Magistrados del TE buscan blindaje

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El proyecto fue presentado el 19 de octubre por los magistrados Pinilla (Der.) y Valdés Escoffery (C). El proyecto fue presentado el 19 de octubre por los magistrados Pinilla (Der.) y Valdés Escoffery (C).
El proyecto fue presentado el 19 de octubre por los magistrados Pinilla (Der.) y Valdés Escoffery (C).

Un proyecto de ley presentado por los magistrados del Tribunal Electoral (TE) ante el pleno de la Asamblea Nacional les concedería prerrogativas en caso de ser investigados por ilícitos.

En el articulado de la iniciativa se establece que para condenarlos se requeriría el voto de seis de los nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Magistrados del TE buscan blindarse ante juzgamiento

De aprobarse el proyecto de ley que pretende la actualización de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral (TE), los magistrados que formen parte de esa institución quedarían blindados ante cualquier proceso al que sean sometidos en la Corte Suprema de Justicia.

La iniciativa, presentada ante el pleno de la Asamblea Nacional el 19 de este mes por el presidente del TE, Erasmo Pinilla, y su colega Eduardo Valdés Escoffery, busca actualizar la ley que rige la institución, que data de hace 40 años, y al mismo tiempo separar de la norma lo relacionado con la Fiscalía General Electoral, tal como lo señala la exposición de motivos del proyecto.

Además, en el artículo 8 de la propuesta los magistrados incluyeron una nueva prerrogativa para su juzgamiento.

Los magistrados del TE son investigados por el Procurador General de la Nación y juzgados por el pleno de la Corte.

La norma vigente dice: “los magistrados principales y los suplentes cuando estén habilitados no serán depuestos ni suspendidos en el ejercicio de sus cargos, sino en los casos y con la formalidad que dispone la ley (...) De igual modo, no podrán ser detenidos ni arrestados, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente para juzgarlos”.

El artículo propuesto modifica el artículo de la siguiente forma: “los magistrados principales y los suplentes cuando estén habilitados no serán depuestos ni suspendidos en el ejercicio de sus cargos, sino en los casos y con la formalidad que dispone la ley (...) Para su detención, arresto, suspensión, juzgamiento y condena se requerirá de las (2/3) partes del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”.

De acuerdo con juristas consultados por este diario, este último punto resguardaría a los magistrados en todas las fases de una eventual investigación en su contra, y complicaría una decisión en la Corte.

Y es que las dos terceras partes del pleno de la Corte Suprema de Justicia se corresponde con seis de los nueve magistrados que integran el pleno.

Actualmente, esa mayoría se requiere solo para la imposición de condenas en los procesos seguidos a diputados.

El Código Procesal Penal es claro en este sentido. El artículo 495, dice: “las decisiones que adopte el pleno de la Corte Suprema de Justicia dentro de las causas que se sigan contra un Diputado serán adoptadas por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros [cinco magistrados]. La sentencia que resuelva el fondo de la causa penal será adoptada por las dos terceras partes de los miembros del pleno de la Corte”.

En el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que son juzgados por la Asamblea Nacional, el artículo 475 del mismo código indica que será el pleno legislativo el que decida y que la votación “será secreta y requerirá las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Nacional para dictar sentencia condenatoria. Si no se logra este número de votos, el imputado será declarado no culpable”.

HABLAN LOS EXPERTOS

A juicio del jurista Raúl Olmos, que los magistrados del Tribunal Electoral pretendan fijar una cuota de votos para su detención es una manera de blindarse para que el caso no sea “sencillo”.

“Están tutelando dos garantías fuertes: la presunción de inocencia y la libertad corporal”, explicó.

Detalló que la detención, arresto, suspensión y juzgamiento hacen referencia a la restricción de una libertad fundamental como la libertad corporal, mientras que la condena tiene que ver con la culpabilidad, que hace referencia a la presunción de inocencia, la cual tiene garantías constitucionales.

La opinión de Olmos no es distante de la emitida por el procurador de la Administración, Rigoberto González, quien dijo: “no sé hasta dónde eso es constitucional, porque la Corte actúa en función de mayorías y no con mayorías cualificadas”.

Si la Constitución propiamente no condiciona la mayoría en base a la cual la Corte toma sus decisiones, en mi opinión “una ley no puede condicionar qué mayoría se requiere para tomar una decisión de ningún tipo de causa”, agregó.

En ese sentido, expresó que, de ser aprobada, la norma propuesta pudiese ser demandada por inconstitucional.

Insistió en que es la propia Constitución la que establece la excepción de la ley cuando se requiere una cantidad diferente de votos a la mayoría simple.

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