impunidad en demandas contra el estado panameño

Larga lucha por la justicia

En 12 casos de muerte atribuidos a servidores públicos desde 2001, solo ha habido tres condenas penales.
La Sala Tercera de la Corte ha rechazado 12 de las 14 demandas interpuestas por los familiares de las víctimas de la tragedia del bus 8B-06, en 2006. LA PRENSA/Archivo. La Sala Tercera de la Corte ha rechazado 12 de las 14 demandas interpuestas por los familiares de las víctimas de la tragedia del bus 8B-06, en 2006. LA PRENSA/Archivo.
La Sala Tercera de la Corte ha rechazado 12 de las 14 demandas interpuestas por los familiares de las víctimas de la tragedia del bus 8B-06, en 2006. LA PRENSA/Archivo.

El anuncio hecho el pasado lunes sobre una eventual demanda contra el Estado, por parte de los familiares de los nueve neonatos muertos en la Caja de Seguro Social (CSS), pone de relieve una vez más la controversia sobre la aplicación de la justicia en el país y el resultado infructuoso de quienes la han buscado tras el fallecimiento de parientes por la negligencia de servidores públicos.

Y es que en los últimos 12 años han ocurrido al menos 12 casos (aparte del de los infantes) en los que funcionarios fueron acusados tras la muerte de varios cientos de personas, pero en solo tres fueron condenados penalmente.

El resto de las demandas, interpuestas tanto en el plano penal como en el civil, sigue pendiente de conclusión en el Ministerio Público o el Órgano Judicial.

A juicio de Roger Barés, del Comité de Protección al Paciente y sus Familiares, la atención que reciben los panameños en los hospitales públicos se hace cada vez más deficiente, y prueba de ello son las muertes causadas por los medicamentos contaminados con dietilene glycol, por la bacteria Klebsiella pneumoniae carbapenemasa resistente (KPC) y por la sobrerradiación.

Barés fue quien lideró en 2001 la batalla legal de los familiares de las 28 personas que murieron por sobrerradiación en el hospital Oncológico, el cual terminó con la firma de un documento en el que las familias se comprometieron a no demandar civilmente a la empresa señalada como responsable, pero en cambio no recibieron ninguna compensación económica.

Desde ese caso, afirmó, la situación no ha mejorado.

“La salud sigue igual de pésima y aquí no pasa nada”, dijo, a su vez, Gabriel Pascual, del Comité de Familiares de Víctimas por el Derecho a la Salud y la Vida.

Pascual denunció que después de siete años de los envenenamientos masivos con dietilene glycol, los afectados y sus familiares siguen sufriendo las secuelas del tóxico, pero aún así las autoridades de la CSS no han cumplido con el prometido pago de la pensión de $600.

“Después del dietilene glycol vino la KPC y ahora los neonatos”, acotó.

En tanto, el secretario general del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Carlos Herrera Morán, reconoció que en toda esta coyuntura se ha hecho común que los gobernantes cometan abusos y que luego los jueces absuelvan a los funcionarios en los procesos penales y civiles.

Sin embargo, opinó que la lucha de las organizaciones por los derechos humanos puede cambiar la tendencia.

“Estamos pasando gradualmente de la lucha contra la impunidad, al hecho de que los jueces se vean obligados a emitir condenas por violaciones a los derechos humanos”, dijo.

El jurista recordó que, al final, todo delito penal genera un resarcimiento económico en la esfera civil.

12 AÑOS, 12 CASOS

El caso más reciente en el que se cuestiona la pericia de servidores públicos es el de los nueve neonatos fallecidos en la CSS como consecuencia del suministro de heparina, un medicamento con alcohol bencílico, según confirmó el pasado lunes el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf).

El caso de los bebés que murieron entre los meses de junio y julio de este año, está aún en la Unidad de Homicidios de la Fiscalía Auxiliar de la República.

Antes, el caso de más alto perfil mediático se remonta a 2011 y fue el de 99 muertes atribuidas a la bacteria KPC (hasta ahora), cuyo proceso penal no ha concluido.

La Fiscalía Tercera Superior acusó a nueve médicos y a dos técnicos de la CSS, pero concluyó que estos incurrieron en una conducta culposa, por lo que pidió que el caso sea enviado a la esfera de circuito.

El Juzgado Decimocuarto Penal, que tramita la solicitud, tiene pendiente enviar el expediente a una fiscalía de circuito.

Además, por este mismo caso fueron presentadas 19 querellas penales contra el director de la CSS, Guillermo Sáez-Llorens, pero la Corte Suprema de Justicia no ha decidido aún tres solicitudes para que se acumulen esas acciones.

Mientras tanto, en el caso del envenenamiento masivo por dietilene glycol, ocurrido en 2006, el Segundo Tribunal Superior de Justicia llamó a juicio a 13 personas y sobreseyó provisionalmente a otros 14 acusados.

Dichos sobreseimientos fueron apelados por el Ministerio Público y está pendiente que la Sala Penal de la Corte resuelva ese recurso.

En otros casos, como el de las 13 muertes por las inundaciones ocurridas en 2004 en Prados del Este, Pacora; los homicidios de los obreros Luigi Argüelles (2007) y Al Iromi Smith (2008); los 11 muertos por el accidente del SAN-100 (2008); las dos víctimas por las protestas de Changuinola por la llamada ley chorizo (2010); el de los cinco menores quemados en el Centro de Cumplimiento de Tocumen (2011) y las dos víctimas de las protestas indígenas contra la minería (2012), los procesos fueron archivados y/o están pendientes de ir a audiencia.

En el caso del SAN-100, el Estado panameño pagó 6 millones 469 mil dólares de compensación económica al Gobierno chileno y a las familias de los seis ciudadanos de ese país que murieron en el accidente, mientras que a los familiares de las cinco víctimas panameñas dio 2.5 millones de dólares.

TRES CONDENAS

Los tres casos en los que se dictaron condenas penales fueron el de los sobrerradiados en el hospital Oncológico en 2001; el del autobús 8B-06 en 2006, y el del marino del Servicio Marítimo Nacional Natanael Chiari en 2005.

Por el primero de esos procesos, los técnicos radiólogos Olivia Saldaña, Álvaro Mejía y Alexis Alveo fueron condenados a cuatro años de prisión.

En el segundo, el Juzgado Primero Penal condenó a tres años y tres meses de prisión a Ariel y Próspero Ortega por la muerte de 18 personas tras el incendio del autobús 8B-06 el 23 de octubre de 2006.

Sin embargo, la Sala Tercera de la Corte ha negado 12 de las 14 demandas interpuestas contra el Estado por los familiares de las víctimas y está pendiente una demanda presentada por estos en Kansas, Estados Unidos, contra la empresa fabricante del gas refrigerante usado en el vehículo de transporte.

Finalmente, en el tercer caso el Juzgado Primero Penal de Arraiján condenó al alférez del extinto Servicio Marítimo Nacional Ángel Franco a un año y seis meses de prisión por la muerte de Chiari mientras hacía pruebas físicas.

RESULTADO DE TRÁGICOS EVENTOS

330

Personas han muerto desde 2006 por el dietilene glycol.

99

Fallecimientos se atribuyen a la bacteria KPC.

28

Víctimas fatales dejó la sobrerradiación en 2001.

Caso de muerte de nueve bebés llega a la Asamblea

La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional decidirá mañana si solicita información oficial a la Caja de Seguro Social (CSS), sobre la muerte de nueve bebés en la sala de Neonatología del Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid entre junio y julio de este año.

“Este tema ya lo he conversado con el presidente de la comisión Pablo Vargas y no considero que exista problema para conseguir los cinco votos necesarios para solicitar formalmente el envío de la petición a la CSS”, señaló Hernán Delgado, vicepresidente de la comisión y miembro del partido Cambio Democrático.

Delgado explicó que la solicitud de información será para que los integrantes de la Asamblea Nacional puedan emitir un pronunciamiento oficial sobre el asunto, una vez que cuenten con los documentos aportados por la instancia de salud.

Sin embargo, el diputado precisó que prefiere no pronunciarse sobre cuál será el resultado de la solicitud ni si culminará en una citación al director de la entidad, Guillermo Sáez-Llorens, para que acuda a la Asamblea y hable de lo sucedido.

En tanto, el Comité de Protección al Paciente y Familiares (Propafa) dirigió ayer una carta a la procuradora de la Nación, Ana Belfon, para que en las investigaciones que se realizan por este caso, se tomen en cuenta a funcionarios administrativos. “Esto es siguiendo las mismas reglas que fueron utilizadas por el Ministerio Público para imputar a administrativos en el tema de los fallecidos por el dietilene glycol, donde en primera instancia se detuvo a varios directores generales y directores de Farmacia y Drogas” (del Ministerio de Salud), indica la misiva.

“El Comité se debe a los pacientes y lo que quieren ellos es verdadera justicia y no confabulaciones para que se condene a personas por motivos políticos y se sobresea a otras por esta misma causa. Lo que se quiere es seriedad en los procesos”, continúa el documento. Roger Barés, presidente de Propafa, indica que en estas investigaciones se debe llamar a declarar tanto a Sáez-Llorens, como al ministro de Salud, Javier Díaz, y al director de Farmacia y Drogas del Minsa, Eric Conte.

A su juicio, las autoridades deben determinar si personal de las direcciones de Prestaciones Médicas y Compras de la CSS tiene alguna responsabilidad en estas muertes, así como quienes trabajan en el Complejo Hospitalario.

“Esto es siguiendo el mismo camino del dietilene glycol para que no se piense que la mano de la política está metida en estos casos”, agrega la misiva de Propafa.

Una copia del escrito fue enviada al arzobispo José Domingo Ulloa.

ÁNGEL LÓPEZ GUÍA

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