ejecutivo lleva proyecto de ley a la asamblea

Nuevo impuesto para aerolíneas

La Asociación de Líneas Aéreas de Panamá se reunirá hoy para pronunciarse sobre el proyecto. Prevén aumentos en los pasajes.
IMPUESTO. El proyecto de ley, que fue presentado ayer en la Asamblea, establece un incremento de 10 centésimos en el galón de combustible ‘jet fuel’ que usan los aviones de las líneas aéreas. LA PRENSA/Archivo IMPUESTO. El proyecto de ley, que fue presentado ayer en la Asamblea, establece un incremento de 10 centésimos en el galón de combustible ‘jet fuel’ que usan los aviones de las líneas aéreas. LA PRENSA/Archivo
IMPUESTO. El proyecto de ley, que fue presentado ayer en la Asamblea, establece un incremento de 10 centésimos en el galón de combustible ‘jet fuel’ que usan los aviones de las líneas aéreas. LA PRENSA/Archivo

El Gobierno modificará el Código Fiscal para fijar un impuesto de 10 centésimos por galón al combustible jet fuel utilizado por las líneas aéreas para los aviones, de acuerdo con un proyecto de ley presentado ayer en la Asamblea Nacional por el ministro encargado de Economía y Finanzas, Omar Castillo.

El funcionario justificó la propuesta al señalar que desde la creación del impuesto al consumo de productos derivados del combustible en la Ley 23 de 1997, los carburantes para reactores y turbinas (jet fuel) se han mantenido exentos de cualquier tributo.

La medida sorprendió al presidente de la Asociación de Líneas Aéreas en Panamá (ALAP), Mauricio Benaim, quien aseguró que esta nueva tasa impositiva representará un impacto fuerte sobre todo para las aerolíneas que operan en Panamá y las que tienen que abastecerse de este combustible en el país.

“No teníamos la menor idea de que esto iba a ser presentado a la Asamblea. Les informaremos a todos los miembros de la asociación y a todas las líneas aéreas que vuelan a Panamá”, agregó.

La ALAP tendrá hoy una asamblea general en la que se espera un pronunciamiento sobre esta iniciativa legislativa del Ejecutivo.

INCREMENTO EN LOS PASAJES

Benaim manifestó, además, que esta nueva medida del Ejecutivo definitivamente puede representar un incremento en el costo de los pasajes aéreos, ya que al imponerse el tributo tiene que haber un efecto.

Dijo desconocer si en otros países se cobra este tipo de impuestos, y advirtió de que esto puede repercutir y hacer que otros países también le cobren un cargo similar a las aerolíneas locales en el extranjero.

Según el ministro encargado del MEF, la medida busca que agentes económicos que tienen capacidad de pago se incorporen como contribuyentes.

Mientras que el diputado Leandro Ávila, del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), manifestó que le llama la atención el objetivo de esta propuesta, ya que todo impuesto revierte al consumidor.

“Muchas personas humildes también viajan, lo que significa que cualquier ciudadano va a ver incrementado el costo del pasaje porque las aerolíneas no se van a quedar con este golpe y se lo van a trasladar a la sociedad panameña. Como opositor voy a rechazar este proyecto; este es un impuesto más que nos regala este gobierno de Cambio Democrático”, precisó.

Bienes confiscados

Castillo también presentó ante el pleno otro proyecto de ley para que los valores, bienes muebles e inmuebles y los productos derivados o relacionados con la comisión de los delitos contra la administración pública, de blanqueo de capitales, financieros, de terrorismo, de narcotráfico y delitos conexos queden a órdenes del Ministerio de Economía y Finanzas hasta que la causa sea decidida por el tribunal competente. Esta función compete actualmente al Ministerio Público.

De igual forma, el documento asigna un 25% al MEF de los fondos cautelados, y le resta un 15% a la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de los Delitos Relacionados con Drogas (Conapred) que actualmente recibe 45%, y le reduce otro 10% al Ministerio de Seguridad, que recibe, según la ley vigente, 50% de los fondos decomisados.

También fue presentado al pleno legislativo el proyecto que modifica el texto único de la Ley 6 de 1997 que dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación del servicio público de electricidad.

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