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DESALOJOS EN SAN FELIPE

El Miviot entrega dinero y a cambio pide no protestar

La junta comunal de San Felipe adecuó parte del inmueble 3-16. No obstante, la Presidencia de la República sostiene que está en mal estado.

La Presidencia de la República emitió un comunicado ayer en el que menciona que el inmueble 3-36 ubicado en el Casco Antiguo, en San Felipe, no está en condiciones de ser habitado y por eso ofrece una “ayuda económica” de $150 al mes a las familias que abandonen la estructura.

La reacción del Ejecutivo se da luego de que La Prensa publicara que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) ha ofrecido fondos públicos a familias para que abandonen un edificio en calle 12, Casco Antiguo, propiedad de empleados de la empresa Ricamar, S.A.

La nota de prensa con declaraciones del secretario de Comunicación del Estado, Luis Eduardo Camacho, señala que a “la administración de Ricardo Martinelli no le interesa quiénes son los propietarios de las fincas que mantienen casas condenadas. No les pagamos nada en razón del tiempo que viven las familias en sus propiedades”.

Resulta que dicho edificio está en la finca 3988, que hasta principios de 2010 fue de Ricamar, S.A., empresa del presidente, Ricardo Martinelli. Sin embargo, el 19 de enero de 2010 pasó a manos de la sociedad Constructora Mar del Norte, en la que aparecen como presidente Ulises Dioger González, y como tesorero y secretario Roberto Luzcando Ruiz. Ambos son empleados de Ricamar, S.A.

Según Camacho, “malintencionadamente, el opositor diario La Prensa presenta como excepcional la ayuda económica brindada por el Miviot a los residentes del inmueble 3-36 en San Felipe. La verdad que ocultó deliberadamente la publicación es que dicho ministerio ha dado la misma respuesta a cerca de 431 familias en todo el país, como parte de la política de prevención de desastres o debido al desplome del inmueble donde residían”.

Más temprano, el Presidente había publicado un tuit en el que señalaba lo siguiente: “Estoy despechado hoy por que el diario de la opo solo dice mentiras de mi , no tiene objetividad, me odia, por eso hoy soy un despechado mas”.

No obstante, ambos funcionarios no hicieron referencia a los dueños del inmueble y su vinculación a la empresa Ricamar, S.A.

BUENA UBICACIÓN

El edificio 3-36 se encuentra localizado al final de calle 12 en San Felipe, conocida como la bajada del Ñopo, un punto al que se tiene acceso al viaducto marino de la cinta costera 3. También permite acceder a la Presidencia de la República y los aparcamientos de esa entidad.

En ese sentido, el Miviot le ofrecía $150 al mes a las personas que aceptaran abandonar el edifico a cambio de no protestar (ver documento adjunto).

Sin embargo, urbanistas, expertos en temas patrimoniales, organizaciones de la sociedad civil y excontralores no descartan que su ubicación sea el interés que hay detrás en desalojar esa estructura. Y cuestionan que sea el Estado el que tenga que pagar los desalojos.

Uno de ellos es el exdirector de Patrimonio Histórico Sebastián Paniza, quien explicó que son los dueños del caserón los que deben pagar para indemnizar a las familias. “Eso es lo que dicen las normas”, agregó.

Además de lo planteado por Paniza, la Ley No. 9 de 1997 dice que el propietario de una edificación en el lugar histórico, para solicitar un desalojo debe presentar un proyecto de “restauración”, siempre que “los planos del anteproyecto hayan sido elaborados de conformidad con las especificaciones y normas sobre la materia, y hayan sido aprobados”.

Actualmente, en la Dirección de Patrimonio Histórico del Instituto Nacional de Cultura (Inac) no existe un proyecto de restauración para ese edificio.

Por su parte, Carlos Gasnell, vicepresidente ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, manifestó que esta es una situación que deben aclarar los funcionarios del Miviot.

“Lo normal sería que explicaran qué norma les permite ofrecer un subsidio mensual a personas que ocupan un inmueble propiedad de un particular, y si existe, explicar si hay infraestructuras en peor estado, por qué no se ha empezado por ellos”, agregó Gasnell.

Con Gasnell coincidió el representante de San Felipe, Mario Kennedy, quien informó que en San Felipe hay más de cinco caserones en peor estado que el 3-36 y el Miviot no se acerca a ofrecer un subsidio a sus ocupantes.

“Todo indica que hay algún interés en que ese inmueble se quede vacío lo más pronto posible”, añadió el edil de San Felipe.

En tanto, el excontralor Carlos Vallarino señaló que se debe abrir una investigación, ya que hay claros indicios de que recursos del Estado se usaron para beneficiar a allegados del Presidente. “Esto es algo deshonesto y corrupto lo que ocurrió con ese inmueble”, indicó.

Hasta el momento, solo cuatro de las diecinueve familias que residen en el lugar han aceptado el ofrecimiento del Miviot.

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Cortesía/Sinaproc

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