MUD prevé acelerar la salida de Nicolás Maduro

El presidente de la Asamblea reaccionó a la decisión del TSJ de avalar el decreto de emergencia, señalando que la decisión profundiza la crisis.

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Ramos Allup aseguró que ‘el gobierno está haciendo lo posible porque le den un golpe’. Ramos Allup aseguró que ‘el gobierno está haciendo lo posible porque le den un golpe’.
Ramos Allup aseguró que ‘el gobierno está haciendo lo posible porque le den un golpe’. Ariana Cubillos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela dejó entrever ayer que la mayoría opositora podría acelerar la búsqueda de opciones constitucionales para cesar el mandato del presidente Nicolás Maduro.

El diputado Henry Ramos Allup reaccionó así a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de declarar vigente el decreto de emergencia económica que le da plenas facultades a Maduro para actuar por dos meses en diversos ámbitos y que fue rechazado por la Asamblea.

En una rueda de prensa y acompañado por sus colegas de la Unidad Democrática, afirmó que la sentencia es “inconstitucional” y contribuye con la “profundización y la aceleración” de la crisis que enfrenta el país.

Tras el anuncio de la sentencia del TSJ la coalición opositora inició las evaluaciones para definir una postura conjunta. “Este gobierno está haciendo lo posible para que le den un golpe”, indicó Ramos Allup. “Una de las pocas cosas que lo sostienen precariamente [a Maduro] en el poder es el Tribunal Supremo de Justicia”.

Anticipó que recurrirán a instancias internacionales para denunciar a la Corte, señalada de estar controlada por el oficialismo. Y, sin presentar pruebas, alegó que “dentro del propio gobierno hay un movimiento cada vez más fuerte y cada vez más creciente para pedirle la renuncia” a Maduro.

Maduro, que alcanzará en abril la mitad de su mandato de seis años, anunció la noche del jueves que con la activación del decreto por parte del TSJ aprobará en los próximos días una serie de medidas, pero no ofreció detalles. Algunos medios locales indicaron recientemente que el gobierno estaría considerando un ajuste del control de cambios vigente desde 2003 y un eventual aumento del precio de la gasolina que se vende en cerca de un centavo de dólar el litro.

El gobernante aprobó a mediados de enero el decreto para hacer frente a la crisis, que aduce es consecuencia de una “guerra económica” promovida por sectores empresariales y opositores para desestabilizar su gobierno. La mayoría opositora del Congreso desaprobó el 22 de enero el decreto alegando que el mandatario no necesitaba ninguna normativa especial debido a que las leyes vigentes eran suficientes para afrontar la crisis.

“Tenemos que tomar decisiones, este gobierno no quiere cambiar en nada, cada día la situación del país es peor (...). Ha llegado el momento”, declaró por su parte el ex candidato presidencial Henrique Capriles.

Previendo que el TSJ frene la enmienda constitucional, Capriles se inclina por un referendo –que puede ser convocado a mitad del mandato–, pero esta vía deberá ser supervisada por el Consejo Nacional Electoral, al que la oposición también acusa de oficialista.

Para el diputado opositor José Guerra, la Sala Constitucional del TSJ “cree ser un Estado dentro del Estado” y “que está por sobre la voluntad del pueblo”.

El director de la firma Ecoanalítica Asdrúbal Oliveros, consideró que “el problema que tiene Venezuela es la ausencia de un árbitro que dirima el conflicto de poderes”, ya que, advirtió, el TSJ está“parcializado”.

Desde el oficialismo no hubo reacción a las declaraciones de Ramos Allup. Todos enfocaron sus críticas a la oposición en el aniversario de las protestas del 12 de febrero de 2014, entre ellos, el vocero del Bloque de la Patria en la Asamblea, Héctor Rodríguez, quien expresó en Twitter: “Un día como hoy sectores más facistas y terroristas de la derecha iniciaron acción violenta llamada ‘La Salida’ para intentar tomar el poder”. “La Salida dejó 43 muertos, 800 heridos y millonarias pérdidas económicas... nos puso a un paso de una guerra civil”, añadió.

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