos, la personera cuarta municipal, Maribel Concepción, afirmó que hay méritos suficientes para llamar a juicio a Pérez Balladares, quien admitió haber grabado la conversación con De la Hoz sin su consentimiento y luego divulgarla.

Precisó, en ese sentido, que el exmandatario entregó la grabación al entonces ministro de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, y a la entonces procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, que luego la envió a la Corte Suprema de Justicia.

Víctor Almengor, abogado del exlegislador, argumentó que Pérez Balladares violó la ley al grabar la conversación sin una autorización judicial y al hacerla pública a través de un medio de comunicación.

Agregó que el expresidente fue el único que pudo divulgar la grabación, que tenía en su poder, pero Cabezas refutó esa tesis, pues, a su juicio, tanto Gómez como los nueve magistrados de la Corte conocían la grabación y la filtración pudo venir de cualquier parte.

Afirmó que su cliente fue honesto y entregó a las autoridades una prueba para reabrir el caso Cemis.

Además, insistió que de acuerdo con la ley vigente este caso debe ser declarado prescrito.

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