Misterio hundido

APACIBLE. El nombre de Playa de Muerto, en Darién, no le calza a la belleza natural del lugar. Sin embargo, aquí se accidentó, sin sobrevivientes, una aeronave con seis ocupantes en agosto de 2011. Solo se recuperó un cuerpo. LA PRENSA/Archivo APACIBLE. El nombre de Playa de Muerto, en Darién, no le calza a la belleza natural del lugar. Sin embargo, aquí se accidentó, sin sobrevivientes, una aeronave con seis ocupantes en agosto de 2011. Solo se recuperó un cuerpo. LA PRENSA/Archivo
APACIBLE. El nombre de Playa de Muerto, en Darién, no le calza a la belleza natural del lugar. Sin embargo, aquí se accidentó, sin sobrevivientes, una aeronave con seis ocupantes en agosto de 2011. Solo se recuperó un cuerpo. LA PRENSA/Archivo

Playa de Muerto, pese a su siniestro nombre, es una apacible playa de kilómetro y medio al sur de punta Garachiné, en Darién, cerca de la comunidad emberá del mismo nombre.

Algunos turistas la visitan a lo largo del año y se alojan en el pequeño poblado que cuenta con facilidades modestas, pero cómodas y bien organizadas.

A la profundidad de sus aguas azules fue a parar, la tarde del 19 de agosto de 2011, la aeronave de matrícula estadounidense N-8214M, asignada a la Autoridad de Aeronáutica Civil de Panamá, con seis ocupantes a bordo.

El Cessna 210 Centurion traía de vuelta a la ciudad de Panamá al equipo de la AAC que realizaba trabajos de infraestructura en Darién.

Había partido en la mañana de ese viernes de la pista de Jaqué, con destino al aeropuerto Marcos A. Gelaber en la capital. Poco antes de llegar a punta Garachiné, se perdió contacto con la aeronave.

La AAC tenía constancia, según registros, de que la nave había hecho una “maniobra de retorno”, antes de desaparecer del radar.

Los primeros sobrevuelos no arrojaron ningún resultado. Para el lunes 22 de agosto, ya se había localizado el cuerpo de uno de los ocupantes y el sitio probable del siniestro.

La nave había pasado una revisión mecánica 15 días atrás y estaba en buen estado. Había participado en labores de rescate y en “misiones de Estado”, según Rafael Bárcenas, Director de AAC. “Yo mismo la he volado”, decía.

Pero la nave tenía su “pasado”. Había sido manufacturada en el año 1969 y, según los archivos de la Federal Aviation Administration de Estados Unidos, tenía un certificado de operaciones expedido el 15 de enero de 2010, vigente hasta el 30 de septiembre de 2013. Como propietario aparecía Juan Castro, domiciliado en el condado de New Castle, Delaware, Estados Unidos.

Resulta que el avión se encontraba “en custodia” por parte de la AAC desde hacía más de un año, luego de haber sido aprehendido en medio de una investigación adelantada por el Ministerio Público.

En la nave se habrían realizado vuelos ilegales desde Panamá y en ella, tras aplicársele pruebas de Ion-Scan, se habían detectado trazas de drogas y armas.

Durante una visita a Chile en octubre de ese año, el presidente, Ricardo Martinelli, anunció que se había contactado al experto chileno Fernando Landaeta para que participara en las operaciones de rescate de la nave.

En efecto, Landaeta y su equipo de dos buzos civiles llegaron a Panamá a mediados de ese mes y tras dos semanas de esfuerzos, limitados por el mal tiempo, no pudieron obtener resultados alentadores.

Un nuevo intento, en enero de 2012, tampoco dio resultados, esta vez porque el robot submarino, traído por el equipo de rescatistas chilenos, tuvo desperfectos mecánicos.

La búsqueda se reprogramaría. Y también había que resolver el aspecto económico, puesto que el equipo chileno no había cobrado al principio, pero con un nuevo intento sí cobraría por su trabajo.

En marzo, la AAC dio a conocer el informe oficial sobre la causa del siniestro: una tormenta eléctrica, no una falla eléctrica interna del aparato. Esto era lo que concluían los cinco miembros de la junta de investigación comisionados para tratar de esclarecer el caso.

Basados en los datos de las últimas comunicaciones con la nave, la información del radar y las coordenadas, se dedujo que el piloto, el capitán Hugo Cervantes, habría intentado regresar a Jaqué ante la presencia de condiciones atmosféricas adversas. En ese intento hizo una maniobra de retorno con el aparato que resultó insuficiente y se vio atrapado en medio de una “actividad fuerte” –se lee en el informe– que habría provocado la precipitación de la nave al mar.

El informe fue remitido a la Fiscalía Segunda Superior, encargada de la investigación judicial.

Entre tanto, la angustia y la incertidumbre para las familias crecía, porque la posibilidad de reanudar las labores de rescate de los cuerpos de los fallecidos era cada vez más remota.

Según la AAC, varios intentos de reanudar el contacto con los rescatistas chilenos, para definir un nuevo intento de inmersión, habían resultado infructuosos, puesto que no habían contestado los mensajes. No tenían ninguna obligación de hacerlo ni de regresar.

En septiembre, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había remitido el expediente del caso al entonces procurador de la Nación, José Ayú Prado, tras admitir una querella contra Bárcenas interpuesta por la representación legal de las víctimas ante la Fiscalía Segunda Superior.

En octubre, abogados de las familias de las víctimas pidieron al Ministerio Público que se separara de su cargo a Bárcenas. La razón que alegaban era que mientras este ocupara el cargo de director de la AAC, no podría practicarse una investigación imparcial, porque no habría garantía de autenticidad en la presentación de pruebas.

Entre las razones que daban para sustentar esto estaban las supuestas habilitaciones y adecuaciones hechas a la aeronave siniestrada y que no fueron incluidas en el expediente. También señalaban el hecho de que en agoso de 2011, antes del accidente fatal, la aeronave había sido registrada y remarcada bajo el registro panameño (HP), pero que se le debió poner nuevamente su matrícula original estadounidense. En resumen, los querellantes acusaban a Bárcenas de no ser imparcial y de no haber contado toda la historia en torno a la aeronave.

A esto, el funcionario dijo entonces que esperaría que las investigaciones siguieran su curso.

El pasado 19 de enero de 2013 el Ministerio Público negó la petición de separación de Bárcenas, y del secretario general de la AAC, Abdel Martínez.

Mientras tanto, bajo las aguas de la apacible Playa de Muerto, una historia continúa sin cerrarse.

Darién, una región complicada

La zona de Playa de Muerto, Darién, donde ocurrió el accidente del avión N-8214M, es una zona costera cerca de la cual se encuentra la serranía del Sapo, una de las elevaciones importantes de Darién. La topografía, el aislamiento y el clima son factores que pueden complicar o agravar los desplazamientos en esa provincia, por aire, mar o tierra.

Con una extensión de 16 mil 703 kilómetros cuadrados, es una de las provincias más extensas del país, pero a la vez una de las menos pobladas: viven en toda aquella extensión poco más de 45 mil habitantes. Aparte de la carretera Panamericana, cuyo trayecto se detiene en Yaviza, carece de carreteras importantes, limitando la comunicación a la navegación fluvial y al transporte aéreo o marítimo en sus zonas costeras.

Con grandes extensiones selváticas, Darién tiene un clima constantemente lluvioso, con precipitaciones que pueden llegar a los 8 mil milímetros anuales.

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