SOCIEDAD CIVIL PRESENTA AGENDA PARA 2014-2019

Justicia, materia pendiente

Piden que mientras se reforma la ´Constitución´, el Consejo de Gabinete debe autorregularse en el proceso de escogencia de los magistrados.
(De Izq. a Der.) Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz; Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana pro Justicia; y Anacita de Rowe, de la Amajup. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez. (De Izq. a Der.) Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz; Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana pro Justicia; y Anacita de Rowe, de la Amajup. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez.
(De Izq. a Der.) Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz; Magaly Castillo, de Alianza Ciudadana pro Justicia; y Anacita de Rowe, de la Amajup. LA PRENSA/Gabriel Rodríguez.

Implementar el sistema penal acusatorio en todo el país, aprobar una ley de carrera judicial y dotar al Órgano Judicial de recursos que sumen 3% del presupuesto general del Estado, como mínimo, son tres de las siete exigencias incluidas en la agenda ciudadana de justicia 2014- 2019, presentada ayer ante el país por organizaciones de la sociedad civil.

El documento está dirigido a los candidatos y precandidatos presidenciales independientes y de los diferentes partidos políticos, para que la incorporen en sus programas de Gobierno y asuman compromisos concretos en materia de justicia.

La agenda fue elaborada, entre otras entidades, por la Alianza Ciudadana pro Justicia, el Colegio Nacional de Abogados (CNA), la Asociación de Magistradas y Juezas de Panamá (Amajup) y la Comisión de Justicia y Paz.

Además de los puntos señalados, también reclama al Consejo de Gabinete que se autorregule en el proceso de escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia mientras se modifica la Constitución en esta materia y se fija un procedimiento transparente y que incluya la participación ciudadana.

Asimismo, exhorta al próximo gobierno a abolir la justicia de los corregidores y juzgados nocturnos y a reemplazarla con un eficiente mecanismo de justicia de paz.

También plantea que se comience un proceso de reformas a la Constitución, que incluya un rediseño de la administración de justicia.

Finalmente, que se cree un mecanismo de seguimiento de la agenda de modernización de la justicia, en el que se incluya a la sociedad civil organizada.

Se trata, en esencia, de acuerdos incluidos en el Pacto de Estado por la Justicia suscrito en 2005 y que según los firmantes de la agenda este gobierno ha dejado de cumplir, como también ignoró una primera versión del documento, entregado a los candidatos presidenciales, incluido Ricardo Martinelli, en 2009.

CONTEXTO

Para Magaly Castillo, de la Alianza Ciudadana pro Justicia, el problema es que se ha producido un estancamiento en la modernización de los entes encargados de administrar justicia y ello genera desconfianza en el país.

A su juicio, el Pacto de Estado buscaba salir de ese estancamiento, pero ocho años después de su firma la situación se ha agravado.

Citó, como ejemplo, que en 2005 el 50% de los funcionarios estaba dentro de la carrera judicial, y hoy lo está apenas el 17%.

Por su parte, el presidente del CNA, César Ruiloba, opinó que los “políticos de turno hablan de reformas y cambios, pero que no se trata de la creación de nuevas estructuras; [el problema es que] no existe una coordinación interinstitucional para dar seguimiento a la modernización de la justicia”.

Roberto Bruneau, del Comité Ecuménico, dijo que desde 2009 ha tomado parte en “muchos diálogos” y conversaciones para mejorar el sistema judicial, pero hasta ahora no se han dado avances efectivos, por lo que urge tomar acciones para evitar un colapso del sistema.

Mientras tanto, Anacita de Rowe, directiva de la Amajup, sostuvo que es urgente la implementación de una ley de carrera judicial.

Admitió que la administración de justicia solo mejorará con la implementación de una ley de carrera judicial que garantice evaluaciones por desempeño, auditorías judiciales y nombramientos por méritos.

Critican proceso contra el magistrado Mejía

Como una denuncia carente de sustento jurídico calificó el presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Ruiloba, la acción penal por abuso de autoridad y apología del delito presentada ante la Asamblea el 19 de junio pasado contra el magistrado de la Sala Penal Jerónimo Mejía.

Afirmó que la denuncia, interpuesta por el abogado Antonio Guerrero, no sustenta la comisión del delito y parece una maniobra para obtener un espacio en la Corte.

A su vez, la exmagistrada Esmeralda Troitiño dijo que se quiere juzgar a Mejía por un simple comentario, cuando en la Comisión de Credenciales, ante la cual fue presentada la denuncia, hay una gran cantidad de acusaciones contra magistrados que no han sido procesadas.

Mejía dijo que es una práctica el que jueces se lleven expedientes.

Según Maribel Jaén, de la Comisión de Justicia y Paz, ahora no es oportuno ventilar este caso, ya que parece tener un trasfondo político.

Juan Manuel Díaz C.

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