CONTRATOS CON FINMECCANICA

Nuevos ataques a ´La Prensa´

El Ejecutivo reaccionó con ataques luego de que este medio publicó que ni el Presidente ni su ministro de Seguridad recibieron los helicópteros.

El presidente, Ricardo Martinelli, y su ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, reaccionaron ayer a través de sus cuentas de Twitter a una publicación de este diario que informó que el helicóptero VIP que compró el Gobierno a Agusta Westland, filial de Finmeccanica, no fue exhibido en una evento que organizó el pasado viernes el Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

En ese acto –al que ninguno de los dos asistió– se mostró, incluso, la cabina interna de los cinco helicópteros –valorados cada uno en unos $15 millones–, que serán usados para el traslado aéreo de enfermos, en operativos de seguridad y desplazamiento de agentes del Servicio Nacional de Fronteras.

Sin embargo, el sexto helicóptero –el VIP, asignado al presidente Martinelli– no fue exhibido en el acto, pues estaba en otras actividades.

Justamente, este helicóptero fue utilizado por el mandatario el miércoles pasado para asistir a una gira a Chiriquí, con el empresario y miembro del opositor Partido Revolucionario Democrático Anel Bolo Flores. Ese día tampoco se mostró el interior de la aeronave a los medios de comunicación.

ACUSACIONES

El primero en reaccionar a la publicación fue el ministro Mulino. Acusó a este diario de “volver a mentir”, arguyendo que él no asistió al traspaso de las aeronaves al Senan por encontrarse en una misión urgente en Washington, Estados Unidos ( ver recuadro).

Minutos más tarde, escribió otro tuit en el que pidió al presidente interino de La Prensa, Ricardo Arango, aclarar las dudas de este medio sobre el tema de Finmeccanica, pues la firma de abogados en la que trabaja –Arias Fábrega & Fábrega– negoció el crédito con la empresa de los helicópteros.

Mulino omitió en sus comentarios que, en la publicación, La Prensa dejó claro que no asistió al evento por encontrarse en una gira en Estados Unidos.

En la nota periodística también se dijo que en su representación asistió el viceministro de Seguridad, Manuel Moreno, quien no pudo explicar si el Gobierno ya pagó a Finmeccanica por los seis helicópteros.

“El detalle de los pagos es con el Citibank o el Banco Nacional; entiendo que ya fueron cancelados o hay un pequeño ... lo de las patrulleras fueron donadas”, dijo Moreno, quien se mostró muy confundido.

A principios de año, el titular de Seguridad Pública se negó a responder una solicitud de información sobre los pagos a Finmeccanica que este diario le hizo, invocando la Ley de Transparencia del 22 de enero de 2002.

La petición tenía como propósito conocer el mecanismo que se aplicará para el pago de estos contratos que forman parte del memorando de entendimiento con Italia, cuyo intermediario fue el italiano Valter Lavítola, amigo del presidente Martinelli y detenido en su casa, en Roma, a la espera de ser procesado este mes por corrupción internacional.

El año pasado, en una nota periodística de los proyectos llave en mano del Gobierno –y que tuvo como fuente el Ministerio de Economía y Finanzas– se habían incluidos dos pagos a Finmeccanica: un primer pago global de $100.7 millones en 2013, y $149.3 millones en 2014, para un total de $250 millones. Sin embargo, se desconoce si este primer pago se concretó.

Este medio volvió a enviar ayer un cuestionario a Mulino solicitando información sobre esta transacción, pero no lo respondió ni tampoco las llamadas telefónicas.

Una hora después de las quejas de Mulino en Twitter, se activó la cuenta del presidente Martinelli. Escribió que al que le deben preguntar por las “coimas” es al presidente de La Prensa, Ricardo Arango ( ver nota).

Al igual que Mulino, Martinelli se refirió al vínculo de Arango con la firma de abogados que representa al Citibank, la entidad bancaria que financia la operación.

Martinelli hizo esos señalamientos en respuesta a la misma publicación sobre el helicóptero VIP que compró su gobierno. La nota, además, recordó que la aeronave fue un pedido expreso del Gobierno y nada tiene que ver con otra aeronave que le sería entregada a él, de acuerdo con las pruebas recabadas por los fiscales de Nápoles (Italia).

Pese a las insinuaciones de Mulino y Martinelli, en su trayectoria como abogado de la firma Arias Fábrega & Fábrega y que aparece en internet desde hace varios años, Arango señalaba que “en el ámbito de la financiación de infraestructuras y de proyectos ha desarrollado complejas estructuras financieras para financiar la mayor hidroeléctrica, los proyectos de construcción en Panamá de carreteras de peaje...”.

Incluso, menciona que desarrolló la estructura financiera de los 200 millones de euros (unos $250 millones) para financiar los contratos de Finmeccanica.

QUEJA

En otro tuit, Martinelli acusó a este diario de “insinuar aseveraciones falsas y mal intencionadas sobre los helicópteros”.

En la publicación que provocó su reacción y la de Mulino, casi simultáneamente, también se recordó que en el expediente que reposa en Roma hay pruebas de que Lavítola gestionó la compra de otro helicóptero destinado a Martinelli.

De hecho, uno de los testigos del caso, Mauro Velocci, dijo que ese sería el pago de un soborno a Martinelli por contratos que se gestionaban en Panamá para empresas italianas.

Precisamente, Agusta Wesland –la empresa que vendió los helicópteros a Panamá– abrió en este país una sociedad homónima –inscrita el 4 de diciembre de 2010 en el Registro Público– en la que se designó “conse-jeros” a los italianos Giuseppe Orsi y Bruno Spagnoli.

Ambos serán procesados en Italia por el supuesto desvío de $51 millones para pagar coimas en la India, y lograr los contratos para vender 12 helicópteros.

Spagnoli es el mismo al que la Fiscalía de Nápoles le interceptó una llamada telefónica mientras conversaba con Marco Acca, vicepresidente ejecutivo de Agusta Westland, quien estuvo presente en el acto de traspaso de los helicópteros al Senan.

CAMBIO DE MONEDA

En agosto de 2010, en Gaceta Oficial, se publicaron las resoluciones de Gabinete que autorizaron la contratación directa con Agusta Westland (helicópteros), con Selex Sistemi Integrati (radares) y con Telespazio Argentina (cartografía digital).

En este último documento aparece lo relacionado al pago a futuro de los tres contratos firmados con las filiales de Finmeccanica, teniendo en cuenta el “cambio de moneda a futuro”, según el cual, el contratante –es decir, el Gobierno de Panamá– tendría que pagar un monto de hasta $280 millones, si hay fluctuaciones importantes del euro.

Por ahora se desconocen otros detalles de los helicópteros, como el costo de mantenimiento o qué empresas brindarán este y otros servicio a las aeronaves.

La reacción de Martinelli: embestir

Durante la administración de Ricardo Martinelli, varios directivos de la Corporación La Prensa, S.A. ( Corprensa) han sido atacados por el mandatario no solo en su cuenta de Twitter, sino a través del diario oficialista Panamá América.

Por ejemplo, a finales de 2011 Jorge Molina –en ese momento director y vicepresidente de

Corprensa– recibió ataques contra su desempeño como abogado, así como la firma de la cual es socio –Icaza González-Ruiz y Alemán–.

Molina fue objeto de varios reportajes en la primera plana del diario Panamá América, donde se le acusó de “negligencia” en un caso en el que representaba al Estado, pero destacando el hecho de que era directivo de La Prensa. Molina renunció a Corprensa en enero de 2012. Cinco meses después, Panamá América dedicó sendas ediciones contra Luis Navarro –presidente titular de Corprensa– porque la firma en la que él es socio –Indesa– recibió nueve contrataciones del Estado entre 2005 y 2011, por la suma de 160 mil dólares. Ese mismo diario publicó una nota –sin firma responsable– titulada “El presidente de La Prensa y sus negocios con el Gobierno”.

Asimismo, el empresario I. Roberto Eisenmann –fundador y expresidente de La Prensa– también ha recibido ataques de Martinelli y varios de sus funcionarios. El gobernante lo ha tildado de “evasor de impuestos”. La empresa de Eisenmann (Desarrollo Golf Coronado, S.A.) fue auditada por la Dirección General de Ingresos (DGI), que ordenó el secuestro de 35 fincas por supuestas deficiencias en las declaraciones de impuesto sobre la renta en los años 2008, 2009 y 2010. Igualmente, la firma de abogados en la que es socio Fernando Berguido, expresidente de Corprensa, fue auditada por la DGI durante 14 meses. La arremetida más reciente es ahora contra otro directivo de esta corporación: Ricardo Arango, presidente interino de Corprensa, que fue señalado por Martinelli como la persona a la que se le debe preguntar por “coimas” en el caso de Finmeccanica. La firma de abogados Arias Fábrega & Fábrega, de la que era socio Arango, representó al Citibank en esa operación.

SANTIAGO CUMBRERA

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