Juez rechaza petición de cerrar proceso a Martinelli

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El abogado Dimas Guevara actuó como vocero durante la audiencia de control celebrada ayer en la sala de audiencia del Segundo Tribunal de Justicia. El abogado Dimas Guevara actuó como vocero durante la audiencia de control celebrada ayer en la sala de audiencia del Segundo Tribunal de Justicia.
El abogado Dimas Guevara actuó como vocero durante la audiencia de control celebrada ayer en la sala de audiencia del Segundo Tribunal de Justicia.

El magistrado Jerónimo Mejía, juez de garantías en el caso que se le sigue en la Corte Suprema de Justicia al expresidente Ricardo Martinelli por la supuesta comisión de delitos contra la administración Pública, negó una petición de su defensa para cerrar el proceso por supuestamente haber terminado los dos meses de investigación. Los abogados de Martinelli sostienen que el proceso comenzó el 28 de enero pasado, pero el juez afirma que fue el 4 de mayo, después del levantamiento del fuero.

Martinelli pierde otro asalto ante juez Mejía

Los abogados del expresidente Ricardo Martinelli sufrieron ayer un nuevo revés, luego de que el magistrado Jerónimo Mejía –que funge como juez de garantías en el proceso que se le sigue al exmandatario– les negó una petición de cerrar el proceso tras concluir, según ellos, el plazo de dos meses asignado al fiscal Oydén Ortega para investigar y todavía no ha formulado cargos.

Según la defensa de Martinelli, la investigación se inició el 28 de enero de 2015, cuando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia designó a Mejía como juez de garantías y al magistrado Oydén Ortega como fiscal del proceso.

Para Dimas Guevara, que actuó como vocero del equipo de abogados de Martinelli, el término de dos meses para culminar la investigación ya concluyó, por lo que solicitó al juez de garantías declarar cerrado el caso al no existir ninguna solicitud por parte de la fiscalía.

Sin embargo, el fiscal Ortega refutó estos argumentos y señaló que el período de investigación asignado a su despacho se inició el 4 de mayo de 2015, un día hábil después de que el Pleno dictara una resolución –de fecha 30 de abril– y ordenara levantar la suspensión del proceso seguido a Martinelli, tras recibir notificación formal del Tribunal Electoral sobre el levantamiento del fuero penal electoral al exmandatario.

Ortega detalló que en la resolución del Pleno, fechada el 30 de abril, se autorizó el inicio de la investigación a Martinelli a partir del siguiente día hábil y eso, como se dijo, fue el 4 de mayo.

Para el magistrado fiscal, la tesis de la defensa de Martinelli de pedir el cierre de la investigación porque su despacho no ha hecho solicitud de una audiencia de imputación carece de sentido, ya que los términos no se han vencido aún.

En este sentido, Mejía concedió la razón a Ortega, ya que, a su juicio, la fiscalía no había realizado diligencia alguna como parte del proceso, ya que existía una suspensión tácita pues se había pedido el levantamiento del fuero electoral de Martinelli y se esperaba la decisión del Tribunal Electoral.

Mejía también denegó a la defensa de Martinelli una petición para estar presente en todas las diligencias de la fiscalía, bajo el argumento de que existen acciones de la fiscalía que pueden ser notificadas a la defensa, pero que hay otras que se pueden realizar sin notificarle.

En este aspecto, el fiscal Ortega detalló que el artículo 314 del Código Procesal Penal señala lo siguiente: “cuando se incauten equipos informáticos, datos almacenados en cualquier otro soporte, regirán las mismas limitaciones referidas al secreto profesional y a la reserva sobre los documentos incautados y el examen del contenido de los datos se cumplirá bajo responsabilidad del fiscal. A la diligencia se citará, con la debida antelación a la persona imputada y su defensor. Sin embargo, la ausencia de ellos no impide la realización del acto”.

En tanto, Mejía argumentó que en el sistema penal acusatorio las evidencias recolectadas por la fiscalía no se convierten en prueba hasta que sean sometidas a la consideración del juez de garantías.

En cambio, el magistrado Mejía sí accedió a la petición de la defensa de Martinelli de que el contralor general de la República, Federico Humbert, y el director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Stanziola, le entregue la documentación referente a los contratos suscritos entre esa última institución y las empresas que le suministraron la comida deshidratada.

No obstante, Mejía hizo la salvedad de que esa información solo le sería entregada por los funcionarios si sobre ella no pesa ninguna restricción legal o sea considerada de carácter restringida.

La petición fue hecha por la defensa de Martinelli, tras asegurar que en reiteradas ocasiones ha remitido notas al PAN y a la Contraloría para que se le entregue la citada información, pero no se le ha dado respuesta.

Los abogados del exgobernante también presentaron tres solicitudes para que se declare nulo el proceso, debido a supuestas violaciones al debido proceso y a sus derechos humanos por parte de la fiscalía.

No obstante, Mejía dispuso que dichas solicitudes se resolverán en la fase intermedia del proceso, es decir, cuando se llegue a la audiencia de imputación de cargos.

Para hoy se tiene previsto una segunda audiencia de control, en la que el magistrado fiscal presentará las evidencias recogidas en las inspecciones efectuadas en el Registro Público, durante las cuales se buscaron las propiedades y sociedades anónimas en las que aparece Ricardo Martinelli.

También presentará los hallazgos conseguidos al revisar los contratos asignados por el PAN para la compra de comida deshidratada; y los resultados de las entrevistas a los peritos de la Contraloría que realizaron las auditorías sobre esos contratos.

Martinelli fue acusado por el exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli como la persona que le ordenó adjudicar los contratos para la compraventa de comida deshidratada –por $44.9 millones– a la empresa Lerkshore International Limited, negociación que es investigada por supuestos sobreprecios y otras irregularidades.

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