CRISIS del agua EN HERRERA Y LOS SANTOS

Levantan restricción sobre consumo de agua en Azuero

En la sede del sistema penal acusatorio, en Herrera, se formularon cargos a tres directivos de la empresa Campos de Pesé, S.A.

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La contaminación del río La Villa con atrazina afectó a más de 100 mil personas en la península de Azuero. El Gobierno advirtió a la población de los distritos de Los Santos, Las Tablas, Guararé y Chitré, que no podían beber agua del acueducto ni del río desde el pasado 30 de junio. LA PRENSA/Archivo. La contaminación del río La Villa con atrazina afectó a más de 100 mil personas en la península de Azuero. El Gobierno advirtió a la población de los distritos de Los Santos, Las Tablas, Guararé y Chitré, que no podían beber agua del acueducto ni del río desde el pasado 30 de junio. LA PRENSA/Archivo.
La contaminación del río La Villa con atrazina afectó a más de 100 mil personas en la península de Azuero. El Gobierno advirtió a la población de los distritos de Los Santos, Las Tablas, Guararé y Chitré, que no podían beber agua del acueducto ni del río desde el pasado 30 de junio. LA PRENSA/Archivo.

Después de 11 días de crisis, más de 100 mil residentes en la región de Azuero pueden volver a beber el agua que toman las plantas potabilizadoras Roberto Reyna y Rufina Alfaro del río La Villa.

El pasado 30 de junio, el Gobierno advirtió a los pobladores de los distritos de Los Santos, Las Tablas y Guararé, en Los Santos, así como Chitré, en Herrera, que no podían consumir el agua que salía del grifo, debido a que estaba contaminada con atrazina, un herbicida usado en actividades agrícolas. Solo la podían usar para labores domésticas, como fregar y lavar.

No obstante, ayer, en conferencia de prensa, el ministro de Salud, Francisco Javier Terrientes, informó que se “levanta la restricción” de no consumir el agua, ya que solo contiene niveles de atrazina de una parte por billón.

Cuando comenzó el problema en el río La Villa, los niveles de atrazina eran de 40 partes por billón.

En Estados Unidos, el nivel permitido es de 3 partes por billón, en la Unión Europea, de 0.1 parte por billón, la Organización Mundial de la Salud establece 2 partes por billón, y en Canadá, 5 partes por billón.

En Herrera, los corregimientos afectados fueron Chitré cabecera, La Arena, Monagrillo, Llano Bonito y San Juan Bautista. Mientras que en Los Santos, Guararé cabecera, El Espavé, La Enea, La Villa cabecera, Los Olivos, Llano Largo, Santa Ana, Las Tablas cabecera y El Cocal.

Terrientes manifestó que sigue la prohibición del uso del herbicida en el río La Villa y continuarán con el monitoreo de la cuenca, ya que solo se hacían inspecciones dos veces al año. Aunque resaltó que no solo será en esa zona, sino en todo el país para garantizar que el agua sea saludable.

De hecho, explicó que la comisión interinstitucional –Ministerio de Salud, Autoridad Nacional del Ambiente (Anam) e Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales– que se conformó una vez se declaró la emergencia nacional por la contaminación del río La Villa, será la responsable de crear el plan para garantizar la conservación de las cuencas.

Por su parte, la administradora de la Anam, Mirei Endara, subrayó que desarrollan una investigación administrativa para deslindar responsabilidades en este tema. Esto sería independiente a las pesquisas que adelanta el Ministerio Público.

Añadió que en otro de los asuntos que se centrarán es en la reforestación de la cuenca del río, debido a que ha sido afectada durante los últimos años por la tala y actividades agrícolas.

En 2013, la Anam solicitó un presupuesto de $50 millones para este año, pero el Gobierno le aprobó $30 millones. En los fondos que fueron reducidos estaba el proyecto de reforestación de 300 hectáreas en Azuero, que establece conservar el río La Villa.

La idea era recuperar la cuenca bastante impactada por la deforestación y contaminación durante los últimos 10 años.

En ese sentido, Endara anunció que activará el comité de cuenca del río La Villa para aplicar las acciones de gestión integral de recursos hídricos.

Añadió que la ciudadanía tendrá acceso transparente a los datos que serán incorporados en el Sistema de Información Ambiental.

FORMULAN CARGOS

Horas antes, en Herrera se llevó a cabo una audiencia en la que se les formularon cargos a directivos de la empresa Campos de Pesé, S.A.

La jueza de garantías de la provincia de Herrera, Julisa Saturno, imputó cargos a tres directivos de la compañía por los delitos contra el ambiente y ordenamiento territorial y contra la salud pública.

En la audiencia, que se realizó mediante el sistema penal acusatorio, se le imputaron cargos en calidad de directivos a Rafael González, presidente y representante legal de la empresa; a Gustavo Martín Megara, gerente Agrícola, y a la supervisora de fumigación, María Isabel Lao Quintero.

El delito contra el ambiente estipula una pena de prisión de entre tres a seis años, mientras que en el delito contra la salud pública es de cuatro a diez años.

En la audiencia, que comenzó a las 2:00 p.m. y concluyó a las 4:10 p.m., Saturno también avaló la incautación de datos, propiedad de la empresa, obtenidos por el Ministerio Público el 4 de julio pasado.

La fiscal de circuito de la provincia de Herrera, Enereida Barría, quien lleva el caso, afirmó que también fue acogida su solicitud de que se otorgaran medidas cautelares a los imputados, que tendrán que presentarse a la Fiscalía de Circuito de Herrera los días 21 de cada mes mientras dure el proceso.

De igual forma se les prohibió salir del país, y para ello se girará instrucciones al Servicio Nacional de Migración.

Por otro lado, se decidió que Campos de Pesé, S. A., a la que se le ordenó la suspensión temporal de operaciones por 30 días, debe reanudar labores por tres días máximo, única y exclusivamente para llevar a cabo medidas de mitigación, que incluyan recoger la vinaza que mantienen en los campos de cultivo y evitar que nuevamente caiga al río.

“Tienen fisuras en las tuberías y en las tinas, y ustedes comprenderán que nuestro primer deber es preservar la salud de las poblaciones que se abastecen del río La Villa”, señaló Barría.

Ahora, las autoridades tendrán seis meses para concluir la investigación, aunque la funcionaria judicial reconoció que se encuentra bastante completa, pero tendrán que hacerse otras diligencias, y habrá que seguir supervisando y ejerciendo controles de monitoreo a la empresa.

Mientras se desarrollaba la audiencia, un grupo de herreranos y santeños se apostó en la sede del sistema penal acusatorio.

Olmedo Sáenz, presidente del comité Salvemos el río La Villa, manifestó que lo ocurrido es un hecho “muy desagradable y grave”, por lo que esperan la justicia actúe de manera que no vuelva a ocurrir un caso similar.

Los manifestantes dejaron claro que la lucha continuará hasta lograr el cierre de la compañía.

EMPRESA SE DEFIENDE

Por su parte, Rafael González, presidente y representante legal de Campos de Pesé, explicó que en base a “unos indicios se han formulado cargos, pero no hay una acusación”.

Agregó que armarán las pruebas junto con las autoridades judiciales para comprobar su inocencia.

En una entrevista con este medio, negó que hayan sido los responsables directos de la contaminación del río con atrazina, aunque confirmó que utilizan esa sustancia en sus actividades agrícolas diarias, como lo hacen otros agricultores de la zona.

De acuerdo con González, la única fuga reportada el mes pasado fue de vinaza, un compuesto orgánico que no genera contaminación, y recalcó que han cooperado con las autoridades y nunca han vertido ese tipo de químicos contaminantes.

“Luego del incidente con la vinaza seguro vamos a tener que reforzar nuestros controles, pero no tenemos nada que ver con la contaminación registrada con atrazina”, agregó.

Sin embargo, admitió que desde que comenzaron a funcionar en el área se les han abierto nueve procesos administrativos por varias razones, como tala de árboles, pero nunca por derramar sustancias contaminantes en la cuenca del río.

En medio de este panorama, ayer Campos de Pesé, S.A. envió un comunicado en el que mencionaba que solicita al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) una auditoría sobre el manejo que hacen del herbicida atrazina.

“A pesar de que esta sustancia es de venta legal y la utilizan diferentes productores de la zona, el interés de esta auditoría es que la autoridad competente pueda verificar los procesos con que cuenta la empresa para el uso de este producto, desde su salida del almacén hasta su aplicación en el campo”, detalla el comunicado.

Adicionalmente, Campos de Pesé, S.A. dio a conocer que recibió resultados de muestras de agua tomadas por el laboratorio independiente Aquatec, tanto en áreas de la empresa como en diferentes partes del río La Villa, que indicaban que “no se encontró atrazina por encima de los niveles aceptados por la Organización Mundial de la Salud”.

(Con información de Urania Molina).

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