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Cuestionada contratación para remover SEMOVIENTES

Junio, mes decisivo para Coiba

El futuro de la categoría de Patrimonio de la Humanidad que tiene Coiba será motivo de examen por parte de la Unesco.

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El primer documento muestra las conclusiones y la decisión previa de Unesco ante los avances reportados por Panamá. El siguiente es un resumen de los avances enviados a la Unesco por Anam el 31 de enero pasado. El primer documento muestra las conclusiones y la decisión previa de Unesco ante los avances reportados por Panamá. El siguiente es un resumen de los avances enviados a la Unesco por Anam el 31 de enero pasado.
El primer documento muestra las conclusiones y la decisión previa de Unesco ante los avances reportados por Panamá. El siguiente es un resumen de los avances enviados a la Unesco por Anam el 31 de enero pasado.

Panamá informó en enero pasado a la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) que había comenzado el proceso de contratación para remover los semovientes de Coiba que ponen en peligro la categoría de patrimonio de la humanidad otorgada a esta isla por parte de la Unesco.

La presencia de estos animales –reses y búfalos– perjudican con su pisoteo constante los ecosistemas, corales de la isla y nidos de tortugas, entre otros daños.

El informe que envió Panamá será analizado en la reunión de la Unesco que se celebrará en Catar, del 15 al 25 de junio próximo, en donde se examinará el estado de la isla, la cual puede ser declarada “patrimonio en peligro”.

La Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) reportó avances para remover las reses el pasado 31 de enero, cuando había elegido a la Asociación de Ganaderos Veragüenses para tal fin, a través de un contrato que varios abogados califican de violatorio a la Ley de Contratación Pública.

El informe de Panamá a la Unesco está lejos de reflejar la realidad, ya que el contrato para remover el ganado fue cancelado por la Anam, que ha alegado, al menos, tres versiones distintas para rescindirlo.

Funcionarios de la Anam comunicaron de la cancelación del contrato y que volverían a hacer todo el proceso. Pero el anuncio es tardío, ya que la última oportunidad de Panamá para informar de los avances a Unesco –previo a la reunión de junio– fue el 1 de febrero.

INFORME SIN ACTUALIZAR

Sin conocer esta decisión, la Unesco publicó el 30 de abril pasado un informe en el que expresaba que acogía positivamente los avances que ha hecho Panamá en esa dirección. “El Estado parte [Panamá] ha progresado con la remoción de semovientes de la propiedad, incluyendo el compromiso de culminar la remoción a finales de 2014”, dice Unesco (ver facsímil).

“El proceso de selección de contratación de la firma para llevar a cabo el proceso ha comenzado”, añade el informe de avances presentado por la Anam y que aparece en la web de Unesco, aunque, como ya se dijo, este proceso se anuló.

Este diario preguntó al administrador de la Anam, Silvano Vergara, si había notificado a Unesco de esta decisión y de qué manera se comunicaría –en vista de que la fecha para enviar reportes a la Unesco había expirado–, pero el funcionario no respondió.

También se le preguntó repetidamente a Vergara –vía correo electrónico, con copia a la Dirección de Áreas Protegidas– cómo afectaría la cancelación de este contrato la evaluación de Coiba por parte de Unesco, y cuáles serían los términos de referencia en la próxima contratación. Pero la autoridad ignoró los cinco correos insistentes de este medio.

Pero, al margen de si se ha informado o no a la Unesco de esta cancelación, el contrato sufría de graves incongruencias. Por ejemplo, hay dos términos de referencias cuando debería ser único.

Uno de ellos se publicó en el diario Panamá América, que convoca la remoción durante siete meses, y otro con mayores requisitos facilitado por la Anam a La Prensa, que indica que el servicio debe completarse en cuatro meses y, según los voceros de la institución, fue la publicada en la página web de la Anam.

Este diario pidió a la entidad los términos de referencia y documentación entregada a la Unesco, basado en la Ley de Transparencia, pero la Anam una vez más ha ignorado la petición.

Tres VERSIONES

Según la Anam, el contrato se canceló porque “la ejecución sobrepasa la vida jurídica del ente administrador del fondo del Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico Panameño”, programa mediante el cual se habría hecho la contratación.

“La fecha de duración negociada de los servicios de remoción de semovientes ... supera la vigencia del contrato con el ente administrador de fondos”, que vence el 31 de julio, argumentó. “En este sentido, la institución ha decidido cancelar y notificar a las partes y someter a un nuevo proceso... que se determine a la brevedad posible”, dijo la Anam.

Pero en realidad, esta es una de las tres versiones para cancelar el contrato.

Este primer alegato tiene un problema: el contrato para eliminar los semovientes en la isla –ubicada en el litoral Pacífico del país– se pagarían con dinero del Fondo de Vida Silvestre de la Anam, traspasados al programa del Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico panameño, pese a que Coiba no es parte de las áreas protegidas de este proyecto.

Además, el contrato de la empresa fiduciaria que maneja los fondos del Corredor Biológico vence antes de que hubiesen culminado los servicios para remover el ganado en Coiba.

Así las cosas, ¿cómo es que la Anam no se había dado cuenta de ello? Fue justamente después de una solicitud de información que hizo este diario a la Anam que se dio la cancelación de este contrato.

Y ¿qué necesidad tenía la Anam de complicarse transfiriendo fondos suyos al proyecto del Corredor Biológico, financiado con dinero internacional y al que no pertenece Coiba?

A la Fundación MarViva –de la directiva del Parque Nacional Coiba– la Anam le dio una segunda versión para cancelar el contrato: una violación de la ley.

“La Dirección de Áreas Protegidas y Vida Silvestre informó a MarViva acerca de señalamientos sobre una posible violación de legislación vigente relacionada con el tema que nos indican [el contrato], por lo cual fue suspendida la adjudicación”, dijo Nikolás Sánchez, gerente de Incidencia Política de MarViva en Panamá, organismo que ocupa la Secretaría del Consejo Directivo del Parque Nacional Coiba.

La tercera explicación –una versión completamente nueva– la dio el propio administrador de la Anam la semana pasada en TVN. Dijo que la cancelación del contrato la dejará en manos del nuevo gobierno y que tiene un “acuerdo” con la Asociación Nacional de Ganaderos, capítulo de Veraguas para remover el ganado de Coiba.

“Hemos decidido esperar a que venga el nuevo administrador... Ya tenemos toda la logística para hacerlo, pero hemos decidido esperar a que se designe [el nuevo administrador] para empezar el proceso de transición”, dijo Vergara.

Probablemente esta sea la razón por la que la Anam no ha comunicado a la Asociación de Ganaderos Veragüenses la cancelación del contrato, el cual, a pesar de todo, parece conservar vida jurídica, según esta nueva versión de Vergara.

De hecho, Manuel Castillo, presidente de la Asociación de Ganaderos Veragüenses, espera firmar el contrato: “No me han dicho absolutamente nada”, dijo.

Incumplimientos

El procedimiento que la Anam califica de “licitación” para contratar los servicios que eliminarán los semovientes –por un costo de 997 mil dólares– no fue publicado, como ordena la Ley de Contratación Pública, en el portal PanamáCompra.

Al preguntar la razón de ello, la Anam indicó que era una contratación a través del programa del Corredor Biológico, con fondos del Banco Mundial (BM) y que se usaron parámetros del organismo financiero.

Pero el banco negó que sus fondos se usaran para tal fin, con lo cual el argumento de la Anam, en vez de aclarar, acentúa las irregularidades.

Documentos que obtuvo este medio revelan que la Anam había decidido, tres meses antes de la convocatoria a licitación del contrato, quién haría el trabajo. Para Malena Sarlo, bióloga de Conservación Internacional (CI), fue una sorpresa saber que la Anam había seleccionado al contratista, puesto que le tocaba al comité científico al que pertenece CI evaluar las técnicas de remoción y elegir la propuesta, reveló.

“Lamentablemente... no se puede evaluar y suceden este tipo de cosas de las que se tienen que retractar”, dijo.

También cuestionó la transparencia del proceso. “Sabíamos que se generaron unos términos de referencia, luego esos términos de referencia no estaban en la website. Yo los solicite y no los obtuve”, se quejó.

“El consejo directivo debió obtener la propuesta porque es el llamado por la ley para tomar la decisión por el parque y lo remite al comité científico, que es su ente asesor en esta materia”, explicó Sarlo. “No ha sido un proceso abierto ni transparente, incluso, es una medida de la Anam que sobrepasa sus funciones... La Anam es una posición más en el consejo directivo, no le compete tomar la decisión”, cuestionó.

Sánchez añadió que la adjudicación correspondió “privativamente” a la Anam.

Agregó que se les informó de la cancelación del contrato por “señalamientos de una posible violación a la legislación” de contrataciones públicas en una reunión informal en la que MarViva les sugirió que “deben cumplir con los procedimientos que correspondan en el uso de fondos públicos, obedeciendo las normativas relacionadas a transparencia y debido proceso”.

¿SOBRECOSTO?

Además de las irregularidades e incongruencias en esta contratación, otras ofertas por el mismo servicio evidencian un posible sobrecosto.

Mientras a la Asociación de Ganaderos Veragüenses le adjudicaron el contrato para eliminar las reses por un monto de 997 mil 171 dólares –en un plazo de siete meses–, la otra competidora, Rayito de Luna, S.A., ofertó 900 mil dólares, pero fue descalificada por la comisión evaluadora de la Anam por no tener una metodología de trabajo. No obstante, en los documentos entregados por la Anam, este diario pudo constatar que la empresa descalificada sí cumplió con ese requisito.

En 2010 hubo una propuesta de contrato entre el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y un tercero para encerrar en corrales, trabajo de vaquería y sacrificio en el parque de al menos 500 semovientes –en un plazo de tres meses– por tan solo 20 mil dólares. Si se toma como referencia esta propuesta y si las reses fueran 2 mil 500 –cantidad que cita la Anam para su remoción– entonces el trabajo podría elevarse a unos 200 mil dólares.

Juan Mate, del Smithsonian, indicó que era un “plan piloto” para colaborar con la Anam, pero no se ejecutó por asuntos de la entidad.

Este medio también consiguió otras propuestas previas que descansan en los archivos de la Dirección de Áreas Protegidas de la Anam. Por ejemplo, Luis García ofreció en 2010 sus servicios por 34 mil dólares, y en tres meses removería 500 semovientes, lo que extrapolado a 15 meses con 2 mil 500 semovientes podría costarle al Estado unos 170 mil dólares.

Otra es de Dante Zapata, por la misma cifra. En un año sacrificaría vacas, caballos y búfalos. Todas esas propuestas eran más económicas que la de la Asociación de Ganaderos Veragüenses, por 997 mil dólares en siete meses.

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