DELINCUENCIA ORGANIZADA

Mafias, el brazo ejecutor de clonadores de títulos

Una serie de bandas criminales opera en el país usurpando fincas privadas, y por las cuales obtiene ganancias millonarias.

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Trece hectáreas de tierras ubicadas en Boquerón, Chiriquí, fueron parte de las investigaciones en las que se implicó al líder de la Comunidad Apostólica Hossana, Edwin Álvarez. LA PRENSA/Archivo. Trece hectáreas de tierras ubicadas en Boquerón, Chiriquí, fueron parte de las investigaciones en las que se implicó al líder de la Comunidad Apostólica Hossana, Edwin Álvarez. LA PRENSA/Archivo.
Trece hectáreas de tierras ubicadas en Boquerón, Chiriquí, fueron parte de las investigaciones en las que se implicó al líder de la Comunidad Apostólica Hossana, Edwin Álvarez. LA PRENSA/Archivo.

Amediados de 2008, cuando el entonces gobernador de Coclé, Darío Fernández, descubrió que se había implicado a su madre en el traspaso ilegal de una finca en el sector de Piña, en Colón, nunca imaginó que eso sería la causa de su asesinato tres años después.

Fernández, utilizando una radioemisora de su propiedad en Penonomé, hizo públicos los negocios oscuros de una de las muchas bandas criminales que operan en el país usurpando terrenos privados, por los cuales obtienen ganancias millonarias, asociándose incluso con el sicariato.

Todo inició cuando el político y periodista recibió una llamada del Registro Público, en el que se le informaba que había finalizado el trámite del traspaso de un lote de 12 hectáreas en Colón a nombre de su madre, Juana María Jaén, de 93 años.

El entonces presidente del PRD en Coclé quedó asombrado por esa llamada y de inmediato se puso a averiguar lo que ocurría, pues estaba seguro de que su madre no había hecho ese trámite.

Lo que descubrió Fernández fue una entramada red delincuencial que había traspasado, al menos ocho veces, un mismo terreno y que desde mayo de 2008 pasó como por arte de magia a ser propiedad de su madre.

Entre las personas que estuvieron implicadas en esos trámites ilegales se mencionaba al abogado Ricardo Martínez Quiroz, una persona muy conocida por Fernández y también militante del PRD en Coclé.

De igual manera, se ligaba a Mayra Hall Conte y Julián Alfredo Nouvet Conte.

Los tres formarían parte del grupo de siete personas enjuiciadas y condenadas en 2013 por el asesinato del político, ocurrido en Penonomé el 6 de noviembre de 2011 a manos de un sicario. Martínez Quiroz está prófugo de la justicia por este caso.

Durante la celebración del juicio, el fiscal Roberto Moreno sustentó que el crimen de Fernández se produjo cuando este descubrió una red criminal que se dedicaba a la suplantación de identidades y a la venta de terrenos. La red generó ganancias por $1.5 millón, aseguró.

SORPRENDIDO

Otro caso que confirma la existencia de estas mafias expertas en clonación de títulos para obtener terrenos es lo ocurrido al líder de la iglesia evangélica Hossana de Panamá, Edwin Álvarez, al ser implicado en agosto de 2013 en la falsificación de documentos en el Registro Público para hacerse con 13 hectáreas de tierras ubicadas en Boquerón, Chiriquí, y por las que pagó 320 mil dólares.

El líder de la Comunidad Apostólica Hosanna aseguró que los terrenos serían utilizados para desarrollar campamentos, retiros y otras actividades que no se realizan en los templos.

Las tierras en litigio, reclamadas por el ganadero chiricano Ricardo Sittón, y que según las investigaciones fueron registradas de manera fraudulenta en Herrera, fueron traspasadas previamente a otras cuatro personas antes de que fueran obtenidas por Álvarez.

El apóstol evangélico tuvo que enfrentar un proceso penal donde incluso se le impusieron medidas cautelares de país por cárcel. Al final fue absuelto junto a otros siete imputados, “por haber sido sorprendidos en su buena fe”, según la fiscalía y en donde el religioso se comprometió a devolver la finca a su dueño original.

Sin embargo, el caso no fue cerrado, ya que las evidencias sobre la existencia de una red criminal que está detrás de estas acciones llevaron a la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada a abrir una investigación en diciembre pasado para deslindar responsabilidades penales.

Moreno, quien es actualmente fiscal superior contra la Delincuencia Organizada, confirmó que se han detectado varias de estas organizaciones criminales dedicadas a este delito y que su despacho instruye al menos cuatro expedientes relacionados con estas acciones delictivas.

Agregó que uno de estos procesos es el caso del apóstol Álvarez, donde se están evaluando algunas evidencias recopiladas para deslindar responsabilidades.

FAMILIA SOPRANO

De igual forma, una decena de ciudadanos extranjeros residentes en tierras altas en Chiriquí también ha sido víctima de los tentáculos de estas organizaciones criminales, por lo cual se han abierto otros cuatro expedientes penales en tribunales de esta provincia.

Las denuncias por duplicación ilegal de documentos se iniciaron en 2006 y la última fue presentada en 2012. Se menciona que los terrenos usurpados tenían un valor de entre 3 y 4 millones de dólares en total.

Según las pesquisas, las operaciones ilegales de esta red incluyen sobreprecios en las ventas hechas a los extranjeros que han adquirido los terrenos, doble titulación de la misma parcela de terreno, préstamos obtenidos de entidades financieras locales mediante la hipoteca de títulos falsos, hurto pecuario de semovientes pertenecientes a los propietarios estafados y falsedad de traspasos de dichos lotes para despojar a los dueños de estos.

Se investiga si funcionarios del Registro Público de David están implicados.

Por la forma de operar de esta banda los afectados la han comparado con la famosa serie televisiva conocida como la familia Soprano.

Al respecto, la jueza tercera de circuito de Chiriquí, Idalgis Olmos de Sánchez, en febrero pasado ordenó a la Policía Nacional la captura del abogado Cley Estenio González Caballero, de Daniel Polanco Rodríguez, Itza Dania Muñoz y Lot Jafet Muñoz, por su presunta vinculación con esta red de clonadores para proceder a indagarlos.

También está consignada la investigación que lleva desde septiembre de 2012 el Ministerio Público, por las acciones de una red delincuencial dedicada a la inscripción de 88 fincas que pertenecen al Estado y que no solo afectó propiedades en islas y la provincia de Veraguas, sino también las costas del corregimiento de Coclé del Norte, en Colón

Por estas pesquisas hay 43 personas mencionadas en el expediente de este caso, que tiene más de 18 tomos, en el Ministerio Público.

Ocho de estas personas enfrentan medidas cautelares, entre ellas José Edir Torres, quien inscribió 58 de las fincas afectadas, y Jesús Morales, quien registró otras 19 fincas del Estado, según las sumarias.

Entre los mencionados en la investigación se encuentran varios familiares del diputado Freidi Torres, así como la exdirectora de Reforma Agraria Nadia Moreno, quien ya rindió una primera declaración.

Así mismo, el Juzgado Quinto penal en diciembre de 2012 condenó a 24 meses de prisión a Donald Lamb y a su hijo Brent Duane Lamb, por el litigio de un globo de tierras en Colón que usurparon a la sociedad Robsons Real Estates Inc., basados en falsificaciones de documentos realizados desde 2007.

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