SECUELAS DE LA OPERACIÓN ‘LAVA JATO’ EN PANAMÁ

Gobierno, ‘obligado’ a auditar

La mirada pública sigue puesta en el escándalo de Odebrecht, uno de los mayores contratistas del Estado desde el gobierno de Martín Torrijos.

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Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora brasileña Odebrecht, fue condenado a 19 años y 4 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero. Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora brasileña Odebrecht, fue condenado a 19 años y 4 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero.

Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora brasileña Odebrecht, fue condenado a 19 años y 4 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero. Foto por: Archivo

Centenares de personas participan de una protesta antigubernamental en la Explanada de los Ministerios en la ciudad de Brasilia, capital de Brasil. Centenares de personas participan de una protesta antigubernamental en la Explanada de los Ministerios en la ciudad de Brasilia, capital de Brasil.

Centenares de personas participan de una protesta antigubernamental en la Explanada de los Ministerios en la ciudad de Brasilia, capital de Brasil.

Hasta en las playas de Río de Janeiro hubo gente que pedía el fin del gobierno y medidas urgentes para salir de la crisis.XINHUA Hasta en las playas de Río de Janeiro hubo gente que pedía el fin del gobierno y medidas urgentes para salir de la crisis.XINHUA

Hasta en las playas de Río de Janeiro hubo gente que pedía el fin del gobierno y medidas urgentes para salir de la crisis.XINHUA

No cesan las críticas por la falta de auditorías a los contratos adjudicados a la empresa constructora Odebrecht, y a la libertad que le da el gobierno de Juan Carlos Varela para que participe en procesos de licitación pública. Esto a raíz de que Marcelo Odebrecht, expresidente de la compañía brasileña, fuera condenado la semana pasada a 19 años y 4 meses de prisión por corrupción y lavado de dinero, en medio de la Operación Lava Jato que tiene vínculos con Panamá.

El presidente de Transparencia Internacional (TI), capítulo de Panamá, Ramón Ricardo Arias; el excanciller Jorge E. Ritter, el excontralor José Chen Barría, la diputada independiente Ana Matilde Gómez, y el diputado oficialista José Antonio Domínguez, entre otros, analizaron las repercusiones de Lava Jato en Panamá, en el programa Radar de TVN.

Arias, por ejemplo, reiteró la necesidad de realizar las auditorías correspondientes a los proyectos que ha ejecutado esta empresa en el país y en caso de que se compruebe algún delito, argumentó, el Estado está en su derecho de rescindirlos. Una de las obras más cuestionadas es la cinta costera 3, megaproyecto que costó $782 millones. Según Arias, Odebrecht dejó de ser una empresa para convertirse en “una organización criminal”, de la que se debe proteger Panamá.

Mientras que la diputada Gómez considera “obligatorio” que la Contraloría General de la República, a cargo de Federico Humbert, audite las obras de esta empresa. Planteó que el modus operandi de esta constructora está identificado como una forma delictiva de corrupción activa.

Ese modus operandi, dice Gómez, “no fue una idea concreta de Marcelo Odebrecht en un país determinado, sino de la empresa en sí, la que tomó la decisión de montar un sistema para trabajar con los gobiernos corruptos”.

El excontralor José Chen Barría es de la tesis de que, además de los contratos, se deben investigar las adendas que le fueron otorgadas consecutivamente. Mencionó la de $127 millones para la autopista Panamá-Colón, y otra por $84 millones que solicitó para la ampliación del aeropuerto de Tocumen. Expresó que Panamá está contratando “con un delincuente”, cuyo modelo de gestión y de trabajo no beneficia la imagen del país.

Domínguez afirmó que a partir de la condena de Marcelo Odebrecht, la Contraloría y el Ministerio Público tienen la “obligación” de iniciar las investigaciones.

PROYECTOS ACTUALES

El ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, intervino en nombre del actual gobierno, ya que Odebrecht está a cargo de dos de las obras insignia de Varela. La renovación urbana de Colón [$537 millones] y la línea 2 del Metro [$1,857 millones].

Alemán señaló que los procesos de licitación se dieron de forma “transparente”, en los que la mejor opción la presentó la brasileña. Dijo que ambos procesos de licitación son “defendibles”.

Lo que sí cuestionó Alemán fue la construcción de la tercera etapa de la cinta costera, ya que, según él, no representa una solución vial.

¿Por qué?

El excanciller Ritter manifestó, por su parte, que “hay un halo de misterio del porqué las obras de Odebrecht no han sido auditadas. Tuvo el ministro [Roberto] Roy que pedir a la Contraloría que auditara la línea 1 del Metro, a raíz de la carta de un grupo de ciudadanos en la que se pedía al contralor [Federico Humbert] que no refrendara este tipo de contratos”.

“Estamos hablando de una serie de valoraciones, de carácter moral y ético, que no tienen nada que ver con la parte legal. Creo que el presidente Varela tiene la obligación de introducirle no solamente la legalidad a las contrataciones, sino el valor ético (...)”, cuestionó.

En julio de 2015, varios ciudadanos, entre ellos Ritter, enviaron una carta al contralor Humbert en la que sugerían que auditara el contrato de la cinta costera 3, y le pedían no refrendar los de la línea 2 del Metro y de la renovación de Colón.

Marcelo Odebrecht fue condenado por el delito de corrupción activa 11 veces y 50 veces por lavado de dinero, proceso este que tiene sus vínculos con Panamá, pues, según los fiscales brasileños, en los complejos esquemas de lavado aparecen sociedades y bancos panameños, en los que se calcula entraron poco más de $47 millones.

Antes del escándalo, Odebrecht logró que su emporio tuviera presencia en 23 países –incluyendo Panamá– y una facturación de unos $40 mil millones anuales.

Masivas manifestaciones para exigir la salida de Dilma Rousseff

Una marea de más de tres millones de personas pidió ayer la destitución de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, en un clima de fuerte descontento social por la recesión económica y un millonario fraude a Petrobras que salpica a la élite empresarial y política del país.

En la mayor protesta desde que eclosionó la crisis en 2015, millones de brasileños expresaron su irritación en más de 400 ciudades, apoyados por partidos de la oposición.

La magnitud de las marchas es un dato sensible para Rousseff, que enfrenta un pedido de juicio político que podría terminar anticipadamente su mandato previsto hasta 2018, y también para quienes buscan combustible para ese proceso que está en ciernes en el Congreso.

“Estamos en la calle porque no aguantamos más este gobierno. Señores diputados, señores senadores, exigimos el impeachment de Dilma”, dijo Rodrigo Chequer, líder del grupo Vem pra Rua, uno de los organizadores de la manifestación, desde lo alto de un camión.

La Policía militar de Sao Paulo estimó que 1.4 millones de personas caminaron por la céntrica avenida Paulista, muy por encima de las 500 mil calculadas por la encuestadora Datafolha.

El portal G1 acumuló el total nacional en 3 millones sin contar la gigantesca procesión en Río de Janeiro, donde no se realizan estimaciones.

En Panamá, un grupo de brasileños pidió la salida de Rousseff. El mitin tuvo lugar en la cinta costera, proyecto construido por la empresa brasileña Norberto Odebrecht, ligada al escándalo de Petrobras.

Manifestantes piden la salida de la presidenta

Una ola de manifestantes pedía ayer la destitución de la presidenta brasileña Dilma Rousseff, en un clima de fuerte descontento social por la recesión económica y un multimillonario fraude a Petrobras que salpica a la élite empresarial y política del país.

Se estimaba que al final del día, unos 3 millones de brasileños habrían expresado su irritación en las calles de más de 400 ciudades, protesta que por primera vez es públicamente apoyada por partidos de la oposición.

La magnitud de las marchas es un dato de alta sensibilidad para Rousseff, que enfrenta un pedido de juicio político que podría terminar anticipadamente su mandato, previsto hasta 2018, y también para los que buscan combustible para ese proceso que está en ciernes en el Congreso.

“Vine porque estoy cansada de ver tanta corrupción y para reclamar por el desorden en que se convirtió este país. Basta de robo, basta”, dijo Rosilene Feitosa, una pensionada de 61 años en Sao Paulo.

“Yo voté por el PT [Partido de los Trabajadores, en el poder] pero nunca más”.

La capital económica e industrial de Brasil fue el corazón de las marchas contra el gobierno del año pasado, llegando a concentrar hasta un millón de personas. Imágenes aéreas mostraban ayer domingo una marea compacta de gente vestida de amarillo y verde, los colores de la bandera nacional y de la emblemática camiseta de la selección de fútbol, en una escena que se repitió en la capital Brasilia -con una asistencia oficial de 100 milpersonas- y Río de Janeiro, sede de los próximos Juegos Olímpicos, que reunió cientos de miles junto a las playas de Copacabana.

Grandes centros urbanos como Belo Horizonte, al suereste, e incluso tradicionales bastiones del PT, como el estado de Bahía o Pernambuco, en el noreste, también tuvieron grandes convocatorias.

En medio de citas alusivas al “fin del ciclo” tras más de 13 años del PT en el poder, los manifestantes se quejaron por el derrumbe de la economía, que cayó 3.8% en 2015 y continuaría su declive este año, conformando la peor recesión en un siglo, y por los escabrosos hallazgos de la investigación en Petrobras, desde donde se desviaron multimillonarios fondos a los partidos que integran la coalición de gobierno.

“Cayó Cristina, cambió el Congreso en Venezuela, perdió Evo, y ¿quién caerá ahora? Dilma”, gritó uno de los organizadores de la protesta en Sao Paulo desde un camión, en referencia al término del mandato de la presidenta Cristina Kirchner en Argentina y a las derrotas sufridas por el oficialismo socialista en las legislativas en Venezuela y el mandatario boliviano Evo Morales en un referendo que le negó un potencial cuarto período.

Unas 300 personas se reunieron frente a la residencia del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, convertido ahora en uno de los blancos de los fiscales que investigan causas de corrupción y con pedido de prisión preventiva por supuesto ocultamiento de bienes.

Lula, símbolo y fundador del PT retribuyó el saludo, constató un fotógrafo de la AFP.

En Río de Janeiro, una avioneta roja que sobrevoló las playas portando un cartel con la leyenda “No va a haber golpe” fue abucheada por la multitud.

Poco después, un yate navegaba frente a la costa mostrando una bandera que decía “Fuera Dilma”.

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