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AUDIENCIA DE EXTRADICIÓN

Ricardo Martinelli cita caso de Fundación Mar del Sur

Los abogados del exgobernante hacen referencia a un proceso por supuesto peculado del que fue objeto la expresidenta como diputada del Parlacen.

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El exgobernante Ricardo Martinelli va a audiencia hoy. El exgobernante Ricardo Martinelli va a audiencia hoy.
El exgobernante Ricardo Martinelli va a audiencia hoy. Archivo

En una última acción legal antes de la audiencia de hoy, en la que se podría definir si procede o no la extradición del expresidente Ricardo Martinelli, sus abogados presentaron anoche ante el juez Edwin Torres una declaración jurada del abogado Roberto Moreno, que cita un fallo de 2009, correspondiente a un proceso que se le siguió a la exmandataria Mireya Moscoso por las donaciones de Taiwán manejadas por la Fundación Mar del Sur.

DEFENSA INVOCA CASO DE MOSCOSO

Hoy, en la Corte del Distrito Sur de la Florida, la fiscalía y la defensa debatirán el fondo de la extradición del expresidente Ricardo Martinelli, solicitada por Panamá, por la interceptación no autorizada de comunicaciones desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

Los fiscales sostienen que la entrega de Martinelli cumple con los requisitos del tratado bilateral firmado por Panamá y Estados Unidos en 1904 y los convenios multilaterales que ambos países han suscrito. También han señalado que desde su detención, el 12 de junio pasado, el “fugitivo” ha presentado argumentos “irrelevantes”, “contradictorios”, “inflados” y sin mérito.

Hasta ahora, la defensa ha repetido consistentemente que el caso no procede, porque no hay orden de detención válida, su cliente goza de doble inmunidad, no hubo peculado porque uno de los equipos de espionaje se adquirió con fondos privados y, además, el espionaje no fue contemplado en el tratado bilateral de 1904. Adicionalmente, ahora han invocado la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

Marcos Jiménez, exfiscal que lidera el equipo legal de Martinelli en Estados Unidos, afirma que según la Convención de Viena los tratados no son retroactivos.

 Marcos Jiménez (derecha), abogado principal de Martinelli en Miami. Expandir Imagen
Marcos Jiménez (derecha), abogado principal de Martinelli en Miami. LA PRENSA/Mónica Palm

Esto contrasta con la opinión de Tom Heinemann, consejero de la oficina jurídica del Departamento de Estado que aplica los tratados, quien declaró que aunque el tratado bilateral tiene una cláusula de no retroactividad, su intención es excluir casos de delitos cometidos antes de 1904.

Otro nuevo elemento aportado por la defensa es el testimonio del abogado panameño Roberto Moreno como especialista en derecho procesal. De hecho, esta audiencia fue pospuesta, porque Moreno no podía presentarse el día originalmente fijado por el juez Edwin Torres. La defensa intentó que Moreno fuera escuchado en la audiencia anterior –celebrada el 3 de agosto pasado–, pero el juez no lo interrogó y ahora se espera que insistan en su participación.

Anoche, la defensa presentó una declaración jurada de Moreno, en la que este señala que Martinelli no puede ser acusado de peculado, porque para ello sería “indispensable” que tuviera la custodia del bien objeto de dicho delito.

“La Corte Suprema de Justicia (CSJ), en reiteradas ocasiones, ha establecido la necesidad de contar con el informe de auditoría [de Contraloría] para acusar por delito de peculado e incluso para establecer la existencia del delito”, señala Moreno en su declaración.

Moreno cita un fallo de 18 de noviembre de 2009 dictado por el pleno de la CSJ, dentro de la investigación por supuesto peculado de la que fue objeto la expresidenta Mireya Moscoso, como diputada del Parlamento Centroamericano (Parlacen), por los fondos donados por Taiwán, que fueron manejados por la Fundación Mar del Sur. Moreno no parece indicar en su escrito que ni las normas de procedimiento ni las disposiciones penales aplicadas en el caso de Moscoso son las mismas que se aplican a Martinelli.

Efectivamente, en 2009, cuando se dictó el fallo citado por Moreno, el proceso era regido por el Código Judicial, mientras que el de Martinelli lo es por el Código Procesal Penal. Además, el Código Penal que establecía el delito investigado en el caso de la exmandataria fue derogado un año después de la promulgación del texto único del Código Penal, publicado en la Gaceta Oficial 26519 de 26 de abril de 2010. En otras palabras, sancionada por el entonces presidente Martinelli.

Centro de detenciones Federales. Expandir Imagen
Centro de detenciones Federales. LA PRENSA/Mónica Palm

Con anterioridad, la Fiscalía de Miami presentó una declaración jurada ( affidavit) del magistrado fiscal Harry Díaz, en la que este señala que “no existe ninguna disposición en el Código Procesal Penal ni en el Código Penal ni en el ordenamiento jurídico panameño que indique que para probar el peculado de uso o de apropiación sea necesario e indispensable que exista un informe de auditoría de la Contraloría para tales fines, como tampoco existe ninguna disposición que indique que los autores y partícipes de un delito de peculado deban haber sido previamente enlistados en un informe de Contraloría”.

La defensa también aportó una certificación del Órgano Judicial, en la que indica que no se ha calificado aún el expediente por la pérdida del equipo de espionaje adquirido a MLM Protection, por $13.4 millones. En cuanto al proceso relacionado al equipo comprado a NSO Group, no se han formulado cargos.

El 9 de octubre de 2015, Díaz presentó un escrito de acusación, en el que atribuye a Martinelli la supuesta comisión de cuatro delitos: interceptación de las comunicaciones y seguimiento sin autorización judicial, peculado por malversación y peculado de uso.

Pide hasta 21 años de cárcel para el expresidente. Dos meses después –el 11 de diciembre, para ser exactos– Martinelli fue declarado “en rebeldía” por el magistrado Jerónimo Mejía –en funciones de juez de garantías–, por no acudir a la audiencia de imputación de cargos. Luego, el 21 de diciembre, el pleno de la CSJ ordenó la detención provisional del expresidente. En septiembre de 2016, Panamá–a petición de la CSJ– pidió a Estados Unidos la extradición.

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