FALLO DE LA SALA DE CASACIÓN de la Corte

Ordenan detención inmediata de condenados en caso Adelag

Los hermanos Aquilino y Carlos De La Guardia fueron condenados por la Corte Suprema de Justicia a 66 meses de prisión por los delitos de falsedad ideológica y estafa, y ordenó su inmediata detención por su responsabilidad en la quiebra del Grupo Adelag, ocurrida en 2001 y calculada en unos $120 millones.

Esta sentencia tuvo como ponente al magistrado Harry Díaz (vicepresidente de la Corte) y fue avalada por Alejando Moncada Luna (presidente), pero Aníbal Salas, quien era el ponente inicial del caso, emitió su salvamento de voto.

La decisión, fechada el 10 de agosto de 2012, reformó la sentencia de segunda instancia dictada por el Segundo Tribunal de Justicia el 17 de noviembre de 2009, en la que se declaró a los hermanos De La Guardia solo responsables del delito de estafa agravada y por el que se les condenó a 18 meses de prisión, que fueron convertidos a días multas por un monto de $61 mil 400.

La sentencia del Segundo Tribunal también había reformado el primer fallo dictado en este caso y emitido por el Juzgado Decimotercero penal el 9 de enero de 2009, en el que se encontró responsable a los hermanos De La Guardia de los delitos de falsedad ideológica y estafa y se les condenó a 48 meses de prisión.

TERCER FALLO

El dictamen de la Sala Penal resolvió cuatro recursos de casación, dos de ellos presentados por los abogados defensores de Aquilino y Carlos De La Guardia y el resto por el entonces fiscal decimocuarto de circuito, Mauricio Cevallos, despacho al que le correspondió instruir estas sumarias penales que se iniciaron el 6 de julio de 2001, luego de que la Comisión de Valores abrió una investigación administrativa por la supuesta quiebra fraudulenta del Grupo Adelag.

La fiscalía elevó este caso al Tribunal de Casación por estar en desacuerdo con la decisión del Segundo Tribunal de exonerar a los procesados, por falta de pruebas, del delito de falsedad ideológica. Sin embargo, la representación del Ministerio Público no hizo referencia a la condena que se les aplicó a los De La Guardia.

Los apoderados legales de los hermanos De La Guardia sustentaron sus recursos de casación, alegando que se había procesado y condenado a Aquilino De La Guardia sin haber sido notificado del proceso y que se trataba de un caso previamente juzgado.

Esta última causal fue invocada por la defensa de Carlos De La Guardia.

Además, que no se le podía aplicar la condena porque la acción penal había prescrito.

Sin embargo, el fallo del magistrado Díaz no encontró justificación legal a los motivos expuestos en la sustentación de los recursos de casación de los abogados de los hermanos De La Guardia, pero sí consideró pertinente entrar a analizar el fondo de la oposición mostrada por el representante del Ministerio Público contra el fallo del Segundo Tribunal de Justicia.

En sus conclusiones, el magistrado Díaz se mostró en desacuerdo con el dictamen del Segundo Tribunal de liberar a los procesados del delito de falsedad ideológica, al indicar que existían suficientes elementos probatorios, acopiados en testimonios, peritajes y documentación, que “apuntan inequívocamente a la comisión de este delito en este caso y, por tanto, merece ser sancionado de manera autónoma al delito de estafa, sin que ello pueda ser considerado un doble juzgamiento de la conducta”.

Díaz sostuvo en su dictamen que se pudo acreditar que los procesados alteraron ideológicamente una serie de documentos contables y, posteriormente, los emplearon para estafar a un grupo considerable de entidades crediticias, “lo cual hace relación con el delito de falsedad”.

También adujo que la investigación probó que los acusados, en otras operaciones, fingieron créditos entre empresas vinculadas que no fueron reportados en los estados financieros de las mismas, “lo cual evidencia de forma clara acciones propias de estafa”.

Díaz calificó estas actuaciones como propias de la “criminalidad de cuello blanco”, destacando que en este caso en particular se afectaron 24 bancos locales, cerca de 80 tenedores de bonos y más de 100 acreedores comerciales.

“El desgreño administrativo mostrado en la gestión de los negocios del Grupo Adelag, ignorando las más elementales reglas del buen gobierno corporativo, constituyó en su momento uno de los escándalos más sonados del sistema financiero y bursátil panameño”, destacó Díaz.

La sentencia explica que la aplicación de la condena parte de una pena de 60 meses de prisión para el delito de falsedad, basado en los artículos 265 y 266 del Código Penal de 1982, y el delito de estafa en una pena de 18 meses, de acuerdo con el artículo 190 del mismo código.

Basado en ello, añadió, a la sentencia de 60 meses por el delito de falsedad, que es el más grave, se le aumentó seis meses que corresponde a una tercera parte de los 18 meses de prisión que se aplicó por el delito de estafa, quedando la sentencia final a cumplir en 66 meses de prisión.

Los hermanos De La Guardia también deberán pagar $25 mil en un plazo de un año como pena accesoria.

Por su parte, Carlos Carrillo, abogado de Carlos De La Guardia, dijo mostrarse sorprendido por este fallo de la Sala de Casación, debido a que existía un acuerdo firmado y aprobado por los acreedores, ya que el delito de estafa admitía este acuerdo.

Añadió que le causaba extrañeza que los propios peritos del Ministerio Público dejaron plasmado que no encontraron evidencia del delito de falsedad, lo que es contrario al fallo del magistrado Díaz que determinó que sí estaba claramente comprobado en el expediente.

Se informó que el expediente de este caso debe ser retornado esta semana al Juzgado Decimotercero penal para proceder a notificar de las órdenes de detención incluidas en el fallo del magistrado Díaz.

Aníbal Salas y Harry Díaz, enfrentados por fallo

El magistrado de la Corte Suprema Aníbal Salas calificó de “completamente irregular” el trámite que se le dio al caso en el que sus colegas Harry Díaz, como ponente, y Alejandro Moncada Luna compartieron criterio para condenar a Carlos y Aquilino De La Guardia por la quiebra del Grupo Adelag, en 2001, dentro de un fallo de casación dictado por la Sala Penal.

En su salvamento de voto, Salas indicó que Díaz incurrió en una “flagrante violación” al asumir la ponencia de este caso sin tener la competencia del mismo. Advirtió que Jacinto Cárdenas, suplente de Winston Spadafora, había sido designado previamente para entrar a conocer de este caso, pero luego el magistrado José Abel Almengor se declaró impedido en junio de 2010. Salas agregó que una vez Spadafora y Cárdenas dejaron de ser miembros de la Corte, en enero pasado, le correspondía al magistrado Luis Ramón Fábrega conocer de este caso; sin embargo, de manera “inexplicable” Díaz entró al expediente y de paso fue designado para ser el ponente. En ese momento, añadió Salas, él como ponente tenía un proyecto de fallo circulando.

Salas expresó que Díaz incurrió en violación del trámite al desconocer una recusación que presentó Aquilino De La Guardia por una supuesta discusión de Díaz con uno de sus hijos.

De igual forma, Salas sostuvo que no estaba de acuerdo con la decisión de sus colegas de condenar y aumentar la pena de 48 meses a 66 meses de prisión a los hermanos De La Guardia, cuando el propio Ministerio Público, en sus apelaciones, nunca exigió esto.

En tanto, Díaz, en una carta enviada a Salas el 30 de agosto pasado, calificó de irrespetuosas las opiniones vertidas por su colega en su salvamento de voto.

“Más que un razonado salvamento de voto, lo que ha presentado es una evidente y apasionada defensa técnica de los condenados. Esto luego de no haber podido conseguir con su proyecto original, la liberación y exoneración total de los procesados”, le respondió Díaz a Salas.

Asegura que nunca tuvo ningún interés personal en tomar la ponencia de este caso y que lo hizo porque así lo designó la Secretaría de la Corte Suprema.

También manifestó que tampoco hubo celeridad sospechosa en este expediente, tal como lo sostiene Salas y que todo lo que hizo fue resolver un proceso que llevaba 10 años en los tribunales.

“Creo que también hay que recordarle que el caso Adelag es socialmente sensitivo, por ser el mayor caso de pérdida de préstamos bancarios y otros acreedores hasta ahora, y la repercusión sobre los miles de panameños que tuvieron que soportar parte de la pérdida bancaria en sus préstamos personales y comerciales. La justicia también debe aplicar a los delincuentes de cuello blanco, expresó Díaz.

De igual forma, afirmó que no incurrió en una violación en el trámite de este caso, porque se le notificó, de forma tardía, la recusación en su contra, cuando ya había sacado en firme su sentencia.

Díaz sostuvo que la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia debe explicar por qué se le remitió esta recusación a Salas y no a Moncada Luna, a quien por ley correspondía resolverla.

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