Polémica por decisión de la junta directiva de la CSS

Obras no pueden tener nombres de personas vivas

Una ley de 1941 señala que solo la Asamblea Nacional puede autorizar el uso del nombre de una persona viva para una obra pública.

La decisión de colocarle el nombre del presidente de la República, Ricardo Martinelli, a la ciudad hospitalaria que construye la Caja de Seguro Social (CSS) violaría la Ley No. 33 de 1941, que prohíbe utilizar la identidad de personas vivas para obras realizadas con fondos públicos.

En el artículo 1 de esta norma firmada por el expresidente Arnulfo Arias y que aún está vigente se señala que: “queda terminante prohibido a los empleados públicos y a los constructores de obras nacionales de cualquier clase, bautizarlas con nombres de personas que aún existen”.

Sin embargo, la norma plantea una excepción indicando que se podrá utilizar el nombre de personas vivas en obras solo si así lo decide la Asamblea Nacional.

La semana pasada, la junta directiva de la CSS aprobó bautizar con el nombre del mandatario la ciudad hospitalaria que edifica la empresa de Fomento de Construcciones y Contratas S.A. (FCC) a un costo de $587 millones en el sector de Chivo Chivo, Ancón.

La institución, mediante un comunicado de prensa, indicó que la sugerencia del nombre fue dada por el director de la CSS, Guillermo Sáez-Llorens, como reconocimiento al apoyo que en todo momento ha brindado el Presidente a la CSS y en especial a este megaproyecto.

Para el abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal, la decisión aprobada puede ser demandada en el Ministerio Público una vez se materialice.

“Se están arrastrando al Presidente. Lo mismo pasa en la Universidad de Panamá, en donde una calle entera lleva el nombre del actual rector Gustavo García de Paredes”, explicó.

Mientras que el exdirector encargado de la CSS Rolando Villalaz señaló que es un error colocarle el nombre de una persona viva a una obra pública, y especialmente si es el de un político.

“Esas construcciones se hacen con dinero de todos. Cuando le colocas a un hospital el nombre de un político vivo, pareciera que esa persona es la que puso el dinero, cuando no es cierto”, añadió.

Por su parte, el presidente de la junta directiva de la CSS, Abel Vergara, defendió la decisión tomada porque, según su criterio, la ley en cuestión es “muy vieja”.

“Debe estar derogada. Pero de todas maneras, pregúntele a Sáez-Llorens quién fue el que propuso el nombre”, indicó el presidente de la junta directiva.

Mientras, Rafael Medina, representante de los jubilados en la junta directiva de la CSS, indicó desconocer el contenido de la Ley No. 33 de 1941.

“ Me estás informando. Yo desconocía esa ley. Si se toma en cuenta eso, habría que quitarle un montón de nombres a obras actuales bautizadas con la identidad de personas que aún están vivas”, señaló.

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