INVESTIGACIÓN DEL ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN VINCULADO A LA CONSTRUCTORA ODEBRECHT

Lula habría cobrado $22 millones

Lo pagado estaría ligado a ocho contratos firmados entre Odebrecht y Petrobras, e incluye gastos para la compra de su residencia.

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El estado de Curitiba acusó formalmente a Lula da Silva de practicar corrupción pasiva y lavado de activos. Archivo El estado de Curitiba acusó formalmente a Lula da Silva de practicar corrupción pasiva y lavado de activos. Archivo
El estado de Curitiba acusó formalmente a Lula da Silva de practicar corrupción pasiva y lavado de activos. Archivo

Los fiscales de la operación Lava Jato aumentan el arsenal de denuncias contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. En la última, el Ministerio Público Federal de Curitiba acusó formalmente al exjefe de Estado carioca de “practicar los crímenes de corrupción pasiva y de lavado de activos, esta vez, en razón de contratos firmados entre Petrobras y la Constructora Norberto Odebrecht S.A.”.

Según la acusación, a la que tuvo acceso este diario y que se enmarca en la acción 5046512-94.2016.4.04.7000, Lula habría recibido coimas cuyo valor total superaría los 22 millones de dólares por parte de Odebrecht.

Las coimas, por un valor total de 75 millones 434 mil 399.44 reales (unos 22.17 millones de dólares) serían relativas a ocho contratos firmados por Odebrecht y la petrolera estatal Petrobras, e incluyen un terreno valorado en 12.5 millones de reales (3.70 millones de dólares) para el Instituto Lula, así como la cobertura de los gastos de adquisición de su residencia en San Bernardo (municipio situado en el estado federal de Sao Paulo) valorados en 504 mil reales (149 mil dólares).

Lula es definido por los fiscales de Brasil como el cabecilla y “último responsable” en la gestión de “una sofisticada estructura ilegal” destinada a la captación de apoyo parlamentario que se basaba a su vez en la distribución a dedo de los cargos públicos en la administración pública federal.

En la denuncia aparecen otras ocho personas, entre ellas Marcelo Odebrecht, quien comenzó a declarar ante los fiscales de Brasil el pasado lunes, como parte del acuerdo de delación premiada que prevé su confesión a cambio de una reducción de su condena de 19 a 10 años, de los que 7 y medio estará en régimen de arresto domiciliario.

Está previsto que Odebrecht salga de la prisión de la Policía Federal de Curitiba, donde cumple condena desde el pasado junio, en diciembre de 2017.

Los investigadores apuntan a que esa compleja estructura corruptiva sucedió precisamente en las más altas esferas de Petrobras, a través de la designación irregular de Paulo Roberto Costa y Renato Duque como directores de las áreas de Abastecimiento y Servicios de la petrolera estatal.

“Por medio de ese esquema, estos directivos generaban recursos que eran usados para el enriquecimiento ilícito del expresidente, de agentes políticos y de sus propias asociaciones que participaban en la asignación de cargos públicos y de las campañas electorales sufragadas con el dinero ilícito”, se lee en la denuncia.

Según prueban los fiscales, la coima que habría recibido Lula equivale a los porcentajes del 2% y 3% de ocho contratos firmados entre Petrobras y la Constructora Norberto Odebrecht S/A.

“Este dinero fue traspasado a partidos y políticos que apoyaban al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente el Partido de los Trabajadores (PT), el Partido Progresista (PP) y el Partido del Movimiento Democrático Brasilero (PMDB), así como a los agentes públicos de Petrobras implicados en el esquema y los responsables de la distribución de las ventajas ilícitas [coimas], en operaciones de lavado de dinero cuyo objetivo esa disimular el origen criminal”, se señala en la denuncia.

En el documento judicial se expone parte de la táctica usada para hacer simular en el mercado las coimas como valores legales.

El proceso de blanqueamiento de parte de las coimas que fueron pagadas por Odebrecht a Lula fue mediante la adquisición del inmueble localizado en la calle Dr. Haberbeck Brandão, #178, en Sao Paulo (SP), en beneficio del exjefe del Estado carioca en septiembre de 2010 y que finalmente fue usado como sede del Instituto Lula.

En el trámite del pago de la coima destinada al expresidente fue intermediario el entonces diputado federal Antonio Palocci, con la ayuda de su asesor parlamentario, Branislav Kontic (ambos en prisión), que mantenían “contacto directo” con Marcelo Odebrecht, según señala la denuncia. Esta gestión fue llevada a cabo con la mediación de Paulo Melo, quien se encargó de la instalación del espacio institucional pretendido por el expresidente Lula.

Los fiscales descubrieron que la compra del inmueble fue realizada en nombre de DAG Construtora Ltda., pero con recursos provenientes de Odebrecht. “El total de las coimas utilizadas para la compra y manutención de la sede del Instituto Lula hasta septiembre de 2012 llegó a sumar 12 millones 422 mil reales (3.70 millones de dólares) como se deduce de las anotaciones hechas por el propio Marcelo Odebrecht, que fueron secuestradas en la sede de DAG Construtora Ltda. y de datos obtenidos tras la quiebra del sigilo bancario, entre otros recursos”, especifican los fiscales. Otros 504 mil reales (149 mil dólares) en coimas fueron usados para comprar la residencia contigua a la de Lula en São Bernardo de Campo, una localidad de Sao Paulo, a nombre del testaferro Glaucos da Costamarques.

“En el tentativo de disimular el propietario real del apartamento, Marisa Letícia Lula da Silva (esposa del expresidente) llegó a firmar un contrato ficticio de arrendamiento con Glaucos da Costamarques, que data de febrero de 2011, pero las pesquisas concluyeron que nunca existió pago del alquiler por su parte, al menos hasta noviembre de 2015”, señala la denuncia.

Son varios los casos abiertos contra Lula. El Ministerio Público Federal de Brasilia está llevando a cabo una investigación en la que acusa al expresidente de corrupción, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y delincuencia organizada. La tesis principal de los investigadores en este caso es que Lula maniobró con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social para que la constructora más grande del país, Odebrecht, tuviera crédito en la construcción de unas obras en Angola.

Además, Lula está siendo juzgado en otros dos procesos relacionados con la investigación Lava Jato. En uno de esos procesos, se acusa al expresidente de haber recibido supuestamente, por parte de la constructora OAS, coimas para reformar un piso en Guarujá (São Paulo). En otro, se le acusa de intento de obstrucción a la justicia, por supuestamente intentar comprar el silencio del exsenador Delcídio do Amaral, del Partido de los Trabajadores.

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