PAREJA DE la HERMANA DEL PRESIDENTE MARTINELLI, DETRÁS DEL JUGOSO NEGOCIO

Millonario contrato de seguridad

Un contrato directo de $13.3 millones dio el ministro de Seguridad Pública para ´mejorar y digitalizar´ los sistemas de comunicación de la Fuerza Pública.

COMPROMISO. El mandatario, Ricardo Martinelli, estampó su firma en la resolución de Gabinete que autorizó al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, contratar directamente el consorcio, a pesar de que otra empresa pidió una licitación. LA PRENSA/Archivo COMPROMISO. El mandatario, Ricardo Martinelli, estampó su firma en la resolución de Gabinete que autorizó al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, contratar directamente el consorcio, a pesar de que otra empresa pidió una licitación. LA PRENSA/Archivo
COMPROMISO. El mandatario, Ricardo Martinelli, estampó su firma en la resolución de Gabinete que autorizó al ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, contratar directamente el consorcio, a pesar de que otra empresa pidió una licitación. LA PRENSA/Archivo

Las compras directas han sido frecuentes –casi la regla– desde que este gobierno asumió el control de la Fuerza Pública, que está bajo el ancho y poderoso paraguas del Ministerio de Seguridad, que comanda José Raúl Mulino.

El caso más notorio fue la compra sin licitación de $250 millones en equipos a Finmeccanica, que hoy es blanco de una investigación en Italia por presunta corrupción, por la que está detenido el italiano Valter Lavítola, pieza clave en la polémica negociación.

A la larga lista de compras directas de la Fuerza Pública ahora se suma otra que, al igual que en anteriores oportunidades, ha levantado suspicacias en el mundo empresarial, no solo por la forma de contratación, sino por los lazos que unen a algunos empresarios amigos –beneficiarios de este millonario contrato– con familiares del presidente, Ricardo Martinelli.

Es el caso de Kadair, S.A. –en consorcio con Motorola Solutions–, que recibió un contrato estatal sin el concurso de otra empresa, por $13.3 millones, a fin de “mejorar, digitalizar y expandir” las comunicaciones de la Fuerza Pública.

Eso, a pesar de que había sobre la mesa solicitudes de, al menos, otra empresa local distribuidora de equipos semejantes, para que se llamara a una licitación en beneficio de otros interesados y del propio Estado.

Pero la decisión de evitar la licitación fue del propio ministro Mulino, quien, a través de un correo electrónico dirigido a este medio, reveló lo siguiente: “Yo pedí el consorcio [Kadair-Motorola Solutions] a Motorola USA, que por 15 años o más le ha vendido equipos a la Policía Nacional”.

Y aunque acepta que fue su decisión, Mulino evitó responder en ese correo preguntas como, ¿cuál es el vínculo de dignatarios de Kadair, S.A. con el presidente Martinelli? O las razones que sustentan por qué este contrato directo fue enmarcado como tema de “seguridad nacional”, sorteando así la convocatoria de una licitación.

Kadair, S.A. tiene entre sus directores a Aaron Roni Mizrachi, pareja de Analida Martinelli –hermana del Presidente–, y a Daniel Mizrachi, quien fue directivo del Banco Nacional de Panamá en los primeros dos años de este gobierno.

“Si quieren hacer un escándalo [con esta contratación], sería algo incomprensible”, comentó Mulino en otro correo electrónico, en el que una vez más evitó referirse a la vinculación de los dignatarios de Kadair, S.A. con el presidente Martinelli.

Tras el intercambio de correos, Mulino convocó una reunión –y a La Prensa– aduciendo que el tema de la compra era “muy técnico” y que solicitaría la presencia de personal de Telemática de los estamentos de seguridad, que –según dijo– “se ha roto el alma durante 28 meses”.

En la reunión –realizada el pasado 20 de noviembre– Mulino fue acompañado de altos oficiales de la Fuerza Pública, incluyendo al comandante Belsio González, director del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Como preámbulo, mostró un video en el que detalla el estado “deplorable” del actual sistema de comunicación de los estamentos de seguridad, con lo que justificaba el proyecto –denominado P25– que integrará acciones por mar, tierra y aire.

VÍNCULOS Y RELACIONES

Para blindar el proyecto, la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), que dirige Eduardo Jaén, le dio su beneplácito arguyendo el uso de tecnologías de información y comunicaciones. “Nuestros conceptos favorables se circunscriben a la evaluación de las características técnicas y de diseño de la solución propuesta”, afirmó.

Jaén no es persona ajena a Kadair, S.A. ni a Roni Mizrachi. Ambos mantienen una relación de amistad y empresarial que ha perdurado, al menos, tres décadas y aún está vigente. Jaén admitió haber sido accionista de Rapidphone, que se fusionó con Kadair en 2001.

“Hace más de 10 años no tengo participación o vinculación de ningún tipo con Kadair o Rapidphone”, se defiende Jaén. “Conozco a [Roni] Mizrachi, es amigo personal de muchísimo tiempo. En la actualidad no tengo relaciones comerciales con él, no participo ni estoy vinculado con ninguna de sus empresas”, sostuvo.

Pero eso no es del todo cierto. Jaén y Mizrachi aparecen, al menos, en dos sociedades como dignatarios: Topkapi Financial y Brickell Plaza, que datan de 1983 y 1998, respectivamente.

En la cumbre “Connect Americas 2012”, celebrada en Panamá del 17 al 19 de julio pasado –en la que participaron expertos en telecomunicaciones de Europa, Asia, África y Panamá–, Roni Mizrachi fue identificado como asesor del director del Despacho Superior de la AIG, es decir, de Jaén.

También en esa cumbre aparece como participante el hijo de Roni Mizrachi, Raymond Mizrachi Matalon, como desarrollador de la AIG.

Pero Jaén quiso poner distancia del empresario. Dijo que “Mizrachi y su hijo Raymond fueron invitados por su equipo de Telecomunicaciones a la inauguración del evento, pero se le registró erróneamente como asesor en vez de invitado”. También negó que Mizrachi estuviera en la planilla de la AIG.

Pese a esta relación, Jaén dice que “no sabía que Kadair, S.A. sería parte de la contratación que consideraba realizar el Ministerio de Seguridad Pública, toda vez que a la AIG solo llegan las especificaciones técnicas de los bienes o servicios a adquirir”.

La Prensa intentó, sin éxito, comunicarse con Mizrachi. Se le dejó mensajes con dos secretarias en su empresa Isthmus Telecom en dos ocasiones y se negaron proporcionar su dirección de correo electrónica.

KADAIR FIRMA CONTRATO

El contrato, además de la falta de sustento para enmarcarlo como de seguridad nacional, tiene otros misterios. Por ejemplo, el socio de Kadair, S.A. en esta compra es Motorola Solutions, que, a través de la Gerencia de Comunicación para América Latina, informó que las explicaciones sobre su venta a Panamá las tendría que dar el Ministerio de Seguridad.

De las pocas cosas que el ministro de Seguridad aclaró, una de ellas es que Mizrachi es socio y dueño de Kadair, S.A. “desde hace miles de años... y tiene varias empresas vinculadas a comunicaciones”; y que su rol en este consorcio se limita a ser “representante autorizado de Motorola en Panamá”, lo cual no explica por qué la compra directa de los equipos no se hizo a Motorola Solutions, sino a través de un intermediario (Kadair).

Mulino tampoco mostró las certificaciones que sustentan el acuerdo entre Motorola y Kadair, S.A., porque, según dice, no son de “acceso público”, aunque afirma que reposan en el expediente que tiene en su despacho la contralora, Gioconda de Bianchini, para su refrendo, y que el contrato lo firmó el abogado Orlando López, presidente de Kadair, S.A.

Este diario dejó tres mensajes con la secretaria de López y le envió un cuestionario en seis ocasiones, pero no lo respondió.

RADIOS ´DESFASADOS´

Contrario a lo que dice Mulino, en los últimos años en el portal PanamaCompra se han consignado especificaciones en los pliegos de cargo de equipos a adquirir en concursos de precios. Kadair, S.A. ha participado y ha ganado licitaciones para la venta de equipos de comunicación, en su mayoría radios portátiles, para los estamentos de seguridad y otras dependencias estatales.

“Motorola Estados Unidos está sujeta a las leyes anticorrupción de ese país, y se hizo así para despejar cualquier morbo de que aquí hay una coima, una ganancia...”, insistió el ministro Mulino.

A mediados de 2011, Kadair vendió al Senan –por casi medio millón de dólares– “repetidoras, radios bases, radios portátiles y accesorios” análogos, una tecnología que el propio Mulino califica ahora de “desfasada”. (Ver nota relacionada).

En ese concurso Kadair se presentó como “distribuidor autorizado” de Bearcom en Panamá para la venta, oferta y soporte técnico de los radios digitales de dos vías. Bearcom es el distribuidor mayorista autorizado de Motorola en Panamá.

Las especificaciones de estos equipos aparecen en el portal PanamaCompra, pues, a diferencia de la actual compra, esa fue una licitación en la que, por cierto, el único oferente fue Kadair.

“Estos radios [análogos] no serán desechados, porque el proyecto permite pasarlo a formato digital... En ese momento [cuando se compraron] la urgencia eran radios análogos para poder ampliar lo que se tenía, trabajando en paralelo a este proyecto que permitirá integrar todos los equipos”, sostuvo Mulino.

Aun así, según la subcomisionada Albalira Díaz, directora de Telemática del Senan, eso “no ha sido suficiente para mejorar las comunicaciones internas”.

Y aunque Mulino asegura que el consorcio Motorola-Kadair es el único que puede cumplir los requerimientos de comunicación de la Fuerza Pública, otra empresa reclama tener igual o mejor tecnología.

Mulino: ´Equipos están desfasados´

El ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, defendió la millonaria contratación directa con el consorcio Motorola Solutions y Kadair, S.A., argumentando que son los únicos que pueden integrar los “desfasados” equipos análogos a digital.

Mulino reiteró una y otra vez que Motorola tiene 15 años vendiendo equipos análogos a la Policía Nacional y que el actual sistema de comunicación está a punto de “colapsar”.

“Conversamos con proveedores de Israel y de Estados Unidos y ninguno representa la capacidad que tiene Motorola de poder integrar y trabajar lo que ya tenemos”, reafirmó.

Según Mulino, con la compra de estos equipos las comunicaciones entre los estamentos de seguridad serán más seguras y se podrán evitar las “interceptaciones y el hackeo”.

Dijo que sostuvo reuniones con representantes de la marca estadounidense Harris –líder en servicios de comunicación–, cuyos equipos calificó como “buenísimos y todo terreno”. Sin embargo, recalcó que “no podían botar todos los equipos Motorola para instalar Harris”, ya que esa acción le hubiese costado al Estado $50 millones.

“Hay equipos que se están despedazando, pero hay otros que están en operación...”, precisó.

El proyecto se desarrollará en tres etapas. La primera cubre Panamá y Colón, en la que se invertirán unos $4 millones; en la segunda se integrará el centro del país, y la última Chiriquí y Bocas del Toro. El resto del dinero cubrirá estas dos últimas fases.

SANTIAGO CUMBRERA

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