¿PUEDE EL EXDICTADOR PANAMEÑO SER CASTIGADO POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD?

Noriega, condenas y procesos

Juristas coinciden en que los homicidios y desapariciones de la dictadura fueron, sin duda, delitos contra los derechos humanos.

Manuel Antonio Noriega cumplió tres días preso en Panamá, y con su regreso al país revive la controversia respecto a si se puede o no aplicarle penas por delitos contra la humanidad, que incluyen prisión hasta por 30 años y no dan cabida a la figura del depósito domiciliario.

Un informe divulgado por el Ministerio Público el pasado lunes precisa que los procesos que el exdictador tiene pendientes no son por delitos de lesa humanidad, como se ha dicho.

Se trata, más bien, de procesos por el delito de homicidio: el del dirigente Heliodoro Portugal en 1970, y el de los chiricanos Everett Clayton Kimble Guerra, en 1968, y Luis Quiroz, en 1969.

En tanto, las seis condenas en su contra son por los homicidios de Hugo Spadafora en 1985 y Moisés Giroldi en 1989; por asociación ilícita y privación de libertad por la masacre de Albrook (1989); por la privación de libertad del mayor Humberto Macea (1988); y por corrupción y peculado.

Ahora bien, hay fallos de la Corte Suprema de Justicia y de tribunales superiores que van desde 2003 hasta 2009, que interpretan el tema desde diferentes criterios, aunque los de los magistrados César Pereira Burgos y Aníbal Salas concluyen, basados en tratados internacionales suscritos por Panamá, que los crímenes de la dictadura no prescriben por ser delitos de lesa humanidad.

Entre esos convenios destaca el Estatuto de Roma del 17 de julio 1998, por el que se creó la Corte Penal Internacional y en el que se incluyeron 11 conductas criminales consideradas como delitos de lesa humanidad, entre esos el asesinato, la tortura y la desaparición forzada.

Panamá ratificó el Estatuto de Roma en 2002, como país número 56 en hacerlo, y ese mismo año la norma entró en plena vigencia.

Según el Artículo 4 de la Constitución Política, “La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional”.

Más allá, el Código Penal, vigente desde 2008, tipifica los delitos contra la humanidad en su Título XV, que va desde el artículo 435 hasta el artículo 449. En el artículo 436, por ejemplo, se incluyen los delitos de homicidio agravado, la desaparición forzada de personas, la tortura y la privación grave de libertad física, algunos por los cuales ya fue condenado el exdictador Noriega.

Hablan los expertos

A juicio del exmagistrado Edgardo Molino Mola, los homicidios por los que se ha juzgado a Noriega son mucho más que agravados, son atroces, y por tanto entran en los tipos calificados como delitos contra la humanidad.

Citó la masacre de Albrook, en la que fueron fusilados nueve militares sin juicio alguno, la decapitación del médico Hugo Spadafora y la desaparición de Heliodoro Portugal.

“Pienso que Noriega no es apto para la prisión domiciliaria, más bien debe estar preso hasta el último día de sus condenas”, dijo.

Precisó que la aplicacióno no al exdictador de penas por delitos contra la humanidad recaerá en el juez que analice la petición de su prisión domiciliaria, que podrá indicar que los crímenes por los cuales se le condenó y se le procesa cuadran con los tipos de lesa humanidad, aunque no hayan sido calificados así.

Eso sí, dijo Molino Mola, ese pronunciamiento del juez podrá ser apelable.

Por su parte, la exmagistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño, que fuera miembro de la Sala Penal, aclaró que en el caso de las condenas dictadas contra el exdictador ya no se pueden alegar delitos contra la humanidad, y por ello solo quedan los escenarios de los procesos pendientes o de nuevos procesos.

“Las víctimas todavía pueden alegar”, indicó.

Confirmó que desde hace tiempo hay una corriente mundial de derechos humanos según la cual los crímenes de lesa humanidad no prescriben, y Panamá no es ajena a esto; como se dijo, la Sala Penal ya se pronunció al respecto.

Según su opinión, “el administrador de justicia deberá en su momento evaluar en derecho las circunstancias y condiciones, incluyendo estas nuevas corrientes internacionales de derechos humanos”, como ya lo hicieron países como Argentina.

Sobre el tema de la prisión domiciliaria, dijo que esta tiene que ver con las condenas ya dictadas, y aunque se trata de un beneficio del Código Penal para personas de determinada edad y/o con enfermedades graves, “no es obligatorio”.

En la misma línea se pronunció la exprocuradora Ana Matilde Gómez, para quien no es necesario que el juez que conozca la petición de prisión domiciliaria de Noriega revise el último párrafo del artículo 107 del Código Penal que se refiere a los delitos de lesa humanidad y excluye de beneficios a quienes los hayan cometido.

Según Gómez, solo basta que el juez entienda que el otorgamiento de ese beneficio depende “de las circunstancias del caso”.

“Todos los crímenes cometidos por Noriega fueron sin duda crímenes contra los derechos humanos, pero ni siquiera es necesario llegar a esa valoración para negarle la prisión domiciliaria; solo basta con revisar las circunstancias atroces en que ocurrieron los hechos”, dijo.

Sin embargo, advirtió de que se debe estar atento al proceso de defensa del exdictador y revisar, especialmente, lo que haga el Ministerio Público y el Instituto de Medicina Legal en lo que respecta a su salud.

Elías Solís González, redactor del proyecto de ley delitos de lesa humanidad incorporado al Código Penal vigente, opinó que en los procesos por los que se condenó a Noriega se aplicó el tipo penal de homicidio, porque la norma penal no estaba adaptada al derecho internacional; sin embargo, dijo que “la jurisprudencia de muchos tribunales supremos ha señalado que no se requería esa adaptación, en la medida que el derecho internacional ya prohibía la comisión de esos crímenes”.

Por esa razón, dijo, “las conductas [de Noriega] debieron juzgarse como crímenes de lesa humanidad ´subsumidos´ en el tipo penal de homicidio”.

Aclaró que entre los casos pendientes de Noriega “está el proceso por la desaparición forzada de Heliodoro Portugal, caso en el que la Sala Penal declaró imprescriptible la acción penal al considerar, concretamente, que se trataba de una desaparición forzada, a la luz de la Convención Interamericana contra la desaparición forzada y aun cuando el Código Penal no consagrara expresamente ese delito”.

Explicó que “en materia de crímenes contra la humanidad no se requiere que las leyes penales internas estén adaptadas al derecho internacional; el juez nacional puede aplicar directamente el derecho penal internacional”.

Aurelio Barría, de la Cruzada Civilista, apuntó que el país está obligado a cumplir los tratados internacionales que ha ratificado; entre los que se destacan los relacionados con el respeto de los derechos humanos.

Y aunque reconoció que en las condenas a Noriega solo se tipificó el delito de homicidio, recordó que hay otros casos pendientes en los que caben perfectamente los delitos de lesa humanidad.

Para Barría no hay duda de que los crímenes brutales y despiadados de Spadafora y de los golpistas de 1989, así como la desaparición forzada del padre Gallego, son delitos contra la humanidad, pero indicó que si lo que se requiere son procesos nuevos, basta con las torturas denunciadas esta misma semana por los conjurados de 1988.

En resumen, el líder civilista reflexionó y dijo que no hay razón alguna para que Noriega salga impune de los delitos que cometió en Panamá, por el contrario, debe castigársele conforme a la magnitud de esos hechos.

Exdictador se vale por sus propios medios

Aunque el exdictador Manuel Antonio Noriega, de 77 años, sufre de hipertensión arterial, úlcera péptica (en el duodeno), rinitis alérgica y además su movilidad se ha visto disminuida como consecuencia de un accidente cerebrovascular (derrame), puede valerse por sus propios medios y efectúa su cuidado personal, confirmó ayer el Ministerio de Gobierno.

Un comunicado de esa entidad da cuenta de que a su llegada a la cárcel de El Renacer, la noche del pasado domingo, Noriega fue atendido por el médico Jorge Yearwood, del departamento de Salud Penitenciaria, y hoy lo verá el médico del penal, Víctor Mateo. Debido a su condición, la nutricionista del centro, Lissette Navarro, recomendó para él una dieta especial baja en sodio y grasas que deberá ser suministrada por la empresa Alimentos Prácticos, S.A.

Ayer “se le realizó una evaluación psiquiátrica por la doctora Lisbeth Morales; una social por la doctora Nitzia Jiménez; y la psicológica por la licenciada Giselle Castillo, funcionarias de la Dirección del Sistema Penitenciario”, dice la nota.

Noriega fue “filiado” y quedó registrado con el número de preso 76707.

´No tengo pruebas´: Díaz H.

Roberto Díaz Herrera, coronel retirado de las extintas Fuerzas de Defensa, aclaró ayer que no tiene datos ni pruebas que aportar en un eventual proceso de reapertura del caso de la desaparición de la estudiante Rita Wald en 1977, solicitado este martes ante el Ministerio Público (MP) por el hermano de la joven, Edwin Wald.

Díaz Herrera, quien fue parte del estado mayor de las Fuerzas de Defensa en la jefatura de Noriega (1983-1989), dijo que no tiene la menor duda de que “la mano” de su antiguo comandante y su “tenebroso G-2” estuvieron detrás de este y otros casos, como el crimen de Hugo Spadafora, la desaparición del padre Héctor Gallego e incluso la muerte de Omar Torrijos, pero insistió en que no tiene pruebas para sustentarlo.

“Si tuviera esas pruebas con mucho gusto las aporto a la justicia”, dijo.

Añadió que el caso Wald, como muchos otros relacionados con desapariciones y muertes en la dictadura, “estuvieron mal investigados por temor o complicidad”.

Fuentes del MP informaron que la petición para reabrir el caso de Wald será enviada al Segundo Tribunal Superior.

José Otero

 ´Imelcf no tiene dinero´: Mas

El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), Humberto Mas, informó ayer que esa entidad no tiene presupuesto para hacer los análisis de identificación de los más de 60 restos humanos que se sospecha pertenecen a víctimas de la dictadura militar, y que fueron exhumados por la Comisión de la Verdad a partir de 2001.

“No tenemos dinero, no hay partidas, no tenemos nada”, aseguró. Detalló que aunque en este gobierno se anunció la entrega de un presupuesto de unos 235 mil dólares para la identificación de los restos, dichos recursos no han sido entregados todavía.

En 2010, el presidente, Ricardo Martinelli, prometió 45 mil dólares, y el entonces procurador Giuseppe Bonissi dijo que el Ministerio Público tenía otros 90 mil dólares.

Mas anunció que conformarán una mesa para revisar de nuevo el proceso de identificación de las osamentas, que son resguardadas en el Departamento de Análisis Biomolecular, en Clayton.

Elio Núñez

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