LOS EXTRAÑOS PROCEDIMIENTOS Y CURIOSOS DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE

Ministro Vallarino ordena investigación

Un primer informe hecho por los técnicos de la Dirección de Catastro dejó en evidencia la inexistencia de estructuras o siembras en la tierra solicitada por César Segura. Los vecinos del terreno cedido por la Dirección de Catastro nunca fueron convocados para emitir sus consideraciones como lo ordena la legislación vigente.
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“No existen evidencias en el expediente ni en la Dirección de Catastro acerca de la ´historia´ de la propiedad, salvo la documentación que acredita la viabilidad de la adjudicación al ser un terreno propiedad de la nación, así como las pruebas presentadas por el peticionario que sustentan la adjudicación efectuada en cumplimiento de las leyes vigentes”.

Con esta afirmación, la directora de Catastro y Bienes Patrimoniales, Anabelle Villamonte, aseguraba no saber que los 11 mil 379 metros cuadrados cedidos a título gratuito al exvendedor de flores, César Segura Pineda, el pasado 12 de julio, fueron el producto de un relleno realizado en 1997 por iniciativa de la entonces alcaldesa Mayín Correa para hacer un parque.

Tampoco parece tener información de que Segura fue sacado a la fuerza del lugar -luego de invadirlo y construir una casa- en 2005, por su antecesor en el cargo, Benjamín Colamarco, y las autoridades municipales.

Para Villamonte, “la Dirección de Catastro cumplió fielmente con el procedimiento de titulación ante la Dirección de Catastro...”.

Sin embargo, un rápido análisis de algunos documentos que forman parte del proceso a los que tuvo acceso La Prensa, sugiere otra cosa.

Por ejemplo, en un documento del Centro de Atención a Usuarios de la Dirección de Catastro del 7 de diciembre pasado, presentado por César Segura Pineda, se lee en la “Descripción del servicio” que se trata de una “solicitud de compra a la nación”.

Además, el peticionario describe el área que desea “comprar” como “un globo de terreno de 5 mil 805 metros cuadrados (ver facsímil).

Es decir, la solicitud es de hace ocho meses, es para comprar, y es de un área menor a la solicitada.

Al parecer, Segura cambió de opinión en el camino, pues el 1 de abril de 2011 –hace solo cuatro meses– le otorgó poder al abogado Francisco Pérez Ferreira para solicitar “a título gratuito” la tierra que, finalmente, le fue adjudicada por Anabelle Villamonte en julio pasado.

A partir de ese momento, la cantidad de tierra aumentó a los 11 mil 379 metros cuadrados.

¿Notificación?

Segura aportó al expediente, el 26 de abril pasado, una carta dirigida a Villamonte, en la que alega que realizó los trámites de publicación de los edictos que ordena la Ley 80 de 2009, tanto en un diario de circulación nacional, como en la corregiduría correspondiente.

Lo que no relata Segura, ni la directora de Catastro, es que personal de esa institución llevó a la corregiduría de San Francisco el edicto, encargándose directamente del procedimiento de fijación y desfijación en un tablero destinado para estos fines, sin dejar copias en los archivos de la institución ni informar al corregidor del trámite.

“Es la única vez, desde que estoy aquí, que Catastro viene. Me atrevo a decir que es la única en todo el año, porque el corregidor anterior no tiene idea sobre asuntos similares”, relató a La Prensa el corregidor de San Francisco, Kevin Moncada Luna, al enterarse de lo sucedido.

“Esto no es normal... mi secretaria me acaba de informar que ellos [Catastro] vinieron aquí alegando que tenían que fijar un edicto por 10 días y luego desfijarlo”, agregó.

Según le relató su secretaria, que tuvo que utilizar la memoria, en vista de la ausencia de registro de lo sucedido, “el trámite lo realizó personalmente una funcionaria de Catastro que vino y colocó el edicto, y al finalizar el término regresó a buscar el fije y desfije por parte de la secretaria, pero no nos dejó copia”.

No fue la única irregularidad en relación a la transparencia del proceso.

En el tema de la notificación a posibles opositores a la cesión, que reglamenta el Decreto Ejecutivo 45 de 2010 (que reglamenta la citada Ley 80 sobre titulación por derechos posesorios), Villamonte también obvió algunas exigencias.

El artículo 5 del citado Decreto Ejecutivo establece que los colindantes a la tierra pedida deben ser convocados, y debe dejarse constancia en el acta de la inspección al área de su conformidad con el proceso.

Los vecinos del área, como se sabe, nunca fueron informados de los planes de Catastro.

Ánimo de dueño

¿Cómo constató Anabelle Villamonte que César Segura tenía derecho a la tierra solicitada?

Tanto la Ley 80 de 2009 como el Decreto Ejecutivo 45 de 2010, establecen que quien diga tener derechos posesorios sobre una tierra, debe probar que la ha ocupado por más de cinco años con “ánimo de dueño”, de forma ininterrumpida y pacífica.

Como se reportó, la presencia de Segura en el lugar se interrumpió en 2005, cuando fue desalojado de forma nada pacífica.

Este detalle fue completamente ignorado por Villamonte, quien, por el contrario, aceptó como buenos algunos curiosos documentos.

Por ejemplo, Segura aportó un recibo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales de 2004.

Una rápida lectura del documento deja en evidencia que se trata de un “quiosco” ubicado en Vía Italia. Es decir, el quiosco para vender flores en la acera del estacionamiento del hotel Plaza Paitilla Inn, área separada por muchos metros y una cerca, del terreno que finalmente fue otorgado gratuitamente a Segura.

También se aportó una certificación del pasado 10 de mayo, en la que Marion Lorenzetti, tesorera municipal, señala que, “de acuerdo a nuestros registros, el negocio Floristería César... está ubicado en Paitilla, cerca del Holiday Inn, desde el 16 de diciembre de 2004”.

Evidentemente, los archivos de la Tesorería Municipal están desactualizados, porque hace mucho que el quiosco de flores de César Segura desapareció del lugar.

Otros datos curiosos son los informes hechos por el Departamento de Cartografía de Catastro para sustentar la petición.

El 19 de abril de 2011 se produjo el primero que, entre otros muchos detalles, destaca que: “en el terreno no existe ninguna clase de estructuras ni siembro [sic] alguno”.

El mismo documento destaca que: “el lote solicitado en compra por el señor César Enrique Segura Pineda, con superficie de 1 has + 1378,96 m2 corresponde en su mayor parte a fondo marino rocoso que fue rellenado y el mismo se ubica dentro de la franja de los 200 metros después de la línea de alta marea”.

Los técnicos que elaboraron este informe encontraron además errores en los datos del plano aportado por Segura.

El 7 de julio se produjo otro informe en el que desaparecen los comentarios sobre la ausencia de estructuras o siembra y se deja constancia de que no hubo oposición de terceras personas y se aprueban los planos.

El 11 de julio, un día después de la resolución final de adjudicación, se hace un informe de avalúo, en el que se deja constancia de que, según la zonificación del Ministerio de Vivienda, se trata de un “parque vecinal”, lo que no detuvo a Anabelle Villamonte.

Reacciones

El proceso de cesión será analizado a fondo por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Su titular, Alberto Vallarino, informó a La Prensa que ha ordenado una investigación ya que, “con base en lo que he visto hasta ahora, considero que hay elementos suficientes para que, actuando en nombre de la nación como ministro del MEF, ente responsable de los bienes patrimoniales del Estado, se inicie un proceso de auditoría integral del expediente desde el inicio de este intento de titulación para determinar si caben recursos legales para la reversión de la adjudicación y traspaso, por constituir una posible lesión patrimonial al Estado panameño...”.

Por su parte, el ministro de Vivienda y Ordenamiento territorial, Carlos Duboy, citó el plano de zonificación de los usos de suelo y las normas de desarrollo urbano para el corregimiento de San Francisco aprobado desde 2003, que determinó que el globo de terreno cedido sería para un parque vecinal.

“Para la aprobación... se contó con la participación de los ciudadanos y autoridades municipales y locales...” añadió Duboy.

Sobre lo sucedido, el presidente del Partido Popular, Milton Henríquez, recomendó la aplicación de la “acción pauliana” para volver al estado original de las cosas, al demostrarse que hubo dolo o algún intento para defraudar al Estado.

“Lamentablemente no es [la cesión] una excepción, sino que se está volviendo muy común en este gobierno el ceder las tierras estatales...”.

(Con información de Lina Vega Abad, Ereida Prieto-Barreiro y Santiago Cumbrera).

Los abogados del señor Segura

César Segura Pineda es un hombre con suerte. No solo es hoy el dueño de un terreno frente al mar de 11 mil 379 metros, en el exclusivo sector de Punta Paitilla, sino que ha tenido a su servicio un singular número de abogados del foro nacional.

Por ejemplo, Segura contó con los servicios del hoy secretario ejecutivo de Seguridad del Ministerio de la Presidencia y en estos días candidato a magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Rodrigo Sarasqueta, quien lo representó en sus intentos de “comprar” el citado terreno en 2004. Sarasqueta también lo defendió cuando la Dirección de Catastro, junto a las autoridades municipales, lo desalojaron forzosamente del área, por intruso, en 2005.

Para la cesión de “sus derechos posesorios” a la sociedad anónima Segura Ventures Inc., y el nada barato proceso de constitución de la citada sociedad, el exvendedor de flores contó con los servicios del abogado Francisco Pérez Ferreira.

Luego, la experiencia de la abogada de la empresa inmobiliaria Btesh & Virzi, Ailedsabel González, fue clave para que el paso de la documentación en el Registro Público fuera expedito.

Para enfrentar un proceso penal por la muerte de una persona en 1997, Segura ha contado con el conocido penalista Silvio Guerra.

Finalmente, y aunque no se ha podido confirmar el dato con el exhumilde vendedor de flores y hoy millonario, otro abogado alega representarlo en su nueva situación. Se trata de Sidney Sittón.

LINA VEGA ABAD

Anati, rodeada de polémicas

La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) –dirigida por Alejandro Magno Castillero– novata institución creada por el gobierno de Ricardo Martinelli, ha empezado sus labores con serios cuestionamientos.

La institución ha estado en el ojo de la tormenta desde inicios de julio, cuando se conoció que los ministros Alma Cortés y Franklin Vergara, de Trabajo y Salud, respectivamente, lograron que este Gobierno les titulara a ambos cerca de 300 hectáreas de tierras estatales a $6 la hectárea, mientras cientos de campesinos e indígenas llevan años esperando.

Castillero –miembro del partido Cambio Democrático- salió públicamente a defender a Cortés y Vergara, alegando que “estamos titulando las propiedades a todos sin discriminación”, apoyándose en el discurso de toma de posesión del presidente Ricardo Martinelli que afirmó que “aquellos que tienen sus derechos posesorios, preparen esos derechos porque van a tener su pedazo de tierra titulado”.

Incluso, Castillero publicó un anuncio pagado en los medios impresos defendiendo a Cortés y Vergara, y negando tráfico de influencias.

Una semana después, La Prensa reveló que Castillero –con vinculación con el sector inmobiliario- promovió un cambio a la ley de la recién creada Anati, para incluir dentro de sus competencias los bienes revertidos en el área canalera, que administra el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Con esta iniciativa cobraba vida una fallida solicitud de arrendamiento, con opción de compra, que hizo la sociedad Maritime City al MEF, para un lujoso desarrollo inmobiliario en un relleno de 36 hectáreas en Amador. El presidente de dicho proyecto es Mario Bárcenas Chiari -hijo del empresario Rafael Bárcenas, miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal- y hermano del director de Aeronáutica Civil, Rafael Bárcenas Chiari.

El ministro Vallarino negó el permiso al faraónico proyecto, alegando impedimentos constitucionales. La existencia de Maritime City se ligaba también al polémico proyecto de la cinta costera III.

Todo esto parecía explicar la razón de la reforma legal de Castillero.

A diferencia del escándalo en los que se vieron envueltos los ministros Cortés y Vergara, en este caso el administrador de la Anati guardó silencio.

Así, Castillero se alineaba con el presidente Martinelli, y el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, quienes se distanciaron del proyecto inmobiliario de los Bárcenas.

Ahora, la nueva institución vuelve a ser noticia, con la cesión, “a título gratuito”, por parte de la Dirección de Catastro, adscrita hoy a la Anati, de un terreno de poco más de una hectárea, ubicado frente a la bahía de Panamá, a la sociedad Segura Ventures Inc.

Castillero se negó a responder un cuestionario de La Prensa sobre este tema. En su cuenta de Twitter señala que está “en Río de Janeiro, en el Foro de Información Geoespacial. Estudiando los avances de 17 países en Sistemas de Información Geográficos”.

Una nueva entidad

La Anati, heredera del Programa Nacional de Tierras (Pronat), utiliza sus oficinas en Albrook como sede provisional. Creada en octubre de 2010, está adscrita al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. La razón de su existencia, según se alegó: eliminar la ambigüedad en la política de administración de tierras, así como los pasos burocráticos para agilizar los procesos de titulación.

Además de Catastro y Reforma Agraria, bajo la Anati están el Programa Nacional de Tierras y el Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Su presupuesto es de $4.7 millones y según su portal electrónico, ha entregado 44 mil 454 títulos de propiedad, beneficiando a 200 mil 62 personas. La meta es entregar 450 mil títulos de propiedad a “humildes” panameños.

SANTIAGO CUMBRERA

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