Hoy: Café con La Prensa sobre la reestructuración de la ciudad de Panamá

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ESCÁNDALO

México: más víctimas de Pegasus

El programa espía –que también compró el gobierno de Martinelli en 2010– ha sido utilizado en México para espiar a periodistas y abogados.

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El programa de hackeo para interceptar toda la información de teléfonos celulares que utilizó el gobierno de Ricardo Martinelli para espiar a adversarios políticos, periodistas y críticos a su administración ha vuelto a ser noticia por las mismas causas, pero esta vez en México, tras la publicación de un extenso reportaje este fin de semana en la primera plana de The New York Times (NYT).

Así encabeza la noticia el diario estadounidense, refiriéndose al programa que creó la empresa israelí NSO Group, que dice verificar el historial en el tema de derechos humanos de cada país antes de venderle el programa de espionaje.

Pero tal examen, a la luz de lo descubierto hasta ahora, parece ser más bien superficial. En México, entre los espiados figuran, por ejemplo, abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; un economista que ayudó a redactar un proyecto de ley contra la corrupción; dos influyentes periodistas y una estadounidense que representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la Policía mexicana.

En Panamá, la lista de espiados por el gobierno de Martinelli se asemeja al perfil de los de México: abogados, adversarios políticos, periodistas (de La Prensa, entre ellos), etc. El mismo diario publicó un reportaje en 2010 en el que revela la pretensión de Martinelli de utilizar su programa de escuchas telefónicas –conocido como Matador – para espiar a quienes lo adversaban, incluyendo la amenaza de expulsar a la DEA de Panamá si Estados Unidos removía sus equipos del Consejo de Seguridad: incluso, llegó a advertir que gustosamente reemplazaría a la DEA por los servicios de Israel.

En México, tres agencias federales –apunta el diario– gastaron 80 millones de dólares en programas de espionaje de esta empresa. En Panamá se han rastreado unos 8 millones de dólares, dinero que no era pagado directamente por el Gobierno local, sino a través de intermediarios –empresas de amigos y allegados al exgobernante– en operaciones bancarias que distan mucho de ser las convencionales de un Estado para pagar servicios y equipos.

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THE CITIZAN LAB

La investigación del NYT coincide con la publicación ayer de un informe preparado por The Citizen Lab, una organización con sede en la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto, Canadá, enfocada en la investigación avanzada y desarrollo en la interceptación de información y tecnologías de información, derechos humanos y seguridad global. (Ver https://citizenlab.org/2017/06/reckless-exploit-mexico-nso).

Dicho informe señala que fueron analizados más de 76 mensajes con rastros del programa de NSO Group enviados a periodistas y abogados.

The Citizen Lab revela que los objetivos espiados estaban trabajando en temas como investigaciones de corrupción por parte del presidente de México, Enrique Peña Nieto, y la participación de las autoridades federales mexicanas en abusos a los derechos humanos.

Para activar el programa espía, los objetivos recibían mensajes que simulaban ser de la Embajada de Estados Unidos en México o supuestas alertas de emergencia de niños secuestrados.

SIMILITUDES

The Citizen Lab es la misma que describió operaciones de otro fabricante de programas espías, en Italia, cuyos productos fueron también adquiridos por el gobierno pasado, en 2011. También le compró México.

Al igual que NSO Group, The Hacking Team anunciaba su programa espía como irrastreable. Era conocido como Da Vinci o Remote Control System (RCS). El software era una solución diseñada para evadir la encriptación por medio de un software espía que se instala en el dispositivo del objetivo que está bajo vigilancia.

Da Vinci recopilaba los datos de los dispositivos que luego los transmitía desde el mismo celular a los servidores de RCS. La empresa italiana garantizaba que ni la compra de sus equipos ni la información que recogía de las víctimas se relacionara a un Gobierno específico. En todo caso, el rastro llevaría a una empresa fantasma. Es decir, lo mismo que hizo en Panamá NSO Group.

EXPLICACIONES

NYT contactó a NSO Group, que dijo que su programa es vendido exclusivamente a Gobiernos con la condición de que solo sea utilizado para combatir a terroristas, grupos criminales y carteles de drogas.

Pero los mensajes examinados por el NYT y analistas forenses independientes tienen algo en común: en ellos hay rastros de Pegasus. “Ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido críticas del gobierno, así como a sus familiares”.

El uso por parte del Estado del programa espía contra opositores y activistas se sospechaba en México, pero no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable. Pegasus no deja rastros del hacker que lo utilizó. NSO Group señala que no se puede determinar exactamente quién está detrás de los intentos específicos de hackeo. Esa es su versión.

Ciberexpertos, empero, pueden verificar en qué momento se ha utilizado el software en el teléfono de un objetivo, lo cual les deja pocas dudas de que el Gobierno mexicano o algún grupo corrupto interno están involucrados, revela el NYT.

El propio fabricante indica que es poco probable que cibercriminales tengan acceso a Pegasus, ya que el programa solo puede ser utilizado por las agencias gubernamentales que lo tienen. Una vez otorgada la licencia e instalado el equipo en agencias de inteligencia y cuerpos de seguridad, NSO Group afirma que no hay manera de saber cómo se utilizan o contra quién se usan.

Aunque NSO Group supiera que se está haciendo un mal uso, dice que no podría hacer mucho: no puede ir a las agencias de inteligencia, quitar el programa y llevarse el equipo. NSO Group confía en que sus clientes cooperarían en una inspección interna que realizaría la empresa, cuyos resultados entregaría a la autoridad competente. Es decir, los gobiernos terminan siendo los responsables de vigilarse a sí mismos, señala el NYT.

La compañía se limitaba a cobrar a sus clientes. Para espiar a 10 usuarios de iPhone, por ejemplo, el fabricante cobra 650 mil dólares y la cuota de instalación, de 500 mil dólares, dicen las propuestas de comercialización de NSO Group que revisó el NYT.

Pero –señala el diario– en el caso de México, NSO Group no ha condenado ni reconocido que haya abuso de su programa, pese a que se han presentado evidencias en repetidas ocasiones que demuestran lo contrario.

CASOS

El presidente mexicano ha sido objeto de críticas tras olvidar sus promesas de campaña y los escándalos en los que ha estado envuelto, como la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa después de un enfrentamiento con la Policía y las acusaciones de que él y su esposa adquirieron una lujosa casa de un constructor que después recibió contratos de obras públicas.

Son escándalos que han derrumbado la imagen que Enrique Peña Nieto tuvo como candidato –cuando se vendió como un político dispuesto a trabajar con otros partidos para modernizar y mover a México– y lo han pintado como un funcionario corrupto. Ese cambio es el resultado, en buena medida –señala el NYT– del trabajo de periodistas mexicanos que develaron los casos y de activistas y defensores que no han permitido que sean olvidados.

PERIODISTAS, VÍCTIMAS

Quizá ningún otro periodista en México ha dañado más la reputación de Peña Nieto que Carmen Aristegui, señala el NYT. Y pocos han pagado tan caro haberlo hecho. La periodista y su equipo divulgaron en 2014 el escándalo de la “Casa blanca”, que involucraba un arreglo para la primera dama por parte de un contratista del Gobierno que tiene una relación de vieja data con Peña Nieto.

La noticia tuvo difusión mundial. La primera dama se vio obligada a entregar el inmueble. Peña Nieto fue exculpado y Aristegui perdió su trabajo, hecho que –según el diario– marcó el inicio de una campaña de acoso y difamación en su contra: demandas, allanamientos de sus oficinas, amenazas a su seguridad personal y vigilancia.

“Se trata de un acto de venganza por el reportaje”, dijo Aristegui recientemente.

EL CASO DE MARTINELLI

Ayer, Aristegui dio una rueda de prensa en la que abordó el caso de Martinelli, detenido en espera de extradición por el supuesto espionaje a 150 personas y por hacer uso de dinero público para espiar a sus críticos.

“Las autoridades del Ministerio Público de Panamá, las autoridades judiciales de Panamá, acusaron al expresidente por espionaje político ilegal. Las instituciones de Panamá dieron los pasos correspondientes y activaron las alertas de la Interpol, que actuó en Estados Unidos y que contó con la colaboración de los equipos policiales estadounidenses y detuvieron a Martinelli en Miami”, describió la periodista.

Añadió que Martinelli está procesado por conductas “primas hermanas” de la que denunciaría ante la Procuraduría General mexicana. Aristegui espera que las autoridades investiguen el caso para evitar situaciones similares en el futuro.

Otro que fue víctima de espionaje fue Mario Patrón, director del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, el grupo de defensa de derechos humanos más respetado de México ( Ver infografía).

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