INFORME DE ALIANZA CIUDADANA PRO JUSTICIA DENUNCIA RETROCESOS EN ÚLTIMOS TRES AÑOS

´Muchas trabas en procesos de corrupción´

El estudio enumera la prueba sumaria como principal obstáculo, pues se exige en todos los casos que tocan a la Asamblea y la Corte, violando así el ´Código Penal´.
ACTO. La mayoría oficialista aprobó el pasado martes, en segundo debate, el proyecto de ley 523 en el que se reducen los plazos de prescripción de los delitos de corrupción LA PRENSA/Archivo ACTO. La mayoría oficialista aprobó el pasado martes, en segundo debate, el proyecto de ley 523 en el que se reducen los plazos de prescripción de los delitos de corrupción LA PRENSA/Archivo
ACTO. La mayoría oficialista aprobó el pasado martes, en segundo debate, el proyecto de ley 523 en el que se reducen los plazos de prescripción de los delitos de corrupción LA PRENSA/Archivo

Lejos de avanzar en la implementación de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia para agilizar la investigación, procesamiento y sanción de los actos de corrupción, en los últimos tres años ha habido varios retrocesos en esta materia que arriesgan los compromisos asumidos por el país al adoptar la Convención Interamericana contra la Corrupción.

Así lo resalta un informe de la Alianza Ciudadana pro Justicia (integrada por 20 agrupaciones de la sociedad civil y otros 14 miembros independientes), que fue entregado el 17 de este mes a una comisión de expertos que vino al país para, precisamente, darle seguimiento al cumplimiento que da Panamá a la convención contra la corrupción.

El estudio fue entregado a los expertos una semana antes de que la Asamblea aprobara, en segundo debate, el proyecto de ley 523 que al modificar el Código Procesal Penal agilizaría los trámites para la extradición de extranjeros, pero en el que, además, se filtró una reforma de la misma ley para reducir los plazos de prescripción de los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y patrimonial contra cualquier entidad pública (ver nota relacionada).

Sobradas razones

El informe resalta nueve obstáculos que, a juicio de la Alianza, dificultan la tramitación de los casos de corrupción en Panamá, en especial aquellos en los que se involucra a diputados, magistrados de la Corte Suprema de Justicia o altos funcionarios del poder ejecutivo.

El primero se refiere al rezago judicial. “Las audiencias son suspendidas por múltiples razones [y] el abuso en los recursos y solicitudes interpuestos por la defensa dilatan los procesos, logrando la prescripción de estos y el aumento de la percepción de impunidad”, dice el documento.

También denuncia la escasa participación de las entidades públicas como querellantes en los casos, a fin de defender los intereses del Estado; y los retrasos en la presentación de los informes de la Contraloría.

En este aspecto destaca que gran parte de las auditorías son enviadas a las fiscalías un año y varios meses después de solicitadas, y en algunos casos hasta tres años más tarde, pese a que el artículo 2033 del Código Judicial fija un plazo para la investigación de seis meses.

Como segundo obstáculo, el estudio resalta la exigencia de la prueba sumaria en los procesos que son competencia de la Asamblea y de la Corte Suprema, y en los casos por enriquecimiento injustificado, pese a que el Código Penal es claro al indicar que dicha prueba solo debe presentarse en los casos de abuso de autoridad.

“La prueba sumaria es la excusa que adopta el sistema de justicia y la Asamblea para no investigar a diputados, magistrados y funcionarios del gobierno”, agrega.

Añade que a partir de un fallo dictado por la Corte Suprema en 2005, que interpreta la Ley 59 de 1999 sobre declaraciones patrimoniales, las fiscalías anticorrupción no pueden investigar a ningún funcionario por enriquecimiento injustificado, salvo que haya un informe de la Contraloría, pero esta no puede investigar de oficio a ningún servidor público por ese delito, a menos que le entreguen la prueba sumaria.

A partir de ese mismo fallo, la Procuraduría de la Nación no tiene competencia para remitir a la Contraloría denuncias por ese delito ni puede apelar sus decisiones.

La Comisión de Estado por la Justicia presentó ante la Asamblea una propuesta para reformar la Ley 59 de 1999, pero el proyecto fue rechazado, precisa el informe.

En la práctica, dice, esta situación se repite en los procesos por peculado y lesiones patrimoniales al Estado, ya que los jueces asumen como prueba determinante para dictar una condena los informes de la Contraloría.

Otros obstáculos

El estudio también cita como impedimentos la postergación de la aplicación del sistema penal acusatorio, acordada por la Asamblea en marzo de este año; y la aprobación de la Ley 55 del 21 de septiembre de 2012, que dificulta los procesos contra diputados al fijar un plazo de tres meses para la investigación, so pena de extinguirse la acción penal.

Además, la carencia que tienen las fiscalías anticorrupción de personal especializado en auditorías forenses, financieras y bancarias; y la falta de equipos tecnológicos que agilicen los procesos y mejoren el intercambio de información con otras instituciones.

También resalta la ausencia de leyes que protejan a los denunciantes, en especial cuando se trata de funcionarios subalternos de los denunciados.

A criterio de la Alianza, la falta de independencia del Órgano Judicial, que se traduce en una actuación prácticamente nula en los procesos de alto perfil, en la falta de especialización de los juzgados y en la ausencia de una ley de carrera judicial, que incluya la creación de un tribunal de transparencia, también obstaculizan la tramitación de estos casos.

Finalmente, el informe resalta el nombramiento de magistrados y procuradores sin la participación de la sociedad civil organizada.

Recomendaciones

En el documento, la Alianza Ciudadana pro Justicia propone implementar el sistema penal acusatorio sin demoras, derogar la Ley 55 de 2012, reformar la Ley 59 de 1999 y legislar a favor de la protección de los denunciantes.

Asimismo, reformar el Código Penal para endurecer las penas por la comisión de delitos de corrupción, además de permitir a las fiscalías aplicar medidas cautelares severas en los casos que por su gravedad lo ameriten, y regular los procedimientos para la elaboración de las auditorías, eliminando la dependencia que tiene el Ministerio Público con respecto a los informes de la Contraloría.

Además, dotar las fiscalías anticorrupción con personal calificado y equipos; y aprobar la ley de carrera judicial y del tribunal de transparencia.

ENFOQUE

Es difícil entender esta decisión

Carlos Guevara-Mann*

panorama@prensa.com

POLÍTICA. Una de las expectativas que la democracia genera en la población es que las acciones de los órganos del Estado estén orientadas hacia alguna noción del bien común.

En lo que atañe al Legislativo, se espera que sus actuaciones, comenzando por la expedición de leyes, tengan como propósito promover el bienestar de la colectividad.

Desde esa perspectiva, es difícil entender la decisión del pleno de la Asamblea Nacional de acortar los períodos de prescripción de los delitos de peculado, enriquecimiento injustificado y lesiones patrimoniales mediante una reforma al Código Procesal Penal, introducida en el último minuto. ¿Cuál es el motivo de la modificación? ¿A quién beneficia? ¿De qué manera propende al bien común?

Además de su desconexión con el bienestar colectivo, la modificación fue presentada subrepticiamente, sin sustentación, en el marco de un asunto que, si bien constituye materia penal, no está directamente relacionado con el tema que se discutía, concerniente a la extradición de extranjeros.

La transparencia es un requisito fundamental del proceso legislativo democrático, como lo es también la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía por las iniciativas legislativas que se presentan y los votos que se emiten en la cámara representativa. La propuesta presentada por cuatro diputados oficialistas es, además, incoherente con los planteamientos de lucha sin cuartel contra la corrupción, hechos en la propia Asamblea Nacional pocos días atrás.

*Es politólogo e historiador

´Gol´ legislativo genera división, críticas y reuniones

La introducción por parte de las bancadas oficialistas de Cambio Democrático (CD) y del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena) de un artículo que modifica el Código Procesal Penal para reducir los plazos de prescripción en los delitos contra la administración pública, generó ayer una ola de críticas por parte de la sociedad civil organizada, sectores vinculados al tema de la administración de justicia y hasta de los propios diputados del oficialismo.

La propuesta que fue incluida por los diputados Sergio Gálvez, Abraham Martínez, Carlos Afú hijo, de CD, y Francisco Alemán, del Molirena, durante la discusión en segundo debate del proyecto 523 que fija el mecanismo de extradición de extranjeros, encontró resistencia hasta en los propios miembros de CD.

La sesión legislativa de ayer, en la que se esperaba discutir el tercer debate del proyecto 523, estaba prevista para las 8:30 a.m., sin embargo, una reunión de los diputados de CD en la que hubo fricciones y opiniones encontradas por la inclusión de este “gol legislativo” ocasionó el aplazamiento del debate.

En ese encuentro, al menos cinco diputados se opusieron a la aprobación del polémico artículo, ya que argumentaban que ni siquiera a ellos mismos se les comunicó de qué se trata.

Uno de ellos fue el expresidente del Legislativo José Muñoz, que rechazó tajantemente la introducción sigilosa de estos artículos. “Yo quiero que quede claro, ni mi hija (su suplente Jaqueline Muñoz) ni yo estamos de acuerdo con esta propuesta”, dijo. “Que cada uno piense lo que quiera pensar; cuando se trata de corrupción, yo tengo mi posición. Si vemos la ley en sí, tal vez tienen razón, pero debe ser por los canales correctos, las cosas deben discutirse y no presentarlas así como escondido”, afirmó.

A Muñoz también se le sumaron sus colegas oficialistas Fernando Carrillo y la presidenta de la Comisión de Gobierno, Dana Castañeda, instancia donde se discutió el proyecto de extradición. Ambos, según Muñoz, sintieron que no se les tomó en cuenta para la introducción de la nueva normativa.

Muñoz incluso presentó a sus colegas del oficialismo y de la oposición una moción para que el proyecto fuera bajado a segundo debate, con el propósito de eliminar los artículos polémicos y darle el curso normal al documento sobre la extradición de extranjeros, el cual no tenía mayor inconveniente según opositores y oficialistas. Una vez culminó la reunión de la bancada de CD, cerca de la 11:20 de la mañana, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Sergio Gálvez, se retiró de este recinto y abordó su auto de forma apresurada y sin dar declaraciones. Gálvez le dijo a la prensa que iba y regresaba, sin embargo, transcurrieron seis horas y en el pleno aguardaban por él diputados oficialistas y opositores, pero este no regresó al hemiciclo para dar inicio a la sesión. Tampoco estaban los vicepresidentes Abraham Martínez y Miguel Fanovich para dirigir el debate, lo que motivó que los diputados se retiraran poco a poco.

Finalmente, a las 3:10 p.m. el diputado Gabriel Méndez, de Cambio Democrático, fue el último en abandonar el pleno e informó que no sesionarían.

El pleno está convocado para hoy a las 8:30 a.m.

Gustavo A. Aparicio O.

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