SALA PENAL DE LA CORTE ORDENA INVESTIGACIÓN

Juzgado, en la mira por permisos

Cuatro salvoconductos de salida del país otorgados a acusados por corrupción y blanqueo de capitales por Juzgado IV penal serán investigados.
Stephen Jones. Acusado en el caso Cemis LA PRENSA/Archivo Stephen Jones. Acusado en el caso Cemis LA PRENSA/Archivo
Stephen Jones. Acusado en el caso Cemis LA PRENSA/Archivo

La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema solicitó a la procuradora de la Nación, Ana Belfon y al magistrado del Segundo Tribunal, Luis Mario Carrasco, que investiguen supuestas irregularidades en el otorgamiento de permisos de salida del país a Stephen Jones, imputado en el caso Cemis, y a Ricardo Traad, exdirector del extinto Servicio Marítimo Nacional, procesado por blanqueo de capitales.

Ambos permisos fueron otorgados por el Juzgado Cuarto de Circuito Penal, a cargo de Silverio Rodríguez, a pesar de que en su momento el Ministerio Público se había opuesto a la salida del país de Jones y las apelaciones no habían sido resueltas.

Otra de las irregularidades por las que el magistrado de la Sala Penal, José Ayú Prado, hizo estas peticiones fue que los documentos donde se tramitaron las autorizaciones otorgadas a Traad desaparecieron o nunca fueron enviados a los despachos donde se debió notificar de estas decisiones.

El pasado 8 de abril, Ayú Prado le envió una nota a la procuradora Belfon donde le pedía que iniciara un sumario, para que investigara el levantamiento del impedimento de salida del país que pesaba sobre Jones.

Explica la nota que Jones fue beneficiado con un permiso de salida del país el 8 de noviembre de 2012 y que en esa misma fecha se notificó al Servicio de Migración.

Dicho salvoconducto era del 9 noviembre al 3 de diciembre de 2012. Cuatro días después que Jones retornó al suelo patrio, es cuando el juzgado envía al Segundo Tribunal una apelación sustentada por la Procuraduría de la Nación donde se oponía a este permiso. Este documento llegó al Tribunal el 15 de diciembre de 2012 y no fue hasta el 14 de enero pasado cuando se le dio reparto al mismo y aún no ha sido resuelto, agrega la nota.

Así mismo, el pasado 9 de abril Ayú Prado envió otra nota similar, pero dirigida al magistrado Carrasco, donde solicita “considerar si es pertinente o no el inicio de un proceso penal y otro disciplinario” por supuestas irregularidades en el otorgamiento de permisos para abandonar el país a Traad.

Esta petición se basa en las licencias concedidas a Traad del 8 al 12 de septiembre de 2011; del 25 al 30 de abril de 2012 y del 15 al 19 de noviembre de 2012, sin que fueran notificadas al Ministerio Público.

Advierte Ayú Prado que ninguno de estos tres oficios reposa actualmente en el despacho del magistrado Carrasco, a quien le corresponde decidir sobre una apelación presentada por la Fiscalía Primera de Drogas contra la decisión del Juzgado Cuarto penal de enero de 2010 de absolver a Traad en el proceso que se le siguió por blanqueo de capitales.

También resalta que no aparecen los documentos donde se le debió pedir la opinión a la Fiscalía Primera de Drogas sobre las solicitudes de Traad.

Otro de los documentos que no aparece son las notas de las resoluciones donde se hacían efectivos estos tres permisos, al igual que las notificaciones que se les debió cursar a las partes y la incorporación de estas al expediente principal.

También destaca Ayú Prado que la Fiscalía Primera de Drogas informó que no ha emitido su opinión en estas tres solicitudes.

Acusaciones contra Jones y Traad

El empresario Stephen Jones fue implicado en el escándalo de pago de coimas para la aprobación en la Asamblea del proyecto Cemis en 2001. En este caso también se acusó, entre otros, al expresidente Martín Torrijos y al diputado Carlos Afú. A Jones se le impuso una medida cautelar de impedimento de salida del país en 2009.

Mientras que Ricardo Traad fue acusado, junto a otras siete personas, por el supuesto extravío de una tonelada de cocaína oculta en el barco de bandera panameña Perseus V, capturado en aguas internacionales en enero de 2006.

Sin embargo, en enero de 2010 Traad fue absuelto por la jueza cuarta penal suplente Esther N. Hinestroza de Cabrera. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía Primera de Drogas y el caso está aún sin resolver en el Segundo Tribunal.

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