NUEVAS FIGURAS EN EL ÁMBITO PENAL TRAS LA APLICACIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO

Juzgados de liquidación cerrarán casos pendientes

Los procesos que hayan comenzado antes del 2 de septiembre deberán terminar conforme a los procedimientos que están vigentes.

A partir del próximo 2 de septiembre, con la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio (SPA), el Órgano Judicial también instalará los denominados juzgados de liquidación, que se encargarán de tramitar los procesos residuales del actual sistema de juzgamiento y que no serán tramitados mediante el nuevo sistema.

Juan Francisco Castillo, coordinador de la implementación del SPA por el Órgano Judicial, explicó que estos tribunales de liquidación deberán funcionar paralela y simultáneamente con los nuevos juzgados, y allí se ventilarán todos aquellos procesos surgidos antes de la entrada en vigencia del nuevo SPA.

Según Castillo, este proceso de transición se mantendrá hasta que se agoten los expedientes remanentes del sistema de juzgamiento actual, y luego el personal de esos despachos se integrará al nuevo sistema.

Explicó que esto permitirá que los usuarios del sistema judicial tengan la garantía de que sus procesos serán atendidos, sin que la entrada en vigencia del nuevo sistema provoque dilación en el manejo de los expedientes en trámite.

“Aquí pretendemos acabar con el denominado rezago judicial, ya que en paralelo se tramitarán los casos nuevos con el SPA y a la vez se revisarán los expedientes que serán manejados con el antiguo sistema penal”, precisó.

Para Castillo, esta es una manera de asegurar que los procesos judiciales no se detengan y se logre mantener un ritmo que garantice la evacuación de los expedientes, ya sea con el nuevo sistema o a través de los procedimientos anteriores.

Según estadísticas del Órgano Judicial, en los juzgados de circuito penal de Coclé fueron tramitados 7 mil 572 casos en 2010, de los cuales mil 771 estaban rezagados del año anterior.

Mientras, en la provincia de Veraguas, el volumen de casos ingresados durante el año pasado alcanzó la cifra de 3 mil 913, de los cuales mil 109 correspondían a procesos del año 2009.

En la actualidad, para atender una población de casi 400 mil personas que viven en las provincias de Veraguas y Coclé, donde se inicia el SPA, hay 24 jueces y tres magistrados del Tribunal Superior.

Castillo detalló que con el nuevo sistema de administración de justicia el promedio de evacuación de un proceso judicial bajará de seis a tres meses, y ello permitirá dar una respuesta más eficiente a los usuarios del sistema judicial.

A su juicio, de este modo habrá una disminución considerable del rezago en el manejo de los expedientes, que hoy se ve reflejado en el gran volumen de expedientes que hay en los juzgados.

No obstante, consideró que es poco probable la eliminación de los expedientes rezagados, ya que el constante aumento de denuncias, demandas y procesos que llegan a los tribunales, aunado al poco número de jueces en funciones, provocará demoras en el trámite.

MP pierde poder

Con la puesta en funcionamiento del nuevo SPA, el Ministerio Público ya no tendrá el poder de ordenar detenciones y dictar medidas cautelares contra una persona, facultad que pasará a manos de los jueces de Garantías, quienes evaluarán las pruebas recogidas durante la investigación, por parte del fiscal y la policía, y en función de ello tomará la decisión en cuanto a su validez o no.

Según Castillo, con el SPA el juez de Garantías recupera las funciones jurisdiccionales y operará como vigilante de las actuaciones del Ministerio Público.

En consecuencia, los fiscales deberán sustentar en debida forma los testimonios, pruebas documentales o científicas contra un sospechoso, y el juez de Garantías decidirá si decreta o no el arresto, le concede una medida cautelar o declara su libertad.

Castillo reconoció que este nuevo modelo plantea una gran responsabilidad para los investigadores y peritos encargados de aportar las pruebas, ya que de su validez dependerá en gran parte la resolución de los procesos.

También explicó que, dependiendo del volumen de casos que se registren en las jurisdicciones en donde se implemente el SPA, los funcionarios judiciales se verán en la necesidad de trabajar de forma ininterrumpida, lo cual podría provocar el establecimiento de turnos para los jueces de Garantías.

La escena

Y si el trabajo de los investigadores y peritos adquiere una especial notoriedad dentro del nuevo sistema penal acusatorio, el papel que jugará la policía será determinante.

Según explicó Castillo, la labor de la policía consistirá, fundamentalmente, en preservar la escena del crimen y, en un momento extremo, podrá hasta trabajar en ella y llevar las evidencias recolectadas ante los peritos, para su examen y validación como pruebas.

Dado este nuevo rol en la policía, Castillo informó que antes de la implementación del nuevo sistema imparten cursos entre los funcionarios de los diferentes estamentos de seguridad, a fin de capacitarlos en lo que se refiere a los protocolos para el manejo y preservación de las evidencias, que, como se explicó, serán indispensables en las nuevas audiencias.

Detalló que en la actualidad dictan seminarios y charlas a los agentes de policía en las provincias de Herrera y Los Santos, en donde el SPA entrará regir el 2 de septiembre de 2012.

Reveló que esto se hace así para que los funcionarios tengan el tiempo suficiente de conocer y adoptar su nuevo rol en la fase de investigación de los delitos.

“Si hay pruebas que se pueden deteriorar antes de la llegada de los peritos de criminalística, el policía debe estar en la capacidad de levantarla, sin contaminarla, y llevarla hasta el agente de instrucción o perito para que la procese”, detalló.

Tres jueces decidirán

Por otra parte, Castillo precisó que en el actual sistema judicial un juez decide sobre medidas cautelares, dicta el llamamiento a juicio y aplica la pena.

Con el nuevo sistema, sin embargo, esta acumulación de funciones cambiará radicalmente, ya que habrá un tribunal de juicio compuesto por tres jueces, quienes analizarán las evidencias, escucharán al fiscal, a la defensa, y en el mismo acto de audiencia tomarán la decisión.

Estos jueces no han tenido contacto anterior con el caso, por lo que deberán hacer una evaluación objetiva de las pruebas.

También habrá un juez de cumplimiento, quien se encargará de verificar que la condena impuesta por el tribunal de juzgamiento se aplique en las condiciones establecidas en el fallo.

El juez de cumplimiento deberá trabajar de forma coordinada con el Sistema Penitenciario Nacional, para vigilar el cumplimiento de las condenas.

Como última instancia, el nuevo sistema contará con el tribunal de apelaciones, compuesto por tres magistrados, quienes se encargarán de analizar las apelaciones de las partes.

En el caso de que aún después de la apelación las partes decidan recurrir nuevamente, entonces quedará el recurso de casación que se resolverá en la Sala Penal de la Corte Suprema.

Falta de jueces y aumento de casos provoca rezago

La falta de jueces para atender el creciente volumen de procesos que entran al Órgano Judicial es uno de los factores que ocasiona la mora existente.

Hasta el año pasado había 282 jueces en todo el país, que deben atender la demanda en materia de administración de justicia.

Ese mismo año ingresaron al sistema judicial 132 mil 724 casos, a los que se sumaron 92 mil 535 expedientes pendientes del año 2009, estos casos suman un total de 225 mil 259 en todo el país.

Para poner en marcha el Sistema Penal Acusatorio (SPA) será necesario nombrar, por lo menos, a 40 jueces en cada circuito judicial, con excepción de Panamá, donde este número será mayor debido a la gran cantidad de nuevos casos que son admitidos en el sistema. En este circuito también entra la provincia de Darién.

Hasta ahora, en el distrito judicial de Coclé y Veraguas, donde entrará a regir primero el SPA, se han nombrado 30 funcionarios entre jueces de garantías, de juicio y de cumplimiento. Para la implementación del SPA, el Gobierno le asignó al Órgano Judicial la suma de 45 millones de dólares, que en su mayoría están destinados para la contratación de personal y el establecimiento de un sistema informático para agilizar los procesos.

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