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Municipio de Portobelo: $150 millones en obras sin fondos

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Los cheques se emitieron de una cuenta que tiene el Municipio de Portobelo en el BNP. Llama la atención que ninguno de los cheques tiene firma de la Contraloría. Los cheques se emitieron de una cuenta que tiene el Municipio de Portobelo en el BNP. Llama la atención que ninguno de los cheques tiene firma de la Contraloría.
Los cheques se emitieron de una cuenta que tiene el Municipio de Portobelo en el BNP. Llama la atención que ninguno de los cheques tiene firma de la Contraloría.

El 3 de enero de 2014 –cuatro meses antes de las elecciones generales– el Municipio de Portobelo, en la provincia de Colón, giró 16 cheques de una cuenta abierta en el Banco Nacional de Panamá (BNP), por una suma superior a los $2 millones para cancelar estudios preliminares de varios proyectos que se ejecutarían en ese distrito.

La operación era de rutina, pero sus consecuencias siguen siendo una enorme interrogante, en la que se mezclan lo que parece ser tráfico de influencias, negligencia, serias irregularidades en el manejo de fondos estatales, inverosímiles pagos a empleados municipales, coimas y un sinfín de hechos que hasta ahora no tienen una explicación coherente.

Los 16 cheques, sin excepción –con la firma del alcalde de Portobelo, Carlos Chavarría, del entonces oficialista Molirena–, rebotaron: “fondos insuficientes”.

El beneficiario era la compañía A2Z Strategy Construction Panamá, S.A., contratada por Chavarría en noviembre de 2012 para ejecutar obras en su distrito. El monto total de los contratos para un pequeño municipio semirrural también era excepcional: $150 millones. Y lo más llamativo aún: las contrataciones, sin excepción, fueron directas.

A2Z Strategy Construction Panamá, S.A., fue contactada tras los fuertes aguaceros que azotaron por más de 24 horas no solo Portobelo, sino Chepo y Capira (en Panamá), ocasionando pérdidas de vidas humanas, daños y destrucción de viviendas y escuelas, así como producción agropecuaria.

Se trató de una de las peores tormentas de los últimos años. Ello obligó al gobierno del entonces presidente Ricardo Martinelli a decretar estado de “emergencia nacional” y autorizar contrataciones directas para atender las comunidades afectadas.

DINERO A MANOS LLENAS

El gobierno dispuso de más de 500 millones de dólares para ayudar a los afectados y rehabilitar la infraestructura destruida. De ese monto, unos 450 millones de dólares provenían de donaciones y préstamos de organismos internacionales, como la Corporación Andina de Fomento y el Banco Centroamericano de Integración Económica. Además, se destinaron 123 millones de dólares que la Asamblea Nacional aprobó el último día de sesiones del primer mandato del diputado Sergio Gálvez.

Los significativos montos de ayuda a las comunidades elevaron el límite de déficit fiscal en 2013, de 2.8% a 3.1%, dispensa que solicitó a la Asamblea Nacional el entonces ministro de Economía, Frank De Lima, tras su fallido intento de usar parte del Fondo de Ahorro de Panamá.

PROBLEMAS CONTINÚAN

Pero dos años después de aprobados los cuantiosos fondos, los residentes de Portobelo –incluyendo a sus autoridades locales– desconocen en qué usó el gobierno de Martinelli el dinero, pues aseguran que no se cumplió con la reconstrucción del pueblo, donde aún son visibles las huellas de la tragedia.

Parte de los fondos fue canalizada a través de la Resolución de Gabinete 157 del 26 de noviembre de 2012, que declaró estado de “emergencia nacional”, y por la cual se designó una comisión interinstitucional para elaborar un inventario y avalúo de los daños.

Fue este decreto, precisamente, el invocado por Chavarría –reelecto en las últimas tres elecciones– para contratar directamente a A2Z Strategy Construction. En virtud de ello, el Consejo Municipal de Portobelo hizo un inventario de los daños ocurridos en 2010 y 2012 en el distrito, y concluyó que estos ascendían a 150 millones de dólares.

Inexplicablemente, el inventario incluyó obras desvinculadas a las afectaciones, como la construcción de una nueva sede para el Municipio de Portobelo, valorado en 8.7 millones de dólares.

El pasado 17 de junio, Chavarría aseguró a este medio que su municipio no había recibido “un real” de las partidas millonarias que destinó el gobierno para atender los daños.

“Debieron llegar 150 millones de dólares, pero no sabemos dónde fueron a parar”, enfatizó.

El alcalde añadió que fue “castigado” económicamente por el gobierno, a pesar de que su partido, el Molirena, en ese momento era del oficialismo. “Martinelli me dijo vulgarmente que si quería esa ayuda, tenía que inscribirme en Cambio Democrático, y respondí que no lo haría”, narró Chavarría.

Martinelli, por su lado, rechazó esa acusación a través de su vocero Luis Eduardo Camacho, y resaltó que no presionó a nadie a cambiarse de partido. “El que lo hizo fue voluntario”, agregó.

Chavarría también apuntó su dedo al exministro De Lima. A él lo acusa de haber proporcionado para sus proyectos, partidas presupuestarias que “no existen”, dijo.

El exministro se defendió: “En ningún momento” se aprobaron fondos para gobiernos locales. “Los pagos fueron asignados a entidades como el Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) y Ministerio de Salud (Minsa)”, sostuvo De Lima, indicando que estas entidades deben responder en caso de que no se hayan ejecutado las obras.

Pero el alcalde insistió en que De Lima habló de la posibilidad de usar 500 millones del Fondo de Ahorro de Panamá para atender la emergencia. “Me dije estamos ready. Pero resulta que los fondos no aparecen en ningún lado. Fuimos a la comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional y se nos dijo [el exdiputado Tito Rodríguez] ´nosotros aprobamos esa partida´. Entonces, ¿dónde están los fondos?”.

La misma pregunta se hace Salvador Trigueros, dueño de A2Z Strategy Construction, quien presentó una denuncia en el Ministerio Público por el delito de estafa.

Tito Rodríguez admitió que la Asamblea aprobó los fondos, pero dijo que el tema es complejo y que el MEF debería dar las explicaciones del caso. “Este escándalo podría ser mayor que el del Cemis”, puntualizó.

SINGULARIDADES

En los contratos que firmó el alcalde de Portobelo con el empresario Trigueros resaltan hechos irregulares. Por ejemplo, aparecen partidas presupuestarias de 5 dígitos, cuando estos deben ser de 13, según funcionarios de la Contraloría.

Ninguno de los contratos firmados por Chavarría y A2Z Strategy Construction tienen el refrendo de Contraloría, requisito sine qua non para que sean válidos, pero aún así, aparecieron en la Gaceta Oficial tres días después de que se declaró estado de emergencia nacional.

¿Puede promulgarse en Gaceta Oficial un contrato público sin este refrendo?

Roger Cerrud, jefe de Fiscalización de Contraloría, es categórico: “No tenemos idea de cómo se promulgaron esos contratos en la Gaceta Oficial, porque... “no estaban perfeccionados, no estaban refrendados ni tenían las partidas y, por tanto, no podían ser promulgados en Gaceta Oficial. No cumplieron con los requisitos mínimos. No tienen validez”, puntualizó.

Aún así, la Contraloría –contactada por Chavarría– trató de hacer valer los contratos mediante correcciones. Según el alcalde, a su municipio llegó un subalterno de Cerrud –José Pinzón– a “arreglar todo”, refiriéndose a las ilegalidades de los contratos, buscar un número de partida para los proyectos, y lo más grave, aumentar el valor de los contratos.

Ninguno de los cheques tenía la firma del representante de la Contraloría. Solo eran visibles la de Chavarría y la del tesorero municipal, Alexis Portocarrero. El espacio para el representante de la Contraloría estaba vacío.

“Eso es una responsabilidad administrativa y tendrán que responder. Lo primero que debió hacer el banco fue rechazarlos [los cheques] porque faltaba una firma”, advirtió el jefe de Fiscalización.

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