LOS EXPEDIENTES DE ITALIA

Lavítola entrega documentos

IMPUTADO. El italiano Valter Lavítola está acusado de corrupción internacional, entre otros cargos. Se afirma que sobornó a autoridades panameñas. ANSA/Massimo Percossi IMPUTADO. El italiano Valter Lavítola está acusado de corrupción internacional, entre otros cargos. Se afirma que sobornó a autoridades panameñas. ANSA/Massimo Percossi
IMPUTADO. El italiano Valter Lavítola está acusado de corrupción internacional, entre otros cargos. Se afirma que sobornó a autoridades panameñas. ANSA/Massimo Percossi

El italiano Valter Lavítola, pieza clave en la millonaria y polémica contratación entre el Gobierno de Panamá y el conglomerado italiano Finmeccanica, entregó a la Fiscalía de Nápoles –que lo investiga por corrupción internacional, a través de empresas panameñas– una serie de documentos sobre los negocios realizados en Panamá y en Brasil.

La información divulgada por la agencias de Noticias ANSA revela que Lavítola –que se mostró dispuesto a colaborar con la justicia italiana– también entregó documentos sobre las “financiaciones ilícitas” que habría recibido en Italia.

El dossier fue recibido por los fiscales de Bari, Antonio Laudati, y de Nápoles, Giuseppe Pignatone, quienes evaluarán en los próximos días toda la documentación aportada por Lavítola para corroborar que no se trate de un intento de desviar las investigaciones.

“Estamos estudiando algunas indicaciones planteadas por el indagado [Lavítola] para verificar, en efecto, su voluntad de colaborar con la justicia”, subrayó el fiscal general adjunto Francesco Greco.

Lavítola es investigado en su país por supuestamente sobornar a funcionarios panameños, entre ellos, al presidente, Ricardo Martinelli. A cambio de esos sobornos, precisaron los investigadores en medios italianos, el Gobierno de Panamá debía contratar a la empresa Svemark para construir cuatro cárceles modulares por $176 millones.

La agencia de noticias ANSA también reportó que Lavítola será interrogado la próxima semana sobre su actuación como intermediario en las contrataciones con el grupo Finmeccanica.

“Quiero hacer declaraciones sobre esas licitaciones de Finmeccanica y sobre las consultorías que me habían sido encargadas”, habría afirmado Lavítola en un interrogatorio de más de cuatro horas llevado a cabo ayer por el juez Darío Gallo, ante la presencia de los fiscales Vincenzo Piscitelli y Henry John Woodcoock, y de su abogado Gaetano Balice.

Por su lado, la agencia de noticias EFE publicó que Lavítola negó las acusaciones de supuestos sobornos ante las autoridades judiciales.

Citando medios italianos, la agencia noticiosa informó que Lavítola confesó que tenía la intención de pedir 5 millones de euros al ex primer ministro italiano en concepto de préstamo, descartando que se trate de un intento de chantaje.

También explicó que los $600 mil que entregó a funcionarios panameños no eran sobornos, sino el pago relacionado con una serie de “operaciones lícitas” que no se detallan.

DILIGENCIAS

En tanto, el procurador, José Ayú Prado, extendió una invitación a los fiscales Woodcock y Curcio para que vengan a Panamá a completar sus averiguaciones, si así lo estiman conveniente.

Así lo informó ayer el Ministerio Público (MP) a través de un comunicado de prensa, en el que además se confirmó que los citados fiscales y el viceprocurador de Nápoles, Fausto Zucarelli, se reunieron ayer con la fiscal segunda Anticorrupción, Lizzett Chevalier, quien viajó a ese país y les hizo entrega formal de la asistencia judicial internacional girada por el MP, en la que se solicitó copias debidamente autenticadas y legalizadas de las órdenes de arresto de Lavítola.

También se les pidió copias de las declaraciones de los testigos y acusados que involucren a funcionarios panameños señalados por el supuesto cobro de comisiones en la negociación del proyecto fallido para construir cárceles modulares.

“La Fiscalía de Nápoles brindó a la delegación del MP una breve reseña de lo que trata el sumario que adelanta y las circunstancias correspondientes a las disposiciones constitucionales y a la legislación procesal penal italiana”, recalcó el comunicado.

De acuerdo con la agencia de noticias ANSA, la reunión de la fiscal panameña con sus homólogos italianos se realizó en una oficina en Nápoles, al sur de Italia y, “según pudo saberse, en el coloquio hubo un intercambio de informaciones sobre una serie de cuestiones que interesan a la magistratura de Panamá, entre las cuales, saber si el presidente, Ricardo Martinelli, estuvo o no implicado”.

Por ley, el MP no está facultado para investigar al Presidente de la República, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni a los diputados. Solo la Asamblea Nacional es el órgano del Estado competente para ello.

Por otra parte, fuentes de los ministerios de Seguridad y Relaciones Exteriores confirmaron ayer que el canciller encargado, José Raúl Mulino, espera por la confirmación de su homólogo italiano Giulio Terzi para viajar a ese país europeo.

Fuentes de la Cancillería informaron que Mulino pidió una entrevista a Terzi, a través del embajador italiano en Panamá, Gian Carlos Curio, para tratar el tema “de Gobierno a Gobierno”.

Se aclaró que Mulino viajará a Roma y no a Nápoles, donde se adelantan las investigaciones, y que el viaje será de 24 horas.

Acompañarán al canciller encargado su secretario privado Norberto Cano; el director de Asuntos Internacionales de la Cancillería Vladimir Franco; y periodistas y camarógrafos de TVN, Telemetro y RCM.

En la tarde de ayer, Mulino fue entrevistado por el periodista Fernando del Rincón, de la cadena CNN, y en airado tono negó las acusaciones que han implicado al Presidente de Panamá y a otros funcionarios en las investigaciones italianas.

Mulino afirmó que el presidente, Ricardo Martinelli, como “soberano del país” hablaría públicamente a la Nación cuando lo estime conveniente, cosa que sucedió a las 9:00 p.m., cuando el presidente Martinelli, rodeado por miembros de su Gabinete, se dirigió al país por primera vez en esta crisis, para calificar como falsas las informaciones provenientes de Italia.

La conferencia empezó descalificando a Mauro Velocci, el personaje que propuso inicialmente la venta de las cárceles, a quien acusó de “drogadicto”, y terminó con un ataque que dejó perplejos a sus propios ministros.

Tras dos preguntas incómodas hechas por el periodista de Medcom Hugo Famanía, Martinelli lo interpeló, lo tuteó y le dijo que él [Famanía] había tenido problemas con las drogas y que esperaba no los volviera a tener.

Policía allanó sede del consorcio Svemark

La policía de la ciudad de Treviso, al norte de Italia, allanó ayer la sede del consorcio Svemark, en un operativo durante el cual fueron requisadas dos computadoras y documentos contables, y decomisados 300 proyectiles no registrados dentro de una caja fuerte, según informó la prensa local.

Los agentes de la policía requisaron, en particular, las oficinas de Paolo Passalacqua, representante legal de la sociedad Precetti spa, una de las empresas líderes de ese consorcio.

Svemark debía ocuparse de la tecnología en el ámbito del proyecto de la construcción de cuatro cárceles modulares en Panamá, por unos $176 millones, operación por la que es indagado Valter Lavítola, debido al supuesto pago de sobornos a funcionarios panameños.

Passalacqua fue denunciado por la fiscalía tras el decomiso de las municiones, precisaron los medios, recordando que Svemark fue creado en 2006, precisamente, para la fabricación de sistemas modulares en acero para cárceles. Su domicilio legal es el mismo de la firma Precetti spa.

El proyecto de las cárceles no se concretó por su alto costo, según las autoridades panameñas.

ANSA

Gabinete ´intercambió ideas´ sobre escándalo

El pago de un presunto soborno de Valter Lavítola al presidente, Ricardo Martinelli; a la exministra de Gobierno Roxana Méndez y a otros funcionarios en relación con un fallido contrato para construir cárceles modulares en Panamá, fue el tema que acaparó las tres horas de reunión de un Consejo de Gabinete “urgente” efectuado ayer.

El Presidente llamó a todos sus ministros de Estado a la reunión. También participaron la actual alcaldesa, Roxana Méndez, y los diputados oficialistas José Muñoz, Fernando Carrillo, Abraham Martínez y Sergio Gálvez, entre otros.

Alma Cortés, ministra de Trabajo, confirmó que en la reunión se analizó el escándalo de los supuestos sobornos, aunque señaló que sobre el tema lo que hubo fue un intercambio de ideas y se concluyó que las “publicaciones sobre el caso son totalmente tergiversadas, porque son puras referencias de noticias que están saliendo en algunos medios internacionales”, indicó.

Precisó que fue el ministro de Seguridad y canciller encargado, José Raúl Mulino, quien explicó al Gabinete todo el proceso del fallido contrato de las cárceles modulares.

“Aquí la única persona que se ha dado a la tarea de hacer daño es Mauro Velocci, el testigo estrella de Balbina Herrera, supuestamente afectado y que quería sacar algún tipo de ventaja por un negocio que no se le dio con Lavítola”, dijo.

Irene Hernández

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