la muerte del fiscal que investigaba el caso de la amia sigue en misterio

Nisman, un crimen sin resolver

Hoy, un año después de su muerte, el Ministerio Público no ha determinado si el investigador se suicidó o lo mataron.

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El fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto en su apartamento de un disparo en la cabeza. Preparaba una indagatoria a la entonces presidenta, Cristina Fernández viuda de Kirchner. El fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto en su apartamento de un disparo en la cabeza. Preparaba una indagatoria a la entonces presidenta, Cristina Fernández viuda de Kirchner.
El fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto en su apartamento de un disparo en la cabeza. Preparaba una indagatoria a la entonces presidenta, Cristina Fernández viuda de Kirchner. Marcos Brindicci

Cuatro días después de haber presentado la denuncia por encubrimiento de los imputados en el ataque con coche bomba contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en la que solicitaba llamar a indagatoria a la entonces presidenta, Cristina Fernández viuda de Kirchner, el fiscal Alberto Nisman fue hallado muerto en su apartamento de un disparo en la cabeza.

Hoy, un año después de su muerte, el Ministerio Público no ha determinado si el investigador se suicidó o lo mataron. Además, la fiscal Viviana Fein, que instruyó el caso, fue relevada de la investigación por la juez Fabiana Palmaghini, quien se ha puesto a la cabeza y ha ordenado la práctica de al menos 40 pruebas judiciales destinadas a saber si Nisman fue asesinado; y el presidente Mauricio Macri decretó el levantamiento del secreto sobre la información del caso, en lo que pareciera ser un impulso a la investigación.

Ayer, Macri se reunió con las hijas del fiscal fallecido, a quienes manifestó el reconocimiento del Estado por la labor que realizó Nisman desde que le fue encomendada la investigación. Mientras, la madre del fiscal, Sara Garfukel; su hermana, Sandra; y la exesposa y querellante en el proceso Sandra Arroyo Salgado siguen convencidas de que Nisman no se mató y que hay muchas inconsistencias dentro de la investigación por su fallecimiento, durante la cual, incluso se montó lo que ellos han calificado de campaña de desprestigio en su contra.

Una de esas fallas no comprensibles dentro de la investigación fue revelada por el diario Clarín ayer. Fuentes ligadas a la investigación confirmaron al diario que luego de mucho tiempo de que los expertos informáticos estuvieran analizando la laptop de Nisman -que había sido infectada con un virus que permitía acceder a ella de forma remota-, pudieron dar con la dirección IP de la computadora desde la cual se habría hecho “el trabajo”, así como con la dirección física del apartamento y el nombre del hombre que lo habitaba, quien habría sido, al menos hasta octubre de 2015, funcionario del gobierno de su distrito. Sin embargo, la fiscal Fein nunca autorizó las diligencias para que los funcionarios pudieran acudir a lugar y proseguir la investigación sobre el espionaje al fiscal.

Además se afirma que Fein tampoco dio relevancia a la investigación de los custodios de Nisman, un grupo de 10 hombre que hacía turnos rotativos de cinco, mientras que el día de su muerte solo había dos, los mismos que evitaron entrar al apartamento el día de su muerte hasta pasadas las 10: 00 de la noche. Tras el relevo de la investigación, estos hombres han sido imputados por el delito de incumplimiento de sus deberes.

La denuncia

Alberto Nisman fue hallado muerto la madrugada del lunes 18 de enero. Un día después acudiría al Congreso para sustentar la denuncia que había presentado el 14 de enero, en la cual acusó a Fernández, de urdir un “sofisticado plan delictivo deliberadamente ideado para encubrir y dotar de impunidad a los iraníes” acusados por el atentado del 18 de julio de 1994, el más grande sufrido en suelo argentino y en el cual murieron 85 personas y 300 resultaron heridas.

En la denuncia, de 290 páginas, el fiscal aseguró que la mandataria “en todo momento estuvo en control” del plan, “impartiendo órdenes directas a sus cómplices o encabezando la campaña discursiva y mediática necesaria para camuflar” el delito que perpetraban. Asimismo, afirma que toda la estrategia diseñada fue puesta en práctica por el canciller, Héctor Timerman, con el apoyo de terceros, entre los que menciona a una persona perteneciente a la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia y al exfiscal designado para trabajar de forma conjunta, alterna o sucesiva en la causa AMIA.

A Timerman le atribuye, entre otras cosas, la negociación de la eliminación de las alertas de Interpol para los imputados, la firma de acuerdos secretos con la parte iraní y la negociación, redacción y firma del memorando de entendimiento entre ambas naciones, efectuada el 27 de enero de 2013, en Etiopía y sancionado un mes después por el Congreso argentino, sin embargo, el documento nunca entró en vigencia, porque aunque el presidente Mahmud Ahmadineyad lo firmó, no lo envió de inmediato al Congreso, que entró en receso y tras el cambio de gobierno su sucesor, Hasan Rohani, puso como condición para rubricarlo el levantamiento de las órdenes de captura, algo que no sucedió. Además, en Argentina, el pacto fue demandado de inconstitucional.

Según la denuncia, el objetivo del plan era acercar Argentina a la República Islámica de Irán, restablecer plenas relaciones comerciales y acceder al petróleo, ya que el país atravesaba una grave crisis energética. En medio de todo esto, el memorando de entendimiento -vendido al país como un instrumento para llegar a la verdad y lograr justicia- no tenía otro fin que garantizar que las autoridades argentinas no pudieran poner mano sobre los nueve imputados por los ataques, cinco de los cuales tenían alertas rojas de Interpol, la máxima denominación de captura.

“El plan de impunidad pergeñado por la Sra. presidente de la Nación incluyó un cambio de hipótesis y un redireccionamiento de la investigación judicial del caso AMIA, hacia ‘nuevos imputados’, fundado en pruebas falsas y destinado a desvincular definitiva y fraudulentamente a los acusados iraníes. De hecho, algunos de los aquí acusados estuvieron expresamente abocados a fabricar esta hipótesis falsa. Sabían que la comisión de la verdad había sido creada para investigar absolutamente nada, sino para legitimar la mentira que se estaba fabricando”, señala la denuncia.

Y es que en el memorando, a la comisión de la verdad no se le establecieron plazos ni procedimientos y se cuestionaba que las autoridades argentinas tuvieran que viajar a Teherán, donde no tendrían jurisdicción, además de que no quedaba claro qué validez tendrían las declaraciones que tomaran allá. Incluso, se afirmó que acoger como válidas las conclusiones que dictara esa comisión podría significar el desconocimiento de la investigación local, la cual ya había definido móviles y autores del atentado.

El fiscal también asegura que todos los avances del plan se comunicaban en tiempo real a las autoridades iraníes y a uno de los prófugos del atentado, Mohsen Rabbani -ex agregado cultural de la Embajada iraní en Argentina-, quien, asegura, participó de negociaciones comerciales con las autoridades argentinas involucradas en el plan e incluso intervino en “tratativas” dirigidas a garantizar su propia impunidad.

Una de las pruebas aportadas sobre la implicación de Rabbani es una llamada telefónica en la que recibe un reporte del Gobierno argentino y cuya transcripción señala: “…hoy terminamos una reunión con el ministro de Planificación De Vido, en donde él está dispuesto a mandar a las máximas autoridades de YPF para arreglar con la República Islámica y la transacción puede ser a través de granos y a través de otras cosas…”, a lo que Rabbani contestó: “mándeme para que evalúe” y luego de evaluarlo respondió: “…aquí hay algunos sectores del gobierno que me dijeron que están listo para vender petróleo a la Argentina… y también comprar armas…”.

Añade que parte del plan era montar una campaña de descrédito contra la investigación que se combinó con mentiras, falsas promesas y la manipulación de sobrevivientes y familiares de las víctimas del atentado a fin de evitar que se conociera el fin oculto del memorando.

Es decir, afirma Nisman, que mientras la presidenta y el canciller señalaban públicamente que el acercamiento a Irán solo buscaba justicia y que la firma del memorando era la única solución, negociaban con uno de los imputados algo más que granos y petróleo: su impunidad.

(Vea más información en prensa.com)

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