MINISTERIO PÚBLICO

Millonarios proyectos, en la mira

La Fiscalía Especial Anticorrupción pidió a la Contraloría que audite 11 proyectos ejecutados en los gobiernos de Torrijos, Martinelli y Varela.

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El precio inicial de la línea 1 del Metro de Panamá era de $1,447 millones y terminó costando $2,090 millones. El precio inicial de la línea 1 del Metro de Panamá era de $1,447 millones y terminó costando $2,090 millones.
El precio inicial de la línea 1 del Metro de Panamá era de $1,447 millones y terminó costando $2,090 millones. Archivo

El clamor ciudadano para que se auditen las obras construidas por Odebrecht en Panamá tuvo eco en el Ministerio Público.

La Fiscalía Especial Anticorrupción solicitó a la Contraloría General de la República  auditar 11 proyectos construidos por la empresa brasileña en Panamá desde el gobierno de Martín Torrijos (2004-2009) hasta el actual, a cargo de Juan Carlos Varela.

La petición de la fiscalía –que investiga el pago de sobornos por parte de Odebrecht a funcionarios y particulares en Panamá– guarda relación con el denominado caso Odebrecht-Suiza, que le sigue la pista a supuestos pagos que recibieron los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares –hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal– por parte de la constructora.

Por este caso, los fiscales suizos les congelaron cuentas bancarias por $22 millones, y en Panamá se les investiga por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales.

¿CUÁLES SON?

En la lista que envió la fiscalía –a cargo de las fiscales Tania Sterling, Vielka Broce, Ruth Morcillo y Zuleyka Moore– figura el proyecto de riego Remigio Rojas, obra que se inició en 2006 durante el gobierno de Torrijos y que tuvo un costo de $65.3 millones.

La cinta costera en sus etapas 1 y 2. La primera también fue construida en el periodo de Torrijos y costó $189.1 millones. Mientras que la segunda fue ejecutada en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014) y significó una inversión de $52.6 millones.

La autopista Panamá Colón y el corredor Colón también están entre los proyectos que, de acuerdo con el Ministerio Público, debe auditar el contralor Federico Humbert. La autopista empezó a construirse en la gestión de Torrijos y se concluyó en la de Martinelli. Su valor inicial era de $283.7 millones, pero con las adendas otorgadas terminó costando $487 millones.

El corredor Colón se construyó en la administración de Martinelli. Empezó costando $122.5 millones, pero al final el Estado pagó $163.1 millones por esta obra.

El saneamiento de la bahía de Panamá es otro de los proyectos que está bajo la lupa, y este se ha ejecutado durante los gobiernos de Torrijos, Martinelli y del actual gobernante, Juan Carlos Varela.

Tiene tres componentes: el túnel del saneamiento de la bahía, cuya construcción se inició con Torrijos a $139 millones y se concluyó en la gestión de Martinelli en $384.5 millones. El proyecto de agua potable, que gestionó el pasado gobierno en $157.8 millones; y la planta de tratamiento de Juan Díaz, que también arrancó en el gobierno anterior y se extiende hasta la administración actual, a un costo de $211 millones.

La renovación urbana de Curundú, una de las obras insignes del expresidente Martinelli, también está en la lista. Su precio inicial fue de $94.3 millones, pero terminó en $107.5 millones.

Otra de las megaobras clave de Martinelli, la línea 1 del Metro de Panamá, deberá ser auditada, según lo que pidió la fiscalía. Cuando empezó el pasado gobierno, anunció que el sistema de transporte le costaría a los panameños $1,447 millones, pero al final se pagaron $2,090 millones.

La restauración del patrimonio histórico del Casco Antiguo de la capital es otra de las obras que debe ser auditada. Empezó costando $168.6 millones, pero al final se pagó por ella $181.5.

La lista se completa con dos grandes proyectos del gobierno de Varela: la línea 2 del Metro de Panamá, a un costo de $2,060 millones; y la renovación urbana de Colón, cuyo valor es de $569 millones.

EL PAPEL DE LA SOCIEDAD CIVIL

La petición de la Fiscalía Especial Anticorrupción surge en momentos en que los presidentes de los principales gremios del país se pusieron a disposición del contralor Federico Humbert para colaborar con asesorías técnicas; entre otras, para examinar las millonarias obras que se han construido en Panamá en los últimos años.

Por ejemplo, el pasado 14 de febrero, Humbert se reunió con el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Jorge García Icaza.

Ese día García Icaza dijo: “Se cree que la génesis del problema está en los estimados que se hacían antes de que las empresas participaran en la licitación”. Mientras que el contralor aseguró en esa fecha que “evaluarían” siete obras, pero no solo las construidas por Odebrecht, sino de otras empresas. Prometió que no “le temblaría” la mano en caso de recibir solicitud del Ministerio Público para auditar proyectos del presidente Varela.

Y ayer, cuando se le consultó a través del Departamento de Comunicaciones de la Contraloría sobre la petición de la fiscalía indicó: “Inmediatamente recibida la solicitud, el despacho inició el proceso pertinente para empezar las auditorías”.

REACCIONAN

Líderes de la sociedad civil aplaudieron la medida. Freddy Pittí, del movimiento Juntos Decidimos, manifestó que una auditoría es “sumamente necesaria”, y “pieza clave” en las investigaciones relacionadas con el caso Odebrecht. “Sectores de la sociedad civil teníamos años demandando que se realicen estas auditorías (...) No se puede quedar ni una sola obra realizada por esta empresa sin la debida auditoría, incluyendo las del actual gobierno ”, añadió.

Mientras que Annette Planells, del Movimiento Independiente por Panamá, recordó que la Contraloría está en deuda con la ciudadanía en lo que concierne a su labor de fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los fondos y bienes públicos. Esto, dijo, existiendo una certeza de que Odebrecht no solo pagó coimas en Panamá, sino que estaba organizada para hacerlo a través del departamento de operaciones estructuradas que confesaron tener.

“Hace rato debieron iniciar las auditorías de todas las obras de infraestructura entregadas por esta empresa y las que se encuentren en ejecución, como además han sido solicitadas por el fiscal de Cuentas [Guido Rodríguez] y por el procurador general de la Administración [Rigoberto González]”, agregó.

Por su lado, el excontralor José Chen Barría sostuvo que hacer las auditorías “no es una decisión a voluntad del contralor, es una obligación constitucional. Y si el contralor no las hace, no se puede determinar oficialmente si hubo o no lesión patrimonial. Por lo tanto, no se podrá determinar la recuperación de fondos”.

El también excontralor, Carlos Vallarino, señaló que es “lo conducente”. “Yo lo que pienso es que es un trabajo profundo, muy técnico y profesional. Pero también tiene aspectos técnicos de ingeniería que son importantes que se aborden para que se establezca el cumplimiento de los contratos y los diseños (...)”.

(Con información de Gustavo A. Aparicio O. y Andrea Gallo).

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