EL ARADO, LA CHORRERA

Mesa evaluará planta térmica

En la primera jornada, el abogado de un grupo de familias de El Naranjal pidió el cierre definitivo de la planta térmica.

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El Gobierno, a través del Minsa y el Ministerio de Ambiente, tendrá un rol crucial.ESPECIAL El Gobierno, a través del Minsa y el Ministerio de Ambiente, tendrá un rol crucial.ESPECIAL
El Gobierno, a través del Minsa y el Ministerio de Ambiente, tendrá un rol crucial.ESPECIAL Eric Montenegro

Los integrantes de la mesa de diálogo creada por el Ministerio de Salud (Minsa) para analizar una lista de seis puntos presentada por la Coordinadora Ciudadana de La Chorrera (CCCH), vinculados con la expansión de la planta termoeléctrica que opera en este distrito, optaron ayer por crear dos mesas paralelas de trabajo.

Itza Barahona de Mosca, directora de Salud Pública del Minsa, dijo que se estableció una comisión de seguimiento y otra de investigación, esta última para validar todas las evidencias de afectación a la salud planteadas por la CCCH.

Esta comisión deberá determinar los actuales niveles de contaminación y afectación, para luego fijar las medidas que adoptará el Gobierno para proteger a la población y ecosistemas “sin detener el avance del desarrollo energético país”.

Esta comisión también deberá debatir la petición de la CCCH para que se realice una auditoría de salud entre la población chorrerana, para determinar las secuelas que pudiera haber generado el uso por 16 años del búnker C por parte de la planta.

No obstante, durante la primera jornada de trabajo se presentó una solicitud para el cierre definitivo de la planta térmica que opera Pan Am Generating Ltd. por parte de Martín Ibáñez, residente en El Naranjal, un caserío colindante con la planta térmica.

Ibáñez apeló a la aplicación del Código Sanitario por parte del Minsa, considerando las afectaciones para la salud y el ecosistema, lo cual aseveró estar exigiendo desde hace 16 años.

El reclamo de Ibáñez fue secundado por el abogado Donaldo Souza Guevara, presidente de la Asociación de Derecho Ambiental y representante legal de varias familias de El Naranjal.

Según el abogado, sus clientes exigen el cierre definitivo de la planta, que aun cuando se haga la conversión a gas natural aducen que los efectos contaminantes continuarán. Además, reclaman una indemnización.

La directora provincial de la Defensoría del Pueblo, Irma Peña, también cuestionó el no haber recibido respuesta a solicitudes hechas en septiembre pasado al Minsa y al Ministerio de Ambiente, sobre los estudios de las afectaciones a la población y el ambiente por el búnker C.

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